Para que un gobernante tenga reconocimiento de parte de la sociedad debe existir legitimidad de origen y de desempeño. La primera, surge de un proceso electoral libre y con condiciones claras de acuerdo a la Constitución; la segunda, se concreta en medio del ejercicio del poder, de acuerdo a los estatutos legales de cada país. En Venezuela, estos dos términos han generado ruido desde que Nicolás Maduro llegó al poder en el año 2013.
Maduro, según el Poder Legislativo, usurpa un el Poder Ejecutivo desde el 10 de enero de 2019, cuando prestó juramento ante el cuestionado Poder Judicial. La Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Lima, desconocen su nuevo período por carecer de legitimidad de origen.
Según el abogado constitucionalista Oscar Arnal, una de las razones que justifican la ilegitimidad de Nicolás Maduro, es la elección presidencial del 20 de mayo, convocada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), órgano que también carece de legitimidad de origen al crearse sin un referendo consultivo, como lo establece la Constitución de la República en el artículo 247 y a su vez, se eligieron los candidatos de manera “corporativa” y no de manera democrática, establecido así en la carta magna.
La Constitución venezolana, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Democrática Interamericana, son tres de los tratados que establecen elecciones libres, justas y transparentes, lo que también deja en evidencia la ausencia de legitimidad de Nicolás Maduro porque en el proceso electoral de mayo de 2018, los principales partidos de oposición, Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, estuvieron inhabilitados, además de dirigentes como Henrique Capriles, inhabilitado, Leopoldo López, preso político y Antonio Ledezma en el exilio. Según Organizaciones No Gubernamentales, este escenario parece haber sido planificado por el régimen, que intentó vender una elección con democracia, pero sin verdaderos oponentes.
Otra razón que determina la ilegitimidad de origen de Maduro es que la elección debió convocarse para diciembre de 2018 pero el llamado se hizo para mayo de ese año, siete meses antes. En la elección presidencial de 2012, el Consejo Nacional Electoral hizo el llamado 390 días antes, lo que permitió que, aunque hubo denuncias de ventajismo, todos los procesos se cumplieran. En 2018, la elección se convocó con 74 días de antelación, lo que según el Observatorio Electoral Venezolano, rompió una tradición democrática en el país petrolero.
Amparándose en estos argumentos, el presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, sostuvo desde el 5 de enero de 2019, día que prestó juramento en plenaria, que Nicolás Maduro usurpa el Poder Ejecutivo y debe iniciar un gobierno de transición, liderado por él, de acuerdo al artículo 233 de la Constitución, el cual establece que cuando haya vacío de Poder al momento de iniciar un período presidencial, el presidente del Parlamento nacional, debe asumir la presidencia de la República por 30 días y convocar a nuevas elecciones.
Legitimidad de dudosa procedencia
Maduro llegó a gobernar Venezuela tras la muerte de Hugo Chávez en 2013. Fue el heredero de la llamada Revolución bolivariana. Ante un proceso electoral en el cual abundó el ventajismo y las irregularidades, ganó a Henrique Capriles por 141 mil 348 votos, casi dos puntos porcentuales. Capriles no reconoció el resultado, pidió contar los votos, pero, aunque Maduro había aceptado, se juramentó el 19 de abril en medio de protestas en rechazo al resultado electoral.
El triunfo de Maduro parecía estar sólido hasta 2015, cuando la oposición capitalizó la mayoría del parlamento nacional, con 56% de los votos, contra 41% del sector oficial. Una de las promesas de la Asamblea Nacional, era generar mecanismos que condujeran al cese del Gobierno de Maduro. La primera medida del Poder Legislativo fue iniciar un referendo revocatorio, pero el Consejo Nacional Electoral, con junta directiva vencida, en octubre de 2016 bloqueó el proceso por supuestas irregularidades en la recolección de 1% de los electores inscritos. Aunque Hugo Chávez permitió un revocatorio en 2004, con Maduro fue imposible que se concretara.
Llegó 2017 y en ese año la Asamblea Nacional destituyó a Maduro por considerar que abandonó el cargo al no solucionar la crisis que comenzaba a agudizarse. Esta posición fue ratificada en agosto de 2018, pero ante la subordinación del Poder Judicial y del Poder Electoral al Poder Ejecutivo, las decisiones del Parlamento, no tuvieron efecto inmediato.
Julio de 2017 fue determinante para la democracia venezolana. El Parlamento, -alegando que los magistrados del Poder Judicial eran ilegales por ser designados por la antigua directiva chavista durante período de vacaciones legislativas-, nombró 33 nuevos representantes del Tribunal Supremo de Justicia, pero a los días, tuvieron que huír del país. Ese TSJ en el exilio también declaró la vacante de la presidencia de la República y además denunció la violación de Derechos Humanos por parte del sistema político que lidera Maduro.
El 30 de julio, en medio de unas tensas protestas que pedían elecciones generales, libres y justas, Maduro concretó su Asamblea Nacional Constituyente. De acuerdo al Consejo Nacional Electoral, no hay datos de cuántos votos obtuvo cada uno de los 355 integrantes de este órgano, lo que da inicio al cuestionado proceso de legitimidad.
A partir de 2019 el venezolano no solo hablará de hambre, miseria y corrupción. Hay dos términos que suenan en todos los sectores: legitimidad de origen y de desempeño. Quedará de parte de la población y de la Fuerza Armada Nacional, que se restituya el orden constitucional e inicie un gobierno de transición.
