La crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua ha llevado al régimen de Daniel Ortega a tomar medidas desacertadas y fuertemente criticadas no solo por los grupos de oposición de su país, también las voces han llegado desde el exterior.
En una problemática que nació el pasado mes de abril con movimientos de calle y manifestaciones por la aplicación de reformas que atentaban contra el desarrollo del pueblo, los primeros en salir fueron los estudiantes, algo a lo que se sumó toda la ciudadanía rápidamente.
Sin embargo, la respuesta del lado del gobierno fue la peor, con ataques y fuerte represión contra los manifestantes, en una acción que elevó la crisis.
Del lado del régimen, estos atribuyen sus acciones como medidas necesarias frente a quienes califican como terroristas; no obstante, son los elementos de poder los que han llevado las armas al conflicto.
Pese a esto, las incontables detenciones han despertado la crítica. La más reciente de estas giró en torno a cuatro personas identificadas como Oneal Josué Granados y Moisés Alfredo Leiva Chavarría, ambos de 24 años, así como Yelsin Efrén Mairena, de 25, y Eddy Antonio Montes Praslin, según la agencia EFE, quienes fueron presentados en los tribunales como “terroristas”.
Según grupos defensores de los derechos humanos, más de 300 personas han muerto en Nicaragua producto de la represión del régimen, mientras que más de 800 habrían sido detenidas.
Las que aún están tras las rejas han denunciado tortura, algo que también ha estado de la mano con las denuncias por parte de organismos internacionales.
