La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una especie de tribunal de primera instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA), dará seguimiento al proceso de elección del Fiscal General de El Salvador.
Este fue el resultado de la audiencia en Washington DC en la que el Estado salvadoreño fue emplazado por varias organizaciones que cuestionan el procedimiento para seleccionar al titular del Ministerio Público de entre 17 candidatos.
La CIDH tiene mandatos vinculantes u obligatorios para los Estados miembros del organismo continental.
Los demandantes están agrupados en la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), instancia que desde Washington trabaja en la vigilancia de los procesos de aplicación de la justicia en la región y es quien coordinó la presentación junto al Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (FUNDE), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y Cemujer, entre otras organizaciones que han pedido la intervención de la CIDH.
Caso de Luis Martínez abrió la audiencia
Al iniciar la audiencia, la parte demandante abrió la presentación mostrando la imagen del ex fiscal general, Luis Martínez, procesado por múltiples delitos, desde corrupción, obstrucción de justicia y abuso de poder entre otros, por lo que ya enfrenta la primera pena de cinco años de prisión impuesta por la justicia salvadoreña.
La oficial del programa de DPLF, Úrsula Indacochea, se refirió a la imagen que cubría las pantallas del Salón Padilha Vidal, del edificio administrativo de la OEA y sede de la CIDH, con la leyenda: “El fiscal que vendía la justicia”, para explicar la razón de la advertencia.
“Quisiera iniciar mi intervención con la lámina que tienen puesta en frente de ustedes. Esta lámina muestra una lamentable historia de horror: el más alto funcionario de perseguir la corrupción en El Salvador, el ex fiscal general está actualmente acusado, detenido y procesado por ser precisamente parte de la red de corrupción”, explicó Indacochea.
La representante dijo que esto es parte de las preocupaciones en la sociedad civil salvadoreña por la “opacidad” con la que la Asamblea desarrolla el proceso de selección de los candidatos para el cargo.
El período del actual fiscal, Douglas Meléndez, concluye el 5 de enero de 2019. El funcionario es candidato a la reelección.
Los cuestionamientos
Preocupa sobremanera a los peticionarios que hasta la fecha, luego del fiasco en la elección del anterior fiscal Luis Martínez, se mantenga el esquema de selección del titular del Ministerio Público, porque los compadrazgos políticos y los arreglos tras bastidores pueden llevar a repetir una situación similar.
Además, los demandantes adelantaron a la Comisión, presidida por Margaret May Macaulay, y los relatores, Esmeralda de Troitiño, Joel Hernández y Edison Lanza, que las preocupaciones de las organizaciones radican en que el proceso de elección del Fiscal General tiene serios “vacíos constitucionales” y de forma , por lo que urge un pronunciamiento de la CIDH para acoplar esas normas a estándares internacionales.
“El proceso de elección del Fiscal General tiene una casi absoluta falta de regulación. Ni la Constitución, ni la Ley Orgánica y apenas unos pocos artículos del reglamento interno de la Asamblea Legislativa regulan este tipo de elección; pero además de eso en la convocatoria en curso en este proceso, se abrió, se cerró, se presentaron 32 candidatos, se les entrevistó y se les evaluó y aún no existen las reglas para este proceso; ni criterios de evaluación que al menos se hayan hecho públicos. Han anunciado una lista corta, pero la sociedad civil no tiene ni idea de cómo se llegó a esa lista”, ahondó Indacochea.
Después pasó el turno a los representantes de otras organizaciones que expusieron desde sus perspectivas y sus ámbitos de trabajo las preocupaciones sobre la elección.
Aída Caballero, en representación de Cemujer y otras organizaciones feministas, explicó el impacto en la aplicación de la justicia para las mujeres, y que la figura de la Fiscalía es clave en ese proceso.
Le siguió en sintonía la representante de FESPAD, Carmen Belloso, que litiga en investigaciones sobre hechos del pasado, así como FUNDE en el tema de combate a la corrupción desde el Capítulo El Salvador de Transparencia Internacional, a través de su representante en la audiencia, Jaime López.
