El exfiscal general Luis Martínez y el exgerente general de la Fiscalía, Mauricio Antonio Yanes, son acusados de apropiarse de $ 7.3 millones de los $ 14.5 millones hallados en 2010 en barriles vinculados al narcotráfico.
La acusación de la “Operación Corruptela” explica que cuando Martínez llegó a la Fiscalía esta tenía dos cuentas en el Banco Central de Reserva para recibir los fondos que eran incautados a narcotraficantes y lavadores de dinero pero, que el exfiscal general y Yanes, abrieron una tercera cuenta en el Banco Hipotecario sin el permiso del Ministerio de Hacienda.
En una de las dos cuentas ya existentes estaban guardados los millones de dólares que las autoridades salvadoreñas encontraron dentro de barriles entre el 2 y el 10 de septiembre de 2010, en la hacienda El Recolado, en el cantón Penitente Abajo, en Zacatecoluca y en el patio de una casa en la Quinta Las Mercedes, en Lourdes, Colón, La Libertad.
El supuesto uso de ese dinero fue revelado en octubre de 2015, al final de la administración de Martínez, porque el Instituto de Acceso a la Información Pública resolvió a favor de una ciudadana que denunció que la Fiscalía le había negado la información porque era reservada. Para entonces, un rotativo publicó que el dinero fue usado en compra de un terreno para la institución, aguinaldos de los empleados y “fotocopias”.
Mientras que el antecesor de Martínez, exfiscal Romeo Barahona, había dicho que el dinero incautado sería utilizado para el funcionamiento del Centro de Intervención de las Comunicaciones de la Fiscalía y que la ley no permitía que se destinara para remunerar a empleados.
Sin embargo el exfiscal Martínez y la presunta red de corrupción que se filtró en la Fiscalía son acusados de apropiarse de casi la mitad de esos fondos, usando al inicio un instructivo y luego un reglamento que no permitían que el dinero fuera fiscalizado por las autoridades.
El exfuncionario, según la investigación, se ayudó de Yanes y el exdirector de Recursos Humanos del Ministerio Público, José Dolores Zelaya, quienes llegaron a la institución los primeros días que Martínez fue nombrado fiscal general y, pese a que no desempeñaban ningún cargo, se presentaron ante los jefes administrativos como sus “asesores”.
La acusación dice que los puestos de Yanes y Zelaya no existían en el organigrama que la Fiscalía había actualizado en marzo de 2012 y que Martínez los nombró como colaboradores el 3 de enero de 2013, aunque sus cargos fueron creados oficialmente hasta septiembre de ese año.
Antes de la creación de los cargos, los imputados ya se habían reunido con jefes fiscales y a algunos de ellos ya les habían pedido informes. En uno de esos informes, el exjefe de la Unidad Financiera Institucional (UFI), Jorge Antonio Pérez, los puso al tanto que la institución tenía los fondos asignados por el Estado y también un patrimonio especial que era producto de los decomisos de bienes a los delincuentes.
De tal forma que, de acuerdo con la investigación, a partir de enero de 2013, Martínez y los otros dos imputados comenzaron con reformas administrativas que buscaban la apropiación del dinero de la Fiscalía.
“Comenzaron a ejecutar diferentes maniobras para encausar un mecanismo rápido, discrecional y sin control para sustraer del patrimonio de la Fiscalía General de la República, pero particularmente de los fondos que eran producto de los comisos y decomisos, para beneficio personal de ellos y de terceras personas”, establece la acusación de la “Operación Corruptela”.
Yanes fue designado para tener a su cargo gerencias y departamentos del área administrativa, pero también tenía como subalterno a Zelaya. Una de las primeras acciones que se presume realizó para sustraer los fondos públicos fue la designación de una persona encargada de administrar los fondos del patrimonio especial (ver nota aparte).
