Una carta de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) a la constructora Astaldi, enviada dos años antes que se firmara el Arreglo Directo, confirma que para la autónoma nunca hubo evidencias técnicas que justificaran los problemas geológicos y técnicos en la construcción de la presa El Chaparral para luego pagar $108.5 millones, los cuales incluyen $3.5 millones de un soborno que hizo la firma italiana al ex presidente Mauricio Funes y Miguel Menéndez, según la Fiscalía General de la República.
La misiva, enviada el 12 de agosto de 2010 y firmada por el entonces director ejecutivo de la CEL, Jaime Contreras, asegura que los argumentos de la ex constructora del proyecto hidroeléctrico no eran válidos y que no significaban evidencia técnica para demostrar que hubo “imprevistos imprevisibles” en la margen derecha de la montaña donde se asentaría la presa de la central hidroeléctrica en el norte del departamento de San Miguel.
Esta correspondencia tenía como destinatario al entonces apoderado general administrativo de Astaldi en el país, Mario Pieragostini, quien ha sido acusado por la Fiscalía General de la República junto con el ex presidente de la autónoma, Leopoldo Samour, Funes, su actual pareja, Ada Mitchell Guzmán (ambos asilados en Nicaragua) y Menéndez, conocido como “Mecafé”.
“Se concluye que los reclamos presentados por Astaldi no son procedentes en vista de que no cuentan con los sustentos técnicos que puedan confirmar los argumentos en que se basan y no demuestran la concurrencia de razones imprevisibles de fuerza mayor o caso fortuito, debiendo continuar con el desarrollo de las obras para no incumplir con los plazos contractuales. No omitimos manifestar que en ninguna de las cartas se indicó el daño o perjuicio del que presuntamente fue objeto Astaldi”, dice la carta enviada por Contreras a los italianos.
Esta situación, según los informes de la empresa que supervisó El Chaparral entre 2008 y 2012 (el asocio Euroestudios-Ingetec), también confirma que la firma paralizó el proyecto en junio de 2010, luego de la tormenta Agatha, y reconoce un mal manejo en las tareas de excavación y de soporte del macizo montañoso, lo cual generó “un problema de estabilidad”, sobre todo por el abuso de dinamita y otros materiales para adecuar la montaña y poder construir una presa de tipo CCR (concreto compactado con rodillo).
“Se concluye que era claro para los licitantes que la situación geológica y geotécnica de la margen derecha era extremadamente complicada y desfavorable, siendo por lo tanto algo previsible para los costos de Astaldi”, dice una parte de la supervisión, consultado por este periódico.
En la carta de Contreras a Pieragostini también se le recuerda a Astaldi que, por respeto a sus obligaciones contractuales, tenía que reanudar los trabajos en cada zona de la obra sin implicación con la situación margen derecha y que tenían que tomar en cuenta que dicha decisión, unilateral, afectaría el programa de ejecución de las obras.
“Hemos observado la suspensión total de los trabajos, desde el 17 de junio de 2010 en la casa de máquinas, presa, túnel de desfogue y margen izquierda y derecha, Astaldi debe tener en cuenta el efecto de esa decisión unilateral en el programa de ejecución de trabajos”, le recuerda Contreras a Pieragostini.
Asimismo el ex director ejecutivo de la CEL enfatiza en la carta enviada a Astaldi que la constructora debía presentar un planteamiento completo del diseño detallado de la presa El Chaparral, asociado a medidas técnicas y constructivas que se tomarían en cuenta para no incumplir con los plazos contractuales, un aspecto que no conllevó sanciones por parte de la CEL. Esto nunca sucedió.
Fuente: El Salvador
