René Portillo Cuadra tiene claro que el actual sistema electoral del país ya dio lo que tenía que dar, luego que fue establecido como parte de los Acuerdos de Paz de 1992; incluso, considera que es un sistema “obsoleto” y que requiere que se le haga una profunda modificación y retome modelos de otros países como México y Perú, donde tienen una instancia que organiza y desarrolla el proceso de las elecciones, y otro ente que administra la justicia del proceso.
El legislador compartió información con El Diario de Hoy de lo que se avecina luego de las elecciones de febrero de 2019.
¿Qué reformas se avecinan y que pueden aplicarse en las elecciones de 2019?
Se viene una reforma importante al artículo 215 del Código Electoral que se refiere a tres aspectos básicos: el primero es la posibilidad que el Tribunal Supremo Electoral haga una reclasificación y recuento de aquellos votos que han sido calificados o clasificados por las Juntas Receptoras de Votos como nulos o votos impugnados.
Ya hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que habilita al Tribunal Supremo Electoral como máximo tribunal de justicia electoral del país para abrir las urnas, revisar y recontar los votos impugnados o nulos.
Esto tiene que ver con la voluntad de justicia electoral.
En ese sentido, hace como dos meses el TSE nos mandó a la Comisión de Reforma Electoral una propuesta de reforma al artículo 215 del Código Electoral del cual ya hay dictamen favorable y nosotros lo vamos a aprobar.
¿La reforma modifica que se pueda hacer por voto de mayoría de magistrados del TSE?
Es que también se reforman las facultades del Tribunal Electoral en el sentido de que esta reclasificación y este reconteo de votos se debe de hacer con mayoría simple de los magistrados, eso significa que, de cinco magistrados del Tribunal, con tres votos favorables que es la mayoría simple se puede hacer la reclasificación de si un voto es nulo o impugnado o es válido.
Lo más importante de esta reforma del artículo 215 es que si la sumatoria de los votos nulos y votos impugnados es superior a la diferencia con la que gana un partido político o un candidato se debe abrir las urnas, precisamente porque se deben de respetar el voto popular, no es posible que cinco personas que conforman una Junta Receptora de Votos decidan si un voto es nulo o impugnado en detrimento de la voluntad popular.
¿Lo hacen los partidos en la mesa?
Precisamente hay estrategias de algunos partidos políticos como el FMLN que fincan su esfuerzo en anular votos para que el voto duro de ellos suba, lo ocupan como una estrategia electoral, reitero: en detrimento de la voluntad popular.
Con esta reforma el Tribunal Supremo Electoral se vuelve garante de que ese voto que lo reclasificaron nulo o impugnado y en consecuencia le restan validez, tenga validez de si está bien marcado de acuerdo a la ley.
Este tema no es nuevo, ha sido un vacío legal; pero de hecho así ha venido funcionando, sino recordemos las elecciones de 2015 se recontaron y reclasificaron 20 mil votos solo en San Salvador; en las elecciones del 4 de marzo se reclasificaron alrededor de 15 mil votos que fueron declarados nulos o impugnados.
Aquí de lo que se trata es de darle herramientas al Tribunal Supremo para que se haga respetar la voluntad del elector.
¿Qué tal si ese decreto de reforma es vetado por el presidente Sánchez Cerén con el pretexto que es inconstitucional y como no hay Sala pasará estancado?
La reforma no riñe con la Constitución, al contrario, lo que hace es que refuerza la soberanía que le da el artículo 208 de la Constitución y la supremacía que le da al Tribunal Supremo Electoral. Es decir, cuando un tribunal es supremo significa que él tiene la potestad de administrar pronta y cumplida justicia. A qué nos referimos, a examinar si el voto del ciudadano ha sido respetado y ese mecanismo es justo la reforma del 215.
¿Qué pasa si el presidente veta esta reforma?
Sería en contra sentido porque estaría confesándose el presidente de que su partido no puede sobrevivir un proceso electoral si no es por medio del fraude, primero. Y segundo, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral han dicho que si esta reforma no se aprueba porque es vetada por el presidente de la República ellos van abrir las urnas como de hecho, sin este artículo lo hicieron en el 2015 o en el 2018 partiendo que ya hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que los habilita.
¿A mediano plazo qué otras reformas harán que modifiquen el actual sistema electoral?
Luego de las elecciones, todos los partidos estamos reuniéndonos para conformar un nuevo proyecto de Código Electoral, vamos a separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas.
