Protestar en contra del gobierno quedó establecido como un delito en Nicaragua. La Policía Nacional puso en práctica la advertencia del 26 de septiembre, cuando calificó de ilegales las manifestaciones que se convoquen sin un permiso: 38 personas fueron detenidas el domingo cuando intentaron concentrarse para marchar.
Desde tempranas horas de la mañana se desplegó un fuerte dispositivo policial en Camino de Oriente, en Managua, punto de concentración de la protesta opositora. Los uniformados arremetieron a golpes y empujones en contra de los ciudadanos que portaban las banderas azul y blanco.
Tildados de “terroristas” y amenazados con ser enjuiciados, los detenidos fueron trasladados hasta la cárcel de “El Chipote”, informó la Unidad Nacional Azul y Blanco, quien calificó de arbitrarias las aprehensiones. Sin embargo, 8 ciudadanos fueron liberados el lunes y otros 23 el martes. Para el cierre de esta edición quedaban 7 personas presas.
La marcha “Unidos por la libertad” quedó frustrada. El sábado, la oposición había suspendido una protesta en Managua y Bluefiels debido a una fuerte presencia policial, de acuerdo con información de Efe.
La Policía busca mantener “el orden y la seguridad en la capital ante los intentos de agrupaciones terroristas, golpistas y criminales que en los últimos meses han estado desarrollando acciones que violentan la paz y la tranquilidad”, según afirmó ese organismo.
Reacciones
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos condenó los hechos en un comunicado difundido tras el ataque policial. Denunció que el gobierno viola el derecho a la libre protesta establecido en la Constitución.
“La desproporcionada represión policial evidencia una vez más que el régimen Ortega-Murillo solo cuenta con el poder de las armas exhibida en la brutalidad empleada contra la población”, denunció la organización.
A la condena de la nueva forma de represión se sumó Amnistía Internacional, las Naciones Unidas, Mercosur, Techo Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y países como Costa Rica y Panamá.
“Inaceptables actitudes represivas y autoritarias en este momento en Nicaragua. Estado de Excepción se va consolidando con medidas estatales incompatibles con la democracia y los derechos humanos”, expresó Paulo Abrāo, secretario ejecutivo de la CIDH.
Cifras en rojo
La crisis sociopolítica ha dejado entre 322 y 512 fallecidos desde el inicio de las protestas, el 18 de abril, de acuerdo con organizaciones locales e internacionales. Sin embargo, el gobierno nicaragüense solo reconoce 199 muertos. Aunque no hay una cifra precisa de heridos, se calcula en cientos los lesionados en manifestaciones.
Las protestas opositoras han sido reprimidas por funcionarios policiales y atacadas por grupos paramilitares afectos a Daniel Ortega. Organizaciones locales denuncian que hay más de 400 presos políticos encarcelados de forma arbitraria. Además, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) registra entre 70 y 120 desaparecidos entre abril y julio.
La crisis ha ocasionado la diáspora de al menos un décimo de la población del país centroamericano. Una migración silenciosa ocurre hacia países vecinos: principalmente Costa Rica, donde en lo que va de año 24 mil ciudadanos han pedido asilo político.
Acnudh y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos responsabilizan al gobierno de Nicaragua de las muertes, ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, secuestros y hasta violencia sexual.
