El Ministerio de Justicia celebró una victoria a medias, por un lado la reforma a la Justicia superó su segundo debate en Senado y ahora pasará a manos de la Cámara, pero por el otro, en ese tránsito sufrió tantos cambios que lo que llegó ha sido calificado de “reformita”.
La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, guarda la esperanza de que en Cámara las cosas sean diferentes. Aseguró que todavía queda tiempo y que intentará revivir puntos claves de la reforma, como la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura. La discusión en el Congreso llegó a un punto tal en que varios congresistas le pidieron que retirara el proyecto de acto legislativo, pero ella insistió en que esto ya no se podía hacer.
Para la ministra esto es un asunto de honor, fue la tarea que le encomendó el presidente Iván Duque al nombrarla y si no lo logra será su derrota. Por eso, si se llega a hundir este año -todavía le restan seis debates- volverá a presentar el proyecto en la próxima legislatura, en marzo. Si no logra su aprobación pondrá su puesto a consideración del presidente, es decir, su renuncia sobre la mesa.
“Si la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura no se aprueba, mejor que no se apruebe nada. Eso que yo estoy diciendo lo comparte la ministra, lo que pasa es que ahora dice que no. Pero hace unas semanas lo decía. Jurídicamente no se podría, pero políticamente sí, ella hace la solicitud y el Congreso lo archiva”, explicó el analista Héctor Riveros.
En medio de su primera vuelta en el Congreso la reforma quedó coja. Principalmente porque el Consejo Superior de la Judicatura – que administra los recursos de la rama judicial- quedó vivito y coleando, nuevamente. A pesar de los cuestionamientos que lo rodean, presuntos actos de corrupción y mala administración de los recursos, los congresistas se negaron a eliminarlo refugiándose en la sentencia de la Corte Constitucional que lo salvó en 2016. Esta era -según el gobierno- la médula de la reforma.
Tampoco pasó la propuesta para aumentar el presupuesto de la rama judicial. El proyecto pretendía que la ley de apropiaciones lo aumentaría en una proporción mayor o igual al porcentaje al que se defina cada cuatro años en el Plan Nacional de Desarrollo. Con este cambio estaba de acuerdo de Justicia, porque aseguraba que le daría mayor autonomía a la Justicia.
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