No se podían quedar de lado las violaciones a los hechos cometidos por fuerzas del Estado en contra de la población civil, casos que expuso el representante del IDHUCA, Arnau Baulenas, quien reseñó que en el contexto de lucha contra la criminalidad en El Salvador se da cuenta que al menos 1,582 personas han perecido por accionar policial y militar y que el número de investigaciones y casos procesados por la justicia es ínfimo.
Este peticionario explicó que de ahí es de vital importancia transparentar el proceso de nombramiento del Fiscal General porque su figura es clave para investigar a las mismas fuerzas del Estado que se encuentren violando derechos fundamentales.
“Pedimos que el presidente de la Asamblea Legislativa haga públicos de manera completa todos los expedientes de candidatos al cargo de Fiscal General, sin limitarse al formulario de resumen, y que incluya toda la información presentada por los candidatos, la recabada por la Asamblea Legislativa y toda aquella que haya servido para evaluar sus méritos y capacidades; también que se apruebe una metodología de evaluación, lo que debe incluir parámetros para medir aquello que pueda suponer conflictos de interés e independencia de los candidatos”, ahondó Baulenas.
La Asamblea no se hace presente
El Estado salvadoreño, representado por el embajador ante la OEA, Carlos Calles, y dos funcionarias del Ministerio de Relaciones Exteriores involucradas en la temática de derechos humanos, notificaron que habían hecho invitación a la Asamblea Legislativa para participar en esta audiencia, pero que no hubo respuesta desde ese poder del Estado.
Los funcionarios explicaron sobre el proceso en curso en la Asamblea, con las fechas programadas en las subcomisiones formadas en el pleno legislativo para iniciar el proceso; estas han llegado a tener una lista de seis candidatos potables para el cargo, pero que se esperaría que surtiera una elección antes del 21 de diciembre, fecha en que inician las vacaciones de fin de año.
La comisionada de la CIDH, Esmeralda de Troitiño, fue la primera en tomar la palabra dada la importancia de este tema con la audiencia titulada “Independencia judicial y proceso de selección del Fiscal General de El Salvador”.
“El tema de selección y nombramiento de los altos cargos en el sistema de justicia es clave para la protección, eficacia, vigencia y la exigibilidad de todos los derechos. Realmente nuestros países en materia de la selección de los cargos tienen un gran reto, precisamente de contar con normativa especial desde el más alto nivel, como el tema constitucional”, abonó la comisionada Troitiño antes de hacer otras valoraciones.
El comisionado Joel Hernández explicó que esta temática tiene gran interés al centro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dado su impacto en todo el andamiaje social y político de los Estados miembros.
Este comisionado valoró la participación de la sociedad civil salvadoreña, a través de las diversas organizaciones, para empujar un debate abierto y con visos de transparencia para este tipo de nombramientos, y acotó que la CIDH debe estar atenta al proceso solicitado por los peticionarios.
“Invito a la representación de El Salvador para que transmita a la Asamblea Legislativa el deseo de la Comisión Interamericana de poder acompañar estos procesos, sobre todo nuestro deseo de que exista un fiscal independiente, un fiscal idóneo a la altura de los desafíos que tiene El Salvador”, pidió el comisionado Hernández.
Por su parte, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, pidió también que se agoten todas las instancias del Estado salvadoreño para asegurar la transparencia en el proceso con la Ley de Acceso a la Información Pública y presionar en el aparato estatal para aflojar las tuercas que cierran los procesos.
Al concluir la sesión, la presidenta Margaret May Macaulay agradeció a las partes mantener este tema de vital importancia para el Hemisferio, pero también instó a la representación del Estado a tener una comunicación fluida con la CIDH sobre el proceso.
La Cancillería dijo que transmitirá a la Asamblea Legislativa los señalamientos surgidos durante la audiencia.
