A través de un documento de la Dirección Jurídica, el Poder Judicial de Costa Rica dio a conocer su punto de vista sobre el proyecto fiscal presentado por el gobierno del presidente Carlos Alvarado y que ha despertado la polémica, en una situación que derivó en protestas que llevan más de un mes celebrándose en dicha nación.
Según la conclusión de la instancia, la misma reveló que el proyecto que lleva el nombre de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas “sí afecta la organización y el funcionamiento del Poder Judicial e incide abiertamente en la independencia del mismo”.
Sobre esto, el diario local La Nación reveló que estuvo en contacto con una fuente dentro de la Dirección Jurídica, quien le aseguró que será el próximo 16 de octubre cuando los 22 magistrados asuman una posición definitiva sobre la problemática.
La independencia de poderes en territorio centroamericano obliga a que dicho método presentado por la Administración de Alvarado cuente con el manejo de otros organismos y en el que este, de momento, supondría un obstáculo para su materialización.
Par esto, la Dirección Jurídica se apoyó en el artículo 167 de la Constitución, en el que se refleja que en caso de que el Poder Judicial no considere viable un proyecto, el mismo entonces quedará en manos del Congreso, el cual deberá contar con la aprobación de al menos 38 votos favorables para que prosiga.
La situación en Costa Rica ha llevado a que movimientos sindicales asuman movimientos de calle para rechazar lo propuesto por el gobierno, el cual buscaría estabilizar las finanzas nacionales con una reforma que intentará, a través de los impuestos, atacar el déficit al PIB proyectado para este año.
