El senador Iván Cepeda viajó a Washington para cumplir una cita con Margarette May Macaulay, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En una reunión que se prolongó por casi dos horas, el congresista puso en conocimiento de su interlocutora las supuestas presiones y amenazas que se habrían derivado de la apertura de un expediente en la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
En abril pasado, el máximo tribunal dejó en firme la decisión de investigar a Uribe por la supuesta fabricación de falsos testigos. Esto tras un sorpresivo giro en el caso, pues esos cargos fueron inicialmente endilgados al senador Iván Cepeda, quien terminó absuelto. En octubre pasado, el presidente Iván Duque posesionó a una nueva camada de magistrados de primera instancia que asumirán procesos contra congresistas, gobernadores y magistrados, y que ahora están a cargo de adelantar la investigación contra el expresidente
En su reunión con May, Cepeda presentó un informe que, según le contó a SEMANA, detalla las presiones que recibieron los magistrados de la corte tras abrir el expediente, como la divulgación desde sectores del uribismo de una supuesta reunión en la que habrían participado el entonces presidente Santos, Cepeda y magistrados de la Corte para pactar un pago de 5 millones de dólares por abrir el proceso contra el exmandatario. Esas informaciones han sido desmentidas por los señalados y, para Cepeda, hacen parte de una cadena de presiones.
Además, Cepeda informó del asesinato de Carlos Areiza, uno de los testigos del caso, y de la situación de seguridad de la esposa de otro testigo, Juan Guillermo Monsalve, pues la mujer tuvo que salir del país tras recibir amenazas. Además, explicó el congresista, el último diagnóstico de riesgo que hizo la Unidad Nacional de Protección sobre su propia situación de seguridad también mostró graves riesgos.
Por eso, dijo Cepeda, con su reunión buscaba “que los organismos internacionales de derechos humanos tengan observación muy clara de la seguridad, incluso de los magistrados y magistradas que llevan el caso, porque en Colombia es usual que se intente presionar a la justicia”. Cepeda pidió un seguimiento atento del caso por parte de la Comisión, “porque hay intento por presionar a los testigos, presionar a los magistrados, porque se han recrudecido las amenazas”.
A comienzos de este año, la Corte Suprema estableció que Cepeda no había excedido sus funciones al recaudar testimonios en varias cárceles del país donde entrevistó a exparamilitares que señalaban a Uribe como uno de los creadores del bloque paramilitar Metro. Tales declaraciones fueron remitidas por Cepeda a las autoridades competentes. El máximo tribunal encontró que esos testigos no fueron manipulados, y que, por el contrario, se habría instrumentalizado a varias personas para llevar a la Justicia a la conclusión contraria. De ahí que la corte al absolver a Cepeda ordenara abrir investigación preliminar contra Uribe por presunta manipulación de testigos.
Uribe, a través de su abogado Jaime Granados, solicitó la nulidad de toda la actuación reservada que adelantó el máximo tribunal con el argumento de que Uribe no tuvo oportunidad de defenderse de tales hallazgos, es decir, pidió que se anule lo esencial de la investigación que llevó a la corte a concluir que varias personas fueron manipuladas para afectar a Cepeda. Sin embargo, el tribunal se sostuvo en su decisión y el expediente permanece abierto.
Fuente: Semana
