Con el retiro de una solicitud de medida de aseguramiento no carcelaria, la Fiscalía comenzó la audiencia de imputación de cargos en contra de Martha Lucía Zamora, directora administrativa de la JEP y de dos contratistas, por delitos relacionados con un supuesto favorecimiento a excombatientes. El caso viene generando controversia de aquellos sectores que señalan una supuesta persecución de la Fiscalía contra el proceso de paz con las Farc. Este martes el ente investigador destapó sus cartas.
El centro de los cuestionamientos que tienen los investigadores en contra de los procesados está en la forma en que el exguerrillero Fernando Arellán, condenado por el bombazo al Club El Nogal; Pastor Alape e Israel Alberto Zuñiga, lograron obtener la bendición de la JEP para salir de Colombia. El primero lo hizo con el fin de tomar vacaciones en las Islas Margarita mientras que los últimos lograron viajar a Ecuador.
En el marco de la investigación para saber cómo se firmaron los avales, la Fiscalía interceptó los números de los contratistas July Milena Henríquez y Luis Eduardo Caicedo; fue a través de ellos que llegaron a conversaciones con Martha Lucía Zamora.
July Milena Henríquez trabajaba desde enero en la JEP como contratista y entre sus funciones tenía la responsabilidad de hacer seguimiento a la suscripción de actas de exguerrilleros. En una de sus conversaciones aparece Zamora al parecer dando instrucciones a Henríquez para que hable con los abogados de los excombatientes y les diga que manden un escrito informando su lugar de ubicación, esto con el fin de “evitarnos problemas”.
“En la Secretaría mientras los magistrados no los llamen no podemos hacerles seguimiento. Lo que sí podemos es tener actualizado, pero no podemos estar uno por uno llamando a ver dónde están. Ellos tienen el compromiso de que en caso de variar de sitio manden un documento para actualizar sus datos, para bajarle el tono a esto (…)”, dice Zamora en la conversación.
Con posterioridad a esta comunicación, Juli Henríquez se comunica con Gustavo Gallardo, el abogado de algunos excombatientes. En dicha conversación le habría pedido enviar documentos porque ya les empezaban a preguntar por eso. En interrogatorio ante la Fiscalía, la excontratista Henríquez negó que hubiera tenido estos contactos.
Para la Fiscalía, se llegó a un acuerdo de asesoría ilegal con lo que se buscaba impedir o perturbar un acto oficial que es la comparecencia de ellos a la JEP. “Tenía propósitos distintos, evitar que las autoridades ubicaran a ex Farc que ha abandonado el proceso”, indicó la Fiscalía durante la audiencia.
A Zamora le fueron imputados los delitos de asesoramiento y perturbación de actos oficiales; a Luis Eduardo Caicedo, abuso de la función pública, y a Henríquez, abuso y asesoramiento y otras actuaciones ilegales. Ninguno aceptó los cargos.
En respuesta a la imputación de la Fiscalía, Zamora aseguró que los casos ante la JEP no son adversariales y los comparecientes deben cumplir los compromisos con la verdad. Al respecto, precisó que no hay nada indebido en las actuaciones y se declaró sorprendida con las evidencias mostradas por el ente investigador.
Fuente: Semana
