La política venezolana está en el ojo del huracán. Las elecciones del pasado 20 de mayo, en las que Nicolás Maduro habría sido reelecto, generaron el desconocimiento del sufragio debido a que fueron convocadas por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, carente de legitimidad al ser instaurada sin acatar lo establecido en la Constitución.
El rechazo al sistema político, exigencia de elecciones libres y protesta en la calle han sido los mensajes de los opositores, quienes se han encontrado con persecución y detenciones orquestadas por Maduro. La organización no gubernamental, Foro Penal Venezolano, contabiliza 226 presos políticos. Dentro de estas cifras aparecen los nombres del diputado a la Asamblea Nacional, Juan Requesens y del concejal Fernando Albán. Ambos señalados por el régimen de estar involucrados en el supuesto magnicidio del 4 de agosto. Requesens lleva más de 60 días encarcelado; Albán corrió con otra suerte.
El 5 de octubre Fernando Albán llegó de un viaje familiar que realizó a Nueva York. En esa estadía se reunió con el exiliado y expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. A su arribo al Aeropuerto de Maiquetía, fue detenido al mejor estilo madurista: sin orden de captura.
LLEGADA. Momento en el que los restos del concejal Fernando Albán son trasladados a la Asamblea Nacional.
En la terminal los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) apresaron al dirigente. No se supo de Albán sino hasta el 7 de octubre, cuando su defensa lo vio en una audiencia de presentación en el Palacio de Justicia, lugar en el que a los políticos les imputan los delitos de traición a la patria, terrorismo y asociación para delinquir.
La culpa que se busca
La defensa informó que el concejal fue presionado para acusar a Borges e inculparlo en el magnicidio. El funcionario se negó.
El 8 de octubre debía ser trasladado al Palacio de Justicia, pero nunca llegó. Pasadas las 12 del día la noticia de una muerte en el SEBIN ponía en alerta a todos. Era Fernando Albán, un católico practicante. El régimen sostiene que fue un suicidio, mientras que sus conocidos aseguran que fue asesinado.
La conmoción y el rechazo no tardó. España, Brasil, Estados Unidos, Ecuador, Uruguay, Argentina, Francia, así como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, exigieron una investigación imparcial.
APOYO. Familiares de presos políticos estuvieron presentes en la capilla ardiente en el Palacio Federal Legislativo.
“Garantía de derechos”
La diputada Dinorah Figuera aseguró que debido a esta detención, se comunicó con Tareck William Saab, encargado del Ministerio Público, para que garatizara los derechos del político. Saab se comprometió pero no cumplió.
La coyuntura ha generado división entre sectores de oposición y gobierno; tanto, que el número de presos incrementa y las denuncias de tortura en los calabozos son permanentes.
