Uno de los países más noticiosos y afectados del año en la región ha sido Nicaragua. Sus habitantes, víctimas de malas políticas aplicadas por el régimen de Daniel Ortega, han sido presionadas por mecanismos denunciados por la oposición y la comunidad internacional.
Las protestas que comenzaron en abril solo fueron un abrebocas de lo que en el pasado se ha reclamado y que coloca al presidente y a su gabinete en una posición aislada.
Más de 300 muertos y 500 presos políticos son algunos números de un balance menospreciados desde Managua.
Por eso, en el día de los derechos humanos, organizaciones que exigen el respeto de esto aprovecharon la fecha para conmemorar a los fallecidos, vistos por el régimen de Ortega como “terroristas”.
Una marcha que debía celebrarse en la jornada fue rechazada por el gobierno, quien dio paso a un movimiento de su policía, grupo puesto bajo la lupa por estar del lado del verdugo en los ataques a los manifestantes.
Como si nada sucediera, el canciller Denis Moncada destacó las herramientas del Ejecutivo para la protección de los derechos humanos, motivo de rechazo por parte de una oposición que pide la salida de Ortega, o en su defecto, el adelanto para los primeros episodios de 2019 de las elecciones presidenciales.
