El pasado 9 de Diciembre se celebró el día Internacional contra la Corrupción designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de promover acciones para combatirla y prevenirla. Y es que el problema es muy grande: según el Foro Económico Mundial, el costo de la corrupción a nivel global se estima en al menos 2.6 billones de dólares es decir, el 5 % del producto interno bruto mundial.

En el caso de América Latina, la corrupción se ha convertido en uno de los temas más preocupantes para sus ciudadanos y por lo tanto materia obligada en las campañas electorales de la región. Por ejemplo, durante el año 2018 no solo fue elemento clave en las 5 elecciones presidenciales de Brasil, Colombia, Costa Rica, México y Paraguay, sino que logró inclinar los resultados en por lo menos dos de ellas. En Brasil, una de las razones fundamentales del triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro sobre el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad fue precisamente el hastío del electorado con los casos de corrupción de los gobiernos de José Inacio Lula Da Silva y de sus sucesores. En México por su parte, el mismo hartazgo con el uso del poder para beneficio propio impulsó al candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a ganar la presidencia y llegar finalmente al Palacio Nacional luego de varios intentos.

Durante décadas el tema de la corrupción en América Latina ha preocupado a los líderes del hemisferio ya que es considerada una de las amenazas más grandes contra el sistema democrático. Y es que cuando los actos de corrupción impulsan a los ciudadanos a perder la confianza en sus gobernantes, estos también abandonan la convicción en el poder de su voto abriéndole el camino a sistemas dictatoriales de derecha y de izquierda.

En ese sentido debe preocuparnos que según la organización Transparencia Internacional, la percepción de corrupción del sector público en América Latina sigue en niveles críticos. Una encuesta conducida por ellos en el 2017 revela que 1 de cada 3 ciudadanos en la región dijeron haber pagado sobornos a algún miembro de su gobierno. Según la misma encuesta, el 29 % de los ciudadanos dijo haber pagado alguna “mordida”, “untada” o “coima” al utilizar servicios públicos como escuelas, hospitales, adquisición de documentos, policía y tribunales. Esto equivale a aproximadamente 90 millones de personas en los países encuestados.

Los altos niveles de corrupción se encuentran estrechamente correlacionados con tres factores fundamentales: la ausencia de separación de poderes entre el Ejecutivo, Judicial y Legislativo; las restricciones a la libertad de prensa así como las limitaciones al empoderamiento de la sociedad civil como vigilantes de las acciones de lo gobiernos.

Con respecto a la importancia de los activistas y de la prensa, los resultados son alarmantes: al menos un periodista es asesinado por semana en un país altamente corrupto. De acuerdo a la experta en violencia Rachael Kleinfeld, México es el país de la región con el mayor numero de periodistas asesinados. Un dato aún mas preocupante es que quienes pierden sus vidas son mayoritariamente investigadores de casos de corrupción y no de narcotráfico como piensa la mayoría. En Honduras, el nivel más alto de soborno se registró en el trato con los tribunales mientras que en Venezuela, el país más corrupto del Hemisferio según Transparencia Internacional, el 73 % de los encuestados considera que la policía es sumamente corrupta.

Lo cierto es que a pesar de los avances, América Latina sigue estando muy atrás en su lucha contra este mal.

Las buenas noticias nos las ha dado el Secretario General de La OEA, Luis Almagro, quien aseguró esta semana que estamos en un punto de inflexión importante, pues la Convención Interamericana Contra la Corrupción se ha declarado en campaña constante para erradicarla. Esperemos que así sea y que en efecto por el bien de la democracia, a la corrupción en América Latina le haya llegado su día.

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