La compra de un terreno en el cantón Los Llanitos, en el municipio de Ayutuxtepeque en el 2006, ha sido todo un dolor de cabeza para Orlando Abdalá Ferrufino porque, no solamente asegura que ha sido víctima de una estafa y la causa para haber pasado por la prisión, sino por enfrentar dos procesos judiciales, uno a su favor y otro en contra.
El primer proceso lo entabló Abdalá Ferrufino contra sus acreedores (Manuel Rodríguez y Rosa María Reyes) por estafa y falsedad ideológica (insertar información falsa en un documento), el cual concluyó en diciembre de 2012 con una absolución por falta de pruebas que probara que hubo engaño de por medio en la compra de un terreno y por el cual pagó 23 mil dólares.
La resolución del Tribunal Tercero de Sentencia solo falló en materia penal y dejó al ofendido en la posibilidad de promover un juicio de tipo civil para que la propiedad en litigio fuera devuelta con todos los derechos legales a la víctima, una diligencia que aún está pendiente de comenzar.
Pero mientras Abdalá Ferrufino no asume la posesión del inmueble en Los Llanitos, que quedó en pago por los 23 mil dólares que dio en préstamo a Rosa María, deberá cerrar un proceso judicial en el Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador, en el que ya no figura como víctima sino como imputado y en donde el principal implicado es Manuel Rodríguez, quien ha prometido devolver el valor de lo estafado no solo a este contador de 75 años, sino a más víctimas.
Abdalá Ferrufino asegura haber entregado $ 23,000 en préstamo a Rosa María Reyes y al esposo de esta, Manuel Rodríguez, por una propiedad situada en caserío La Joya, en cantón Los Llanitos de Ayutuxtepeque, que según las investigaciones también fue vendido a otras personas, según consta los procesos judiciales en el Tribunal Tercero de Sentencia y en el Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador.
Abdalá Ferrufino asegura que el 28 de noviembre de 2006 adquirió esa propiedad que constaba de seis lotes en garantía bajo un documento conocido como “venta con pacto de retroventa”.
Este documento garantizaba a Abdalá Ferrufino que, si en el plazo de seis meses sus deudores no pagaban la suma entregada, la propiedad dada en garantía pasaba automáticamente a su nombre y así fue ante la falta del pago.
La víctima aseguró que la propiedad que tomó en garantía está compuesta por cinco lotes y una zona verde, además manifestó que uno de los deudores, Rodríguez, le pidió vender una de esas parcelas a Laura Carolina Otero, quien, para construir su casa, requirió de un crédito del Fondo Social para la Vivienda (FSV).
Para que el FSV desembolsara el dinero, Abdalá Ferrufino tuvo que firmar el traspaso y de esa manera hipotecarlo a favor del Fondo.
La beneficiada empezó a pagar las cuotas que el FSV y, aunque sus pagos estaban al día, el FSV se enteró de que la propiedad que estaba respaldando para otorgar el préstamo a Otero tenía otros dueños y habría denunciado la irregularidad ante Fiscalía General de la República.
El Ministerio Público hizo la investigación y esta terminó con la captura no solo de Rosa María Reyes y Manuel Rodríguez, sino del último comprador, Abdalá Ferrufino, por el delito de estafa agravada.
En estas circunstancias, Abdalá Ferrufino pasó de víctima a imputado junto a ellos, quienes también habían vendido la misma propiedad que él adquirió en pago por los $ 23,000 que había prestado.
Él y los demás permanecieron en prisión varios meses hasta llegar a la audiencia preliminar en el que el Juzgado Décimo de Instrucción de San Salvador, en la que se avaló la conciliación que Manuel Reyes, principal implicado en la estafa, ofreció y en la que se comprometió con nueve víctimas, incluyendo a Abdalá Ferrufino y el Fondo Social para la Vivienda, a devolver lo estafado a cada víctima a más tardar en el 2019, según consta en el expediente judicial, ahora en poder el Juzgado Primero de Instrucción.
La cuantía del total de la estafa no fue posible conocerla en el expediente judicial, pero en el caso de Abdalá, el supuesto daño económico es de 23 mil dólares más los intereses devengados a la fecha, además hay otros montos en perjuicio de otras personas que no fueron precisados en el legajo de documentos en la sede judicial.
Fuente: El Salvador
