El pasado lunes, en un supuesto acto de defensa a la soberanía, el presidente de Guatemala Jimmy Morales ordenó la expulsión de la comisión anticorrupción enviada por las Naciones Unidas a ese país hace mas de una década. Y es que cuando el poder corrompe, el libreto de quienes lo detentan es el mismo: evitar a toda costa las sanciones de organismos internacionales por sus actos de corrupción, violaciones a los derechos humanos o a la Constitución escudándose en conceptos que inflaman el nacionalismo. En América Latina esto es un disco repetido múltiples veces por “demócratas” con aspiraciones totalitarias. Por ejemplo, José Ignacio Lula Da Silva, Kristina Kirschner, Nicolás Maduro y Alberto Fujimori para mencionar solo algunos, han tenido aspiraciones similares, sin embargo, queremos destacar hoy el hecho de que por lo menos hasta la fecha, han enfrentado suertes distintas. Vale la pena entonces hacerse la pregunta del por qué de esa diferencia. Estamos convencidos de que la distinción reside en la existencia o no de un tribunal supremo de justicia autónomo que logre frenar las ansias totalitarias de los gobernantes y su tren ejecutivo. En otras palabras, la efectiva separación de poderes marca la diferencia entre la democracia y el totalitarismo. Es importante por ello analizar la situación de Guatemala hoy. Veamos.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) expulsada por el presidente Morales habría estado investigando casos de corrupción contra él y otros políticos de alto nivel de ese país centroamericano. Esta Comisión había sido creada por un acuerdo, recalcamos “acuerdo” entre Guatemala y las Naciones Unidas en diciembre del 2006 con el objetivo de ayudar al Ministerio Publico y al gobierno de Guatemala a combatir el crimen en el país. Fue debido a este acuerdo que se descubrió la red de corrupción que llegaba en ese momento hasta el entonces presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldett. Ambos sometidos hoy a juicio por sus delitos.
A pesar de los claros éxitos obtenidos por la Comisión, el pasado lunes el presidente de Guatemala se refirió a ella de esta manera: “La CICIG durante su estadía en Guatemala ha puesto en riesgo la seguridad de la nación, el orden público, la gobernabilidad, el respeto a los derechos humanos, pero sobre todo la soberanía del Estado de Guatemala”. La misma cantaleta que han dicho en su oportunidad sus homólogos, la verdad sin embargo, es de conocimiento de todos. Esta decisión no es otra cosa que un intento desesperado para evitar que procedan judicialmente los señalamientos de corrupción en su contra promovidos por la Fiscalía y la (CICIG). Lo acusan de financiamiento electoral ilícito cuando ocupaba el cargo de secretario general del partido que lo llevó al poder. Se esperaba que esta misma semana se conformara en el Congreso la comisión para determinar si se daba luz verde al proceso para despojar de la inmunidad al mandatario. Cuando hizo el anuncio, apareció de manera amenazante, rodeado de militares. Otro elemento típico del libreto.
La Corte Suprema de Justicia de ese país, inmediatamente dictaminó en contra de la expulsión de la Comisión retando de esa manera la decisión del gobierno de Morales, tal como lo ha hecho de manera reiterada desde que el Presidente comenzara hace mas de un año a bloquear los hallazgos de la Comisión. Por su parte, el Secretario General de la ONU Antonio Guterres ha expresado su apoyo a las actividades de la CICIG y ha exhortado al gobierno de Guatemala a recapacitar.
Esperamos que la institucionalidad y la democracia triunfen en Guatemala y nos solidarizamos con quienes defienden la Constitución y los derechos humanos de ese país. En ese sentido Daniel Wilkinson, Managing Director del American Division de Human Rights Watch dijo en su cuenta twiter: “Un desesperado @jimmymoralesgt decidió terminar con la @CICIGgt de Guatemala. Pero felizmente él no tiene la última palabra. Es la Corte de Constitucionalidad la que nuevamente puede salvar al país del pacto del presidente con los corruptos”.
Que así sea.
