Un grupo de inmigrantes provenientes de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán estuvieron presente en una audiencia en San Francisco, California, para pedir al juez que los atendió que se suspenda de momento la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS).
La decisión de colocar en vilo la situación llegó de parte de la administración del presidente Donald Trump.
Este mismo grupo de personas, reveló EFE, fueron las mismas que hace varios meses presentó una demanda contra el gobierno norteamericano, alegando “motivaciones racistas por parte del Ejecutivo para terminar el programa TPS.
Una de las abogadas, Jessica Bansal, indicó a la fuente que “le pedimos a la corte que suspenda la terminación de TPS hasta que se conozca el dictamen del juicio”.
La defensora señaló que “hemos presentado pruebas de que poner fin al programa es ilegal por dos razones: una es que es una decisión con motivaciones racistas y la otra es que el Gobierno cambió las reglas sin dar explicaciones”.
La decisión del gobierno de Trump dejó sin la protección del sistema a 55.000 ciudadanos de Honduras, 195.000 de El Salvador y 50.000 de Haití, a los que, entre otros, se les exigió salir del país en los próximos 12 meses o cambiar de forma legal su estado migratorio.