La investigación dice que a través de Jorge Antonio Pérez, Martínez y Yanes se enteraron de que existían dos reglamentos que regulaban en uso del patrimonio especial, que establecía que para la erogación de esos fondos debía haber una solicitud a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y que también tenía participación la Unidad de Adquisición y Contratación Institucional (UACI).
Además, en un memorándum remitido por Edwin Antonio Bonilla, exasesor legal de la Gerencia General, le informó a los imputados que había un reglamento que mediaba el uso de los fondos del patrimonio con el Ministerio de Hacienda; y les recomendó derogarlo.
Martínez cambia el sistema de adquisiciones para extraer fondos
Frente a ese escenario, la Fiscalía dice que el 3 de enero de 2013, Martínez emitió dos resoluciones razonadas respecto a los reglamentos existentes.
El ex-Fiscal General determinó en la primera resolución que la Gerencia General fuera quien avalara la adquisición de bienes y servicios requeridos por UACI, a través los trámites cortos. También autorizó a la UFI de realizar pagos de compras de las unidades fiscales a nivel nacional sin que se justificara el objetivo de esos gastos.
Mientras que la segunda resolución fue un complemento de la anterior, ya que autorizaba a la UACI que hiciera los trámites de compra de forma rápida y bajo el control de la Gerencia General.
Pero para garantizar la extracción de fondos, según la investigación, el exfuncionario también creó el “Instructivo Patrimonio Especial FGR”, con el que alegaba que los fondos de ese rubro debían tener su propio control de presupuesto y que la Gerencia General sería la encargada de presentarle al titular de la Fiscalía los proyectos de gastos del presupuesto para su aprobación, dejando de lado a la UIF, a la cual solo se le informaría sobre los depósitos en la cuenta.
“Con esas resoluciones, acuerdo e instructivos emitidos, el exfiscal Luis Martínez y el señor Yanes Morales diagramaron con mayor precisión la forma de cómo iban a disponer fraudulentamente de los fondos del patrimonio especial, y crearon el escenario para que esos fondos se erogaran de forma discrecional, sin control, sin transparencia y sin competencia”, indica la Fiscalía en su acusación.
Una vez realizadas estas acciones, Martínez y Yanes abrieron la tercera cuenta en el Banco Hipotecario. Además, solicitaron al Ministerio de Hacienda recibir de forma mensual dinero de un total de $ 7,337,000 provenientes de los “narcobarriles”.
La investigación indica que los imputados también comenzaron a gestionar cómo pasaban a favor de las cuentas de la Fiscalía $ 38,000 que provenían de una condena impuesta a dos personas por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador en 2008; y se asistieron del exasesor Legal de la Gerencia, Edwin Antonio Bonilla, para saber cómo podían subastar bienes decomisados .
Incluso, un testigo fiscal relató que en abril de 2013, cuando llegó a una jefatura de la institución, Martínez y Yanes le ordenaron que identificaran aquellos expediente con dinero incautado y revisara su estado en los juzgados, para así pedir que los montos pasaran al patrimonio especial de la Fiscalía.
Pero Bonilla, para evitar que los fondos fueran fiscalizados por Hacienda, recomendó a los imputados derogar otros dos reglamentos que regulaban el uso del dinero decomisado, uno pertenecía a la UIF. Según la investigación, Yanes ordenó a Jorge Pérez que actualizara los documentos, bajo la excusa de que con ello harían menos burocrático el trámite para obtener el dinero.
El 21 de enero de 2013 fue emitido el “Reglamento relativo al Patrimonio Especial de Bienes Comisados”, que al parecer sustituía los dos reglamentos ya existentes; sin embargo, el documento fue publicado en junio de ese año, fue derogado y sustituido por un segundo reglamento. Eso, dice la Fiscalía, “le dio cobertura formal al mecanismo fraudulento para legitimar” el dinero que fue saqueado de la institución entre 2012 y 2015. Martínez justificó en su momento que parte del dinero de los narcobarriles sería para fortalecer unidades especializadas de la Fiscalía.
Por ElSalvador.com
