La reforma a la JEP que ocupó dos semanas a la Comisión Primera del Senado, y que provocó la inédita reunión entre históricos adversarios como Álvaro Uribe, Gustavo Petro, Iván Cepeda, las Farc, defensores y opositores del proceso de paz, fue aprobada en primer debate cuando parecía estar sepultada.
Todos los partidos políticos acordaron incorporar mecanismos a la Jurisdicción Especial de Paz para brindar garantías a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Fuerza Pública, pero no como lo proponía Uribe y el Centro Democrático, autores de la iniciativa.
La fórmula del uribismo pretendía, entre otras, que se crearan nuevas salas especiales en la JEP para que investigaran y juzgaran los delitos cometidos por los miembros de las fuerzas militares en el marco del conflicto armado, y que los magistrados que conformarían esa nueva sala fueran designados por el presidente de la república.
El Centro Democrático había justificado su propuesta en que a pesar de que se había garantizado un tratamiento diferenciado entre militares y exguerrilleros en la justicia transicional, en la práctica estaban sometidos al mismo tratamiento. Lo que el uribismo ha cuestionado es que los militares tendrían que declararse culpables para acceder a los beneficios de la pena alternativa, pero que si no lo hacían tendrían que demostrar su inocencia ante magistrados con sesgo ideológico y se expondrían a penas de 20 años de prisión.
Pero la propuesta del uribismo generó tanta controversia que enfrentó a todos los sectores políticos durante dos semanas. De un lado el bloque que defendió los acuerdos de paz aseguraba que esta propuesta atentaría contra el principio de verdad pues buscaba que los militares tuvieran penas alternativas sin confesión alguna, lo que generaría impunidad. Por eso el senador Rodrigo Lara (Cambio Radical) calificó esta reforma como un “regalo envenenado” a los militares, que se someterían a la JEP, pagaría algunos años de cárcel para resolver su situación jurídica, pero quedarían expuestos a una extradición a la Corte Penal Internacional.
El uribismo insistía en que los militares no tienen garantías en la actual Jurisdicción Especial de Paz al insistir en que los magistrados del tribunal de paz no tienen el conocimiento del Derecho Internacional Humanitario, y los procedimientos operacionales de las Fuerzas Armadas, y que en algunos casos tenían sesgo ideológico por haber sido abogados de organizaciones que presentaron demandas contra el Estado.
Todo estaba sentenciado para el hundimiento de este proyecto, pero tras la histórica reunión del martes se firmó un pacto para alcanzar un consenso. El proyecto de acto legislativo presentado por el uribismo sería aprobado, pero no de la forma como había sido presentado.
Lo primero que cayó fue la idea de crear nuevas salas dentro de la JEP para el juzgamiento de los congresistas, como lo proponía Uribe.
En cambio, lo que se acordó fue “inyectar” con nuevos magistrados las salas de reconocimiento de verdad y responsabilidad, la sala de definición de situaciones jurídicas y las secciones de revisión y apelación. En consecuencia, serán 14 nuevos magistrados los que se incorporen a la jurisdicción especial.
Uribe también tuvo que ceder en su idea de que los nuevos magistrados fueran elegidos por el presidente de la república. Tal propuesta fue rechazada porque se consideraba que quien es considerado el máximo comandante de las Fuerzas Militares tampoco ofrecería imparcialidad a la hora del nombramiento de quienes tienen que juzgar las conductas cometidos por los agentes del estado con ocasión del conflicto.
Fuente: Semana
