Hay dos fuerzas que siguen alterando la ecuación de la política en Colombia: el legado triunfal del No en el plebiscito y el acuerdo de paz con las Farc. Tres hechos lo demostraron así esta semana. Por primera vez el uribismo reconoció la legitimidad de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) como un órgano de cierre que suturará las heridas del conflicto, los militares se anotaron un punto en la justicia transicional y, contra todo pronóstico, Álvaro Uribe compartió la misma mesa de discusión con cuatro miembros de la exguerrilla.
A pesar de que con la firma del acuerdo en el Teatro Colón, se trató de poner punto final a las controversias sobre la renegociación del primero –firmado en Cartagena–, su contenido aún sigue generando debates. Y no sobre cualquier tema, sino sobre las características que tendrán los juicios a miembros de las Fuerzas Armadas que especialmente se han mostrado inconformes con la elección de los hombres y mujeres que se encargarán de juzgarlos con ocasión, por causa o en relación directa o indirecta con el conflicto.
En esta ocasión, la justicia transicional y los militares fueron el punto de encuentro que ambientó los tres hitos que protagonizaron esta semana la agenda en el Congreso. Sin embargo, no hubo consenso pleno. El Polo se abstuvo por considerar que un acuerdo no puede partir del supuesto que la JEP no tiene legitimidad. Por su parte, el partido de las Farc, que participó en la reunión de discusión se distanció a la hora de firmar y votar pues está impedido dado que sus líderes comparecerán ante la JEP.
Al final, con una fórmula diferente a la que propuso inicialmente el Centro Democrático, pero que venía impulsando María Fernanda Cabal, se acordó ampliar el número de magistrados que tiene la JEP. Es decir, de salir ante la iniciativa en los siete debates que tiene por delante, se nombrarán 14 magistrados más que se repartirán de a dos en cada una de las tres Salas y cuatro Secciones que integran la justicia de paz.
Con esta movida, el presidente Iván Duque, que resumía su posición frente al acuerdo de paz con la frase: “Ni risas, ni trizas”, termina introduciendo parte de las modificaciones con las que conquistó a su electorado. Con la diferencia, sin embargo, de que en teoría, se trata de un ajuste menor, de más forma que fondo, con el que puede quedar bien con todas las partes, lo cual en término electorales es muy importante.
La propuesta dirigida por el senador Luis Fernando Velasco en términos prácticos busca “inyectar” nuevos magistrados a las Salas y Secciones. Los nombres serán elegidos por un Comité de Escogencia autónomo, conformado por dos delegados del Consejo Superior de la Judicatura, un delegado de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, y un delegado del procurador general.
“De los magistrados que seleccionó el (pasado) comité de escogencia que tanto cuestionamos, hay 17 cuyos perfil no nos daban ninguna garantía. No son competentes. De los magistrados que hay ahora en la JEP ninguno es competente para procesar a miembros de la fuerza pública, estos que serán elegidos son los que podrán hacerlo. Cualquier mecanismo sin sesgo ideológico es válido. Eso envía un mensaje de tranquilidad”, le dijo a SEMANA el general (r) Jaime Ruiz.
Aunque todavía falta precisar muchos detalles del proyecto y todo puede pasar en los siete debates que le faltan, se ha dicho que con el aterrizaje de estos nuevos funcionarios, la JEP estará organizada en grupos de magistrados y equipos te trabajo, que operarán de manera separada en el estudio de los casos de la guerrilla y los agentes de Estado. Así las cosas, por el volumen de trabajo, como una vía para agilizar los trámites y, además, ofrecer las garantías que reclaman los militares, difícilmente quien esté revisando el expediente de Iván Márquez se acercará al del general (r) Mario Montoyo.
Si bien se cayó la propuesta del Centro Democrático de crear una JEP diferenciada dentro de la misma JEP que se encargue solo de evaluar y juzgar los casos de los militares, todavía muchos temen que se trate de un regalo en venerado que termine abriéndole las puertas de intervención a la Corte Penal Internacional. ¿La razón? quienes eventualmente se postulen a las nuevas plazas que abriría la JEP tendrán que cumplir con una exigencia: acreditar conocimientos específicos en derecho internacional humanitario (DIH) y manuales operacionales de la fuerza pública. Otro punto acordado es que las confesiones de los militares deben ser corroboradas por otros medios probatorios, esto en razón de que el Centro Democrático considera que por la vía de incentivos judiciales los miembros de la fuerza pública comparecientes en la JEP podría asumir responsabilidades que nos les corresponden en rigor.
Con esto, lo que al menos 42 organizaciones de derechos humanos sospechan, es que se abre un boquete para que “los miembros de la fuerza pública investigados, acusados y condenados por su responsabilidad en graves violaciones eludan la acción de la justicia y quedar en la impunidad”, amparados en la idea de que al invocar figuras como “blanco legítimo” o “daño colateral” pueden estar evadiendo su responsabilidad penal. Y con esto, las más afectadas serán las víctimas y su acceso a la verdad.
Fuente: Semana