Vamos a crear un ente que administre el proceso electoral y un tribunal electoral que solo se dedique a administrar justicia. Por ejemplo, el tema del modelo de México, donde existe el Instituto Nacional de las Elecciones, que es el que organiza el proceso; y el Tribunal de Elecciones, que es el que administra la justicia y resuelve los problemas judiciales en materia electoral, como es el modelo peruano.
Ya existe un preacuerdo con todos los partidos políticos de entrarle a esta reforma de gran calado. Nosotros la hemos denominado reformas de segunda generación porque en el 91 cuando se hizo la reforma electoral producto de los Acuerdos de Paz, el Tribunal quedó conformado por una mixtura entre partidos políticos y abogados de la Corte Suprema de Justicia.
En este momento, ese modelo ya está agotado, ya cumplió su misión.
El segundo paso que debemos de dar es que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral no representen a un partido político, sino que sean jueces de carrera, jueces independientes para sacar la parte político-electoral.
Porque aquí lo que estamos viviendo es que los partidos son juez y parte y eso es totalmente inaceptable porque en ningún modelo de Latinoamérica el mismo que se administra justicia es quien resuelve, eso es imposible.
¿Qué áreas incluirá?
Estamos pensando en una reforma de gran calado, que va permitir al menos reformar cinco aspectos del sistema electoral salvadoreño.
Las áreas son: el ente que administra e imparte justicia electoral; segunda, el proceso de escrutinio; tercera, la forma cómo se administran los escaños para diputados en El Salvador.
El país tiene el modelo electoral más complicado del mundo porque no es posible que de cocientes y residuos, y que a partir de cocientes y residuos en lugar de alimentar y respetar el voto popular se reparta entre aquellos que no fueron votados por el elector.
Una cuarta área es la campaña electoral, no podemos estar todo el tiempo en campaña electoral, tiene que haber una regulación por parte de la máxima autoridad electoral.
Y una quinta, es el financiamiento de los partidos políticos, no es posible que haya una reforma de segunda generación en donde los partidos políticos no rindan cuenta y sean entes transparentes de cara a la población.
Salgamos del tema electoral, como abogado ¿cómo ve que no se han elegido a los magistrados de la Sala de lo Constitucional?
El tema de fondo, que la alianza legislativa entre Gana y el FMLN no ha permitido hacer los 56 votos; mientras el FMLN y Gana se aferran a proponer a candidatos vinculados directamente a sus partidos políticos, nosotros como partido ARENA hemos decidido no tener candidatos y respaldar a aquellos que saquen las mejores puntuaciones con base a las entrevistas, con base al mérito de su carrera profesional, con base a la moralidad notoria, es decir a todo el perfil.
Así es como nosotros hemos dicho que respaldamos a los primeros cinco que salieron mejores evaluados.
Por qué, porque si te sometes a un proceso de evaluación, obtienes una nota y resultan votando por los peores evaluados, entonces es una burla para el país.
Entonces, el FMLN y Gana han querido un reparto partidario, o sea volver a lo mismo del pasado y nosotros no queremos un reparto partidario, lo que queremos es que los magistrados sean los mejores evaluados y ya hay baremos, hechas por la sociedad civil, hechas por diputados que participaron en este proceso, por la misma Asamblea Legislativa.
Entonces, nosotros no podemos dar votos para aquellas personas vinculadas a partidos políticos.
El partido Gana insiste en proponer a una persona que de 30 candidatos sacó el último lugar. Cómo es posible que alguien que fue ponderada en último lugar de 30, tú lo hagas magistrado en detrimento de los otros 29, es precisamente la procuradora general de al República, Sonia Cortez de Madríz.
¿A corto plazo podrían llegar a un consenso?
Yo espero que si por el bien del país, espero que el FMLN y Gana cambien su posición, piensen en el país, no podemos ir a un proceso electoral sin Sala de lo Constitucional porque lo que está detrás de este telón es que ellos quieren que se junte con la elección del Fiscal General con la Sala para que haya un reparto de las instituciones, eso es totalmente inaceptable en este momento.
El país lo que nos está requiriendo es que las personas más competentes asuman los cargos de segundo grado, no los más confiables para los partidos políticos.
No queremos candidatos arrodillados a los partidos políticos, queremos a la gente más independiente que garantice la administración de justicia en el país.
