A partir de este lunes, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia entregará a los magistrados de primera instancia cerca de 400 procesos contra congresistas, gobernadores y magistrados. El presidente Iván Duque posesionará cinco de los nueve juristas que entrarán a investigar y decidir los casos más sensibles de la justicia penal.
Entre los expedientes que más expectativa generan y que no alcanzaron a ser resueltos están el del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, cuya ponencia fue proyectada pero el borrador no fue votado. También, tendrán como asunto prioritario proyectar la decisión en el caso del exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt. El caso terminó su etapa de juicio y ahora los nuevos revisarán una a una las evidencias del expediente.
No obstante, la mayor tensión en la actuación de los entrantes está en el proceso que investiga al expresidente Álvaro Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos. El senador del Centro Democrático fue llamado a indagatoria, diligencia que tendrá que ser retomada por los magistrados que asuman el estudio de este expediente.
Además de la diligencia de indagatoria tendrán que dar su última palabra frente a si la interceptación hecha por accidente al expresidente Uribe será válida o no en el proceso. La controversial prueba viene trasladada del expediente del representante a la Cámara Nilton Córdoba Manyoma al haber sido considerada como un hallazgo “imprevisto e inevitable”. Sin embargo, su valor probatorio y su inclusión al expediente son temas que le quedan en manos de los nuevos.
Por lo pronto, el presidente de la corte, José Luis Barceló, ha manifestado que esta evidencia entra a confirmar información que ya tenía la Corte Suprema documentada. “Pero la investigación y el llamado a indagatoria del expresidente no se originan ni se soportan únicamente en esta prueba”, dijo en entrevista a SEMANA.
Sin duda alguna, la principal atención en esta transición que vive este alto tribunal se la lleva esta nueva sala de instrucción. El Acto Legislativo que en enero creó la segunda instancia para aforados lo hizo para sentencias judiciales, pero no para quienes quieran buscar la revisión de decisiones de la sala de investigaciones, por tanto esta puerta sigue cerrada legalmente.
Esto significa dos cosas: que los actuales magistrados de la Sala Penal tendrán como única competencia ser los jueces de segunda instancia en caso de que las decisiones de los nuevos magistrados sean recurridas. Y que los nuevos seis magistrados serán los únicos con facultad de investigar a los aforados constitucionales.
Los hallazgos de esa sala de investigación pasarán a tres magistrados de primera instancia quienes deberán juzgar y emitir fallo. Esos veredictos, en caso de ser recurridos, tendrían una segunda instancia ante la Sala Penal.
Esta consideración fue protagónica en la discusión que durante cinco meses tuvo la Sala Penal para seleccionar a sus integrantes. Después de muchas deliberaciones fueron elegidos cinco magistrados, de los cuales uno dimitió -James Saenz Herrera- antes de la posesión. Lo que quiere decir que quedan dos vacantes por ser ocupadas.
Los magistrados de instrucción que posesionará este lunes el presidente Iván Duque son:
Cristina Lombana Velásquez: Abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, con estudios de posgrado en Derecho Penal en la Universidad Pantheón-Paris II, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; también de contratación Estatal en la Universidad Externado de Colombia; Administración Pública en Ecole National D’Administration –ENA- y candidata a Magister en Derecho Penal de la Universidad EAFIT.
Francisco Javier Farfán Molina: Abogado de la Universidad de Los Andes; tiene dos especializaciones, una en la Universidad Externado de Colombia en Ciencias Penales y Criminológicas, y la otra, en Derechos Humanos en la Universidad Complutense de Madrid.
Héctor Javier Alarcón Granobles: Egresado de la Universidad Santo Tomás de Bogotá y especialista en Derecho Penal, y magíster en Educación de la misma institución.
César Augusto Reyes Medina: Abogado de la Universidad La Gran Colombia, especialista en Derechos Humanos de la Universidad Santo Tomás y en docencia Universitaria de la Gran Colombia.
Jorge Emilio Caldas Vera: Es doctor en Derecho; magíster en Ciencias Penales y Criminología; Especialista en Derecho Público; Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, y Abogado de la Universidad Externado de Colombia. También es Comunicador Social y Periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Fuente: Semana
