El origen de los alimentos que se distribuyen en los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), en Venezuela, ha sido muy cuestionado. La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional informó que había un caso de corrupción que implica al menos 5 mil millones de dólares por esta política.
Este jueves se conoció que la procuraduría de México abrió una investigación en contra de diversas empresas y personas, nacionales y extranjeras, que se dedican a la venta de alimentos básicos y servicios de logística por “operaciones inusuales” en su administración.
Las averiguaciones revelaron que este grupo ha obtenido recursos públicos venezolanos provenientes del programa gubernamental (CLAP), que tiene como propósito adquirir despensas alimenticias en diversos países, para exportarlas a Venezuela y distribuirlas entre la población a un precio menor.
Según la procuraduría, obtuvieron recursos desviándolos de sus fines humanitarios, para adquirir alimentos y especular con ellos, aprovechándose de la crisis alimentaria en Venezuela y así revendiéndolos en un valor de 112 % mayor al costo real.
Se detectó la existencia de diversos operadores, como el señor Alex “N”, relacionado con autoridades del Ejecutivo venezolano, así como Álvaro “N”, Emmanuel “N”, Santiago “N” y Andrés “N”.
El Ministerio Público mexicano celebró un acuerdo reparatorio en los siguientes términos:
1.- Los imputados harán entrega al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la cantidad de USD$3 ́000,000.00 (Tres millones de dólares americanos); los cuales serán destinados para atender el mandato de la ACNUR en América Latina y el Caribe.
- Deben comprometerse a no efectuar ningún acto comercial con el Gobierno de Venezuela o terceros con motivo del programa CLAPS de Venezuela.
Los elementos aportados por esta investigación serán compartidos con las autoridades competentes a nivel internacional con objeto de continuar la cooperación en la lucha contra el lavado de dinero y en particular, de este esquema fraudulento.
