Una carta enviada del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) confirmó que Japón le exige a El Salvador que garantice que el Puerto de La Unión no será usado con fines militares, antes de avalar o no el proceso de concesión de esta terminal marítima, que lleva 10 años abandonada.
La misiva, firmada por el canciller de la República, Carlos Castaneda, y enviada al titular de la autónoma, Nelson Vanegas, el 8 de enero, pide que se formule “una declaración” por parte del gobierno salvadoreño al respecto y que esta se envíe tanto a la Embajada de Japón como a la Agencia de la Cooperación Internacional del Japón (JICA), que aún revisa las bases de licitación y el modelo para concesionar el puerto.
“Se resalta la solicitud que realizara a este ministerio el gobierno de Japón por medio de su embajada acreditada en nuestro país en el sentido que se formule una declaración, en nombre del gobierno de la República de El Salvador, en la que se garantice que el Puerto de La Unión no será utilizado para fines militares, todo en el marco del proceso de revisión que realiza el JICA y CEPA al contrato de concesión del puerto de La Unión Centroamericana”, se lee en la carta.
De momento, CEPA espera que el JICA responda el último paso para lanzar la licitación, la cual, según el presidente de la autónoma, Nelson Vanegas, se iba a realizar en diciembre pero ha sufrido un retraso por estos procedimientos.
“El JICA ya envió toda la documentación a Japón y está a la espera de una respuesta. Nosotros, como CEPA, ya respondimos a sus consultas y creemos que no debería haber ningún inconveniente porque estamos en buena relación con ellos y no hemos tenido atrasos en el pago del crédito, pero debemos esperar para seguir el proceso de ley”, explicó Vanegas en diciembre.
Vale recordar que el organismo cooperante japonés prestó $ 101 millones para la construcción de la terminal marítima, la cual se ha intentado en dos ocasiones concesionar sin éxito.
Estados Unidos también ha mostrado preocupación sobre este último proceso de licitación, el cual se ha calificado como “poco transparente”.
