El Consejo Nacional de Reincorporación de la Farc respondió a las recientes declaraciones del fiscal sobre el control del conjunto de bienes que la extinta guerrilla no puso a disposición al momento de dar su paso a la legalidad. “El fiscal general vuelve a distorsionar el proceso de disposición al Estado de los bienes que constituyeron la economía de guerra de las FARC-EP, acudiendo a una presentación amañada de la información y apelando al sensacionalismo mediático”, dicen a través de un comunicado.

Según el grupo, el 15 de agosto del 2017 se presentó a la Misión de las Naciones Unidas y al Mecanismo de Monitoreo y Verificación el inventario de bienes y activos que representaron el patrimonio de guerra de las FARC-EP. “Con este proceso de disposición de bienes al Estado se ha venido cumpliendo de manera estricta con lo acordado”, aseguran.

Las declaraciones aparecen luego del más reciente pulso entre la Fiscalía General y la Jurisdicción Especial de Paz. La Fiscalía ha investigado propiedades, caletas y expedientes de testaferrato y sostiene que ha descubierto un cúmulo equivalente a 2,3 billones de pesos que no fueron declarados pero que en realidad pertenecerían a la desmovilizada guerrilla.Si se tiene en cuenta que ese grupo entregó en efectivo apenas una suma alrededor de 2.000 millones de pesos, los bienes no declarados representan la suma gruesa de los activos de ese grupo.

La JEP asegura que es competente para disponer de esos bienes pues estos le pertenecen realmente a las víctimas y deben estar dispuestos para las reparaciones que se den en los procesos de ese alto tribunal. Bajo esa lógica, el organismo ha solicitado el inventario para disponer de los mismos.

En el fondo, la discusión es si los bienes no inventariados, que están en extinción de dominio y que pertenecen a miembros de las Farc deben destinarse a la reparación de quienes sufrieron los vejamenes de las Farc o deben ir para los procesos de extinción de dominio donde al final el dinero llega a la Fiscalía, el Inpec y el Consejo Superior de la Judicatura.

En su comunicado, la Farc soportan la tesis de que ese dinero debe ser manejado por la JEP. Asegura que del inventario se ha puesto a recaudo de las autoridades 255.041 gramos de oro; 2.114’300.000 pesos en efectivo; 450.000 dólares; 205 bovinos; 19 mulares; 134 carreteras; 211 coordenadas de bienes inmuebles; y 742 equipos varios. Bienes avaluados aproximadamente en 132.325’462.300 pesos. “Este patrimonio habrá de destinarse al fondo para la reparación de las víctimas y la reincorporación de exintegrantes de las FARC-EP, cuya responsabilidad corresponde al Estado colombiano”, afirman.

La discusión se originó porque en el inventario, se dejó un punto abierto en el que se dice que este también incluye los bienes que estén en extinción de dominio. Sin embargo, no se señala de manera específica cuáles son esos bienes. Por esta razón, la Fiscalía esgrime que las Farc no cumplieron con su deber de que el inventario fuera determinado y que por lo tanto esos bienes no pueden incluirse en los bienes inventariados.

En la carta que envió la Fiscalía a la Corte Constitucional la Fiscalía profundizó sobre ese régimen de condicionalidad y señaló que al no haber presentado un inventario completo, las Farc están incumpliendo sus obligaciones y por eso pueden perder sus beneficios. En otras palabras, podrían ser llevados a la justicia ordinaria.

Sobre esto, la Farc respondió en el comunicaddo que “el señor fiscal debe ceñirse a desempeñar las funciones constitucionales de la institución bajo su cargo, y no utilizarla como instrumento político contra el acuerdo de paz, en particular para obstaculizar la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz y el proceso de entrega de lo que representó nuestro patrimonio de guerra”, aseguraron.

Con información de Semana