Según Mark Wolf, un juez de Estados Unidos reconocido por su lucha contra la corrupción, existe un delito llamado, la “gran corrupción”, que significa el abuso de un cargo público para beneficio privado. América Latina se ha convertido en un caso de estudio por ser una tierra fértil para este mal. Guatemala, en medio de un Gobierno de derecha, encabezado por el comediante Jimmy Morales, no ha escapado de este flagelo que pesa sobre las próximas elecciones presidenciales, a celebrarse en el primer semestre de 2019.
De acuerdo con el informe de 2017 de la firma Latinobarómetro, la corrupción figura en el cuarto lugar de los principales problemas en América Latina. El 75% de los encuestados consideró que los gobernantes trabajan para su propio beneficio y no por el de la población, lo que demuestra que la sociedad está consciente de “la gran corrupción”.
El conocimiento sobre las actuaciones ilegales de quienes detentan el poder mantiene en el ojo del huracán a Jimmy Morales, un cristiano evangélico que ocupó la Secretaría General del partido Frente de Convergencia Nacional desde el año 2013, cuando se unió a las filas de la organización y llegó a la presidencia de la República de Guatemala en 2015 con 65.48% de los votos en la segunda vuelta contra Sandra Torres.
Aunque el slogan del político para llegar al palacio de Gobierno era “ni corrupto ni ladrón”, desde el primer año de su mandato está envuelto en casos de corrupción. Morales, de derecha, ha alegado en medio de las investigaciones que pesan sobre él y familiares cercanos, que existe una persecución política. El principal señalamiento es el financiamiento ilícito de la campaña que lo llevó al poder.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), con presencia en el país desde 2007 y el Ministerio Público evidenciaron que en 2015 de manera ilegal Morales recibió dos millones de dólares en su carrera por la presidencia; la investigación logró que 10 importantes empresarios reconocieran el hecho y pidieran perdón.
No solo Morales estaría involucrado en estos actos. La Cicig también investiga al hijo del jefe de Estado, José Manuel Morales y a su hermano Samuel Morales, además de la exdirectora del Registro General de la Propiedad (RGP), Anabella de León y 22 personas más, todos estarían envueltos en un entramado dentro del RPG.
La respuesta del mandatario fue declarar persona non grata al jefe de la Cicig, Iván Velázquez, por delatar a su hijo y a su hermano y aunque salió al paso, la Corte Constitucional de Guatemala rechazó la decisión.
La sensibilidad de los políticos
Al presidente Morales no le gusta hablar de la corrupción familiar. “Tratan de obtener información a través de mí que de una u otra forma se sabrá con el desarrollo de la investigación”, ha expresado el mandatario. Al parecer reconoce los hechos, pero prefiere que sean otros los que lo hagan público.
Según firmas de recopilación de datos en Guatemala, el presidente Jimmy Morales está desgastado y apenas tiene aceptación de 30% de la población, mientras que la Cicig es aceptada por 75% de los guatemaltecos, quienes protestaron diciendo que la organización debe seguir en el país.
La gran estafa
Un presidente que llegó a Guatemala con la promesa de acabar con uno de los principales problemas de esa nación, hoy está envuelto en lo que alguna vez cuestionó. Para el consultor político experto en América Latina, Amaury Mogollón, este mal afecta el desarrollo sostenible, menoscaba la democracia y la gobernabilidad.
“Dejó de ser el presidente Jimmy para convertirse en la gran estafa que logró engañar a un pueblo. Lo único que ha hecho es blindarse para no ser salpicado”, dijo Mogollón.
En agosto de 2018 la Corte Suprema de Justicia, ordenó que se iniciara el antejuicio de mérito contra el presidente Morales, tras una petición del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. La decisión fue enviada al Congreso, pero de los 105 votos que se requerían, solo se obtuvieron 39, por lo que el expediente fue guardado en la Dirección Legislativa del Congreso y quedó a disposición del pleno, tal como lo establece la Ley en Materia de Antejuicios.
2019 podría traer mayor inestabilidad en el Gobierno de Morales. Amaury Mogollón vaticina complejidad y aumento de las protestas ciudadanas en contra de la forma de Gobierno y el blindaje de los funcionarios públicos.
Navidad y libertad
En medio de todo este escándalo, Jimmy Morales envío un mensaje de Navidad a sus connacionales, en el cual no habló de problemas ni de corrupción, sino que pidió libertad, fe y unidad. “Ruego por una Guatemala unida, próspera y una en paz… renuevo mi convicción por construir una mejor nación”, dijo.
Guatemala es un país de Centroamérica de 17 millones de habitantes, de los cuales, según datos locales, al menos la mitad vive en pobreza extrema, situación que se incrementa debido a la marginación social, productividad sin equidad y corrupción; tres males con los que han luchado los ciudadanos desde hace años. Cuando Jimmy Morales llegó a la presidencia lo hizo porque era conocido como comediante y no como político: La sociedad le dio la oportunidad.
Según el consultor político Amaury Mogollón, el guatemalteco demanda una nueva fórmula de hacer política, en la cual se encuentre la gobernabilidad, la academia y la sociedad civil. “Esa fórmula debe buscar acabar con la corrupción y convertir a Guatemala en un país transparente. Esa fórmula debe estar conformada por nuevos liderazgos”.
El experto consideró que el actual jefe de Estado no tiene posibilidades de reivindicarse porque la población que confió en él, se siente estafada y burlada.
“La gran corrupción”, de esa que habla el juez estadounidense Mark Wolf, se ha convertido en uno de los nuevos temas de la agenda mundial pero especialmente en América Latina. Odebrecht, Panama Papers, Lava Jato son algunos de los casos mediáticos, sin embargo son más los que continúan quitándole recursos a la región que pudieron invertirse en salud, seguridad o educación. La preocupación por la transparencia pareciera aumentar, una muestra fue la VIII Cumbre de Las Américas, celebrada en Perú en abril de 2018, ahí las delegaciones acordaron fortalecer las instituciones democráticas para combatir este problema que no solo afecta a América Latina, sino al mundo.
