En el año 2015, cuando Juan Guaidó llegó a ocupar una curul en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional, lo hizo con el respaldo de 97 mil 492 electores del estado Vargas, una región a 30 minutos de la capital venezolana y de donde es oriundo. Era una cara nueva para la política y con 32 años llegó a ser diputado principal del Poder Legislativo, el segundo electo por la población.
Aunque el régimen de Nicolás Maduro intentó invalidar la Asamblea Nacional, los parlamentarios, sin salario y sin condiciones óptimas, mantuvieron la agenda. Las denuncias por corrupción y crímenes de lesa humanidad ante la comunidad internacional llevaron a que los países reconocieran el parlamento que Maduro intentó bloquear. Guaidó, desde la Comisión de Contraloría, lideró algunas de esas denuncias.
Según un acuerdo de gobernabilidad firmado por los principales partidos oponentes a Maduro, la presidencia de la Asamblea Nacional del período 2019-2020, le correspondía al partido político que representa el líder detenido, Leopoldo López, Voluntad Popular. Los principales dirigentes de este partido están en el exilio por la persecución del régimen y todo parecía indicar que Guaidó, con poca carrera política, asumiría las riendas del parlamento.
Llegó el 5 de enero, día en el que se juramentó, por mandato constitucional, la nueva junta directiva del Poder Legislativo. Acompañado de su esposa y de su hija, arribó Guaidó al Palacio Federal Legislativo y la principal interrogante de los periodistas tenía relación con la medida a tomar a partir del 10 de enero, pues ese día se juramentaba Maduro en medio del desconocimiento de las elecciones que lo llevaron a su segundo período. Y así fue, nada lo detuvo, asumió el poder.
En medio de su primer discurso como presidente del parlamento, Juan Guaidó dijo que el régimen no tenía intención de rectificar sobre la compleja situación del país. “Juegan con el tiempo para hacer creer que buscan soluciones a la crisis mientras se alían con grupos irregulares en la frontera para poder tener el control”, declaró el presidente de la Asamblea Nacional (AN).
INFOGRAFÍA. Proceso de cómo Venezuela llegó a la crisis política de la actualidad.
La trinidad de la transición
Guaidó no había sido tan frontal hasta que, respaldándose en el artículo 70 de la constitución, convocó al primer cabildo abierto el 11 de enero en Caracas, donde por primera vez dijo que asumiría las funciones del Ejecutivo. El presidente del parlamento fue el centro de atención cuando frente a cientos de caraqueños, expresó que se apegaba a los artículos 233, 333 y 350, los cuales, desconocen un régimen que menoscabe los principios democráticos.
El artículo 233 establece que corresponde al presidente de la Asamblea Nacional, asumir la presidencia de la República cuando el electo no está en condiciones mentales, murió, o fue destituido por el parlamento con sentencia del TSJ. Guaidó se apegó a este artículo al alegar que, aunque hay alguien el poder, esa persona, -Maduro-, no fue electa, por lo tanto, usurpa el poder y debe el líder de la Asamblea Nacional, asumir el cargo.
Cese de la usurpación, Gobierno de transición y elecciones libres. Ese es itinerario propuesto por el hoy presidente encargado. Los cabildos abiertos sirvieron para capitalizar el descontento popular en contra de Maduro y su cúpula y, pese a ser detenido por un breve período por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Guaidó logró que el 23 de enero, en 53 puntos en todos los estados del país, la población venezolana saliera a respaldarlo.
La visible fractura en la oposición luego de 2017 parecía que llegaba a su fin. Todos los partidos, desde Avanzada Progresista, que participó en las elecciones de Maduro, hasta Vente Venezuela, habían unido criterios para apoyar a Guaidó, quien juró ante miles y ante la junta directiva del Parlamento, ser el presidente encargado hasta que se concreten unas elecciones libres, como lo manda la Constitución.
Constitucionalidad del acto
Desde el 23 de enero, Juan Guaidó, captó la atención del país y de la comunidad internacional. De acuerdo a lo explicado por el abogado constitucionalista, José Vicente Haro, la decisión del presidente de la AN es legal al ampararse en el artículo 233 de la Carta Magna.
“El periodo constitucional del gobierno de Maduro terminó el 9 de enero del 2019. El 10 de enero debió juramentar en Venezuela un presidente