Los planes de Donald Trump por terminar con el apoyo a diversos inmigrantes se vieron truncados la semana pasada, luego que un juez federal en California detuviera temporalmente su petición de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por su siglas en inglés), un permiso que permite a ciudadanos de Haití, Sudán, Nicaragua y El Salvador gozar de un beneficio provisorio para trabajar de forma temporal.
La petición de Trump de suspender el TPS podría haber afectado a más de 300 mil inmigrantes, que huyeron de sus países a causa de la violencia y los desastres naturales.
La decisión fue tomada de forma repentina el pasado miércoles 03 de octubre. El dictamen fue realizado por el juez de distrito estadounidense Edward M. Chen, quien, luego de analizar las pruebas, encontró que la administración carecía de “cualquier explicación o justificación” para poner fin a las designaciones de “estatus de protección temporal”.
Al mismo tiempo, dijo que había “serias dudas sobre si un propósito discriminatorio era un factor motivador” en la decisión de la administración. Y de ser así, esto violaría la garantía de la Constitución de Igualdad de Protección ante la ley.
El magistrado aprovechó para citar las declaraciones del presidente Trump, en las cuales denigra a mexicanos, musulmanes, haitianos y africanos. Además incluyó el comentario realizado por el primer mandatario en enero, donde se refirió a estas personas como “gente de países de mierda”.
También aprovechó la ocasión para recordar los comentarios emitidos por Trump en junio de 2017, donde afirmó que 15 mil inmigrantes de Haití, eran a su juicio portadores de SIDA.
Los demandantes “han planteado serias dudas sobre si la acción emprendida” por los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional “fue influenciada por la Casa Blanca. Si está se basó en la antipatía contra inmigrantes no blancos y no europeos, en violación de la Igual Protección garantizada por la Constitución”, explicó Chen. A lo que agregó: “Los problemas son al menos lo suficientemente serios para preservar el status quo”.
La posición del juez también la comparten Ramos v. Nielsen y otros colegas, quienes han citado la toma de decisiones profundamente defectuosas que ha tenido la administración. Además de las serias violaciones de leyes y reglamentos, destinados a prevenir actos “arbitrarios” por parte del gobierno estadounidense.
El magistrado no quiso dar detalles del caso, sino que emitió una orden preliminar para que se pudieran considerar los méritos. El daño potencial a los inmigrantes -que regresan a sus países de origen después de pasar años en Estados Unidos- pesa más que cualquier daño al gobierno, explicó Chen.
“En ausencia de medidas cautelares, los beneficiarios del TPS y sus hijos sufrirán indiscutiblemente daños y grandes dificultades”, escribió. “Los beneficiarios de TPS que han vivido, trabajado y criado a sus familias en los Estados Unidos (muchos de ellos por más de una década), serán sujetos a remoción. Muchos tienen hijos nacidos en Estados Unidos; estos pueden enfrentarse a la decisión de Hobson de traer a sus hijos con ellos (y separarlos del único país y comunidad que han conocido) o de separar a sus familias”.
Con respecto a este tema, el Departamento de Justicia también quiso fijar su posición, y declaró a través del portavoz Devin O’Malley que la decisión que la administración “continuará”, que seguirán “luchando por la integridad de las leyes de inmigración y de la seguridad nacional”. Afirmó que la decisión de Chen “usurpa el papel de la autoridad ejecutiva en el orden constitucional” y rechazó “la noción de que la Casa Blanca o el Departamento de Seguridad Nacional” estuvieran realizando algo inapropiado.
La Unión Americana de Libertades Civiles del Norte y Sur de California, junto a la Red Nacional de Organización de Jornaleros y el bufete privado de abogados Sidley Austin fueron los encargados de presentar la demanda en marzo, en nombre de los beneficiarios de TPS que podrían enfrentar la deportación como resultado de las acciones de la administración del presidente Trump.
En publicaciones en el otoño de 2017 y a principios de 2018, el DHS aseguró que planeaba terminar el estatus de protección temporal de los inmigrantes de Haití, Sudán, Nicaragua y El Salvador, alegando que las condiciones que amenazaban la vida de los inmigrantes ya no existían.
Con información de The Washington Post
