Las Cortes de Inmigración que funcionan en las ciudades de los Estados Unidos, fronterizas con México, son un muro invisible con el que chocan miles de personas que intentan conseguir asilo o refugio en esa nación.
La posibilidad de que un migrante, de cualquier nacionalidad, obtenga asilo en algunas cortes de los Estados Unidos es sumamente escasa. En ciertos casos, esa posibilidad se reduce a solo cuatro de cada cien casos, según un informe del Transactional Records Access Clearinhouse (TRAC, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Syracuse.
Incluso, que un inmigrante pague 2.500 o 3.000 dólares a un abogado para que lo represente, eso no le garantiza que un juez de Inmigración resolverá a su favor la solicitud de asilo. En algunas cortes da igual que lleve o no abogado. Como por ejemplo, en El Paso, estado de Texas.
Una barrera legal a lo ancho de la frontera
Con excepción de Phoenix, las cortes de inmigración que funcionan en ciudades de estados fronterizos con México tuvieron altos porcentajes de rechazo a solicitudes de asilo
En algunas cortes, especialmente en las de ciudades fronterizas con México, a lo sumo, el beneficio de ser representado se traducirá en que el letrado le llene los formularios que los jueces entregan al inmigrante en caso de que éste apele la decisión judicial. Todos esos documentos están en inglés y deben ser rellenados en ese mismo idioma.
La Corte de Inmigración de El Paso es una de las más duras.
Las estadísticas indican que 96 de cada 100 solicitudes de asilo son rechazadas. Entre los cinco jueces, el más duro es Sunita B. Mahtabfar. De 171 casos que conoció entre 2012 y 2017, solo dos peticionarios fueron favorecidos.
A Mahtabfar le sigue el juez Thomas R. Roepke, también de El Paso, quien entre 2012 y el 2017 conoció 139 solicitudes de asilo. Pero resolvió favorablemente solo en cuatro casos.
Aunque el TRAC Inmigration revela que si un solicitante de asilo no está representado por un abogado, los jueces niegan el beneficio a 91 de cada 100. En el caso del juez Roepke, 83 de cada 100 solicitantes estaban representado por abogado; pero de los 139 solicitantes, a 135 se les negó el asilo.
De esto último puede dar fe Bryan Guzmán, un joven de 20 años oriundo del cantón El Platanar, municipio de Moncagua, en el departamento de San Miguel. Un lugar donde, en los últimos cinco años, ha habido más de 100 asesinatos; la mayoría de víctimas era joven.
Bryan no mintió cuando le dijo al juez de Inmigración de El Paso por qué había dejado a su padre y a su madre… y un empleo como obrero en una fábrica en su tierra natal.
Podría decirse que este joven llevaba una vida tranquila, hasta que, el 21 de abril de este año, un grupo de hombres vestidos con ropa oscura, portando armas largas y de grueso calibre, simuló un operativo policial, sacó de su casa a Andrea Guzmán, su hermana, se la llevaron y, como a 800 metros, la mataron con un solo disparo en la frente.
Un mes después, Bryan, temeroso de correr la misma suerte que Andrea, le pagó a un traficante de personas para que lo llevara a Estados Unidos. El joven llevaba todos los documentos que le podrían servir para justificar su solicitud de asilo. Con esos documentos probaría el asesinato de su hermana y su temor.
Sin embargo, el 7 de noviembre regresó derrotado, cargado con más temores de los que dejó cuando emprendió el camino hacia Estados Unidos. Su madre lo esperaba en el Centro de Atención al Migrante en La Chacra, al Oriente de San Salvador.
El juez que le negó el asilo a Bryan le dijo que tenía la posibilidad de apelar la decisión. El joven tomó un legajo de documentos pero, en cuanto los tuvo en sus manos, decidió no seguir con el proceso. Eran tantos formularios escritos en inglés que se frustró.
El joven migueleño no estuvo representado por abogado alguno en su proceso judicial para que, al menos, le llenara los formularios. No tenía el dinero para ese servicio.
Las leyes estadounidenses solo garantizan el derecho a un abogado a sus ciudadanos. Los extranjeros no tienen ese derecho, así sea un infante de dos años, un adulto o un anciano.
“¡Nombre!, al ver aquel gran puño de papeles que tenía que llenar, mejor pedí que me regresaran”, explicó a su llegada al Centro de Apoyo al Migrante, de la Dirección General de Migración y Extranjería.
Bryan no puede hablar ni escribir nada de inglés.
Explicó que cuando se entregó a los agentes de Migración, una persona que sabía hablar y escribir inglés le ayudó a llenar la solicitud de asilo y otros documentos. Pero el día que le notificaron que no era elegible para el asilo, no había nadie que pudiera ayudarle.
Los jueces y cortes más duros
El Trac Inmigration revela que cuanto más cerca de la frontera está una corte, es más difícil que esta otorgue asilo. Así lo reflejan las estadísticas que presentan en su estudio elaborado con datos de entre 2012 y 2017.
Hay algunas excepciones. Una de esas es, por ejemplo, la jueza Agnelis L. Reese, de la Corte de Inmigración de Oakdale, estado de Louissiana, que no es un estado fronterizo con México.
Ella negó absolutamente todas las solicitudes de asilo que recibió entre los años 2012 y 2017 y eso le ha valido para que esté en la posición número uno de los 293 jueces de Inmigración incluidos en el informe, en el que el juez que está en la posición uno es el que menos asilos otorga, mientras que el que está en la posición 293 es el juez que más casos ha resuelto a favor de inmigrantes.
A Reese le sigue James Alan DeVito, de la Corte de Inmigración de Eloy, Arizona.
Entre 2012 y 2017, este letrado otorgó solo un asilo de los 119 casos que fueron sometidos a su conocimiento; por ello, está en el segundo lugar. En tercer lugar está el juez Sunita B. Mahtabfar, de El Paso.
Nueve de los 10 jueces que menos solicitudes de asilo resuelven favorablemente, están en cortes de los estados de California, Arizona, Texas y Nevada.
John G. Crews II, de la Corte de Los Fresnos, en California, conoció 1.112 solicitudes de asilo entre 2012 y 2017; sin embargo, solo otorgó dos. Según el Trac Inmigration, este juez ocupa la quinta posición entre los primeros 10 que menos asilo otorgan.
Entre las Cortes de Inmigración que menos beneficio de asilo otorgan, la número uno es la de Lumpkin, en el estado de Georgia. Entre 2012 y 2017, de la totalidad de solicitudes que conocieron, 96% fueron negadas.
Ese mismo porcentaje de negación lo tiene la corte de El Paso, Texas. Les siguen Miami y Atlanta con 94%. Oakdale, Eloy y Florence niegan el 93%. Continúa Las Vegas con 92% y Houston con 91%.
Esas nueve cortes de inmigración son, según el estudio de la Universidad de Syracuse, las que más solicitudes rechazan.
Como contraparte, los jueces que más solicitudes de asilo resuelven de manera favorable están en Nueva York. El juez Frederic G. Leeds está en la posición 293; esto quiere decir que, según el informe de la Universidad de Syracuse, es quien más beneficia a los solicitantes de asilo.
En el período de 2012 a 2017, 846 solicitudes fueron conocidas por Leeds. De esa cantidad, este juez solo negó 25. Aunque en las cortes de Nueva York son pocos los salvadoreños que lo solicitan.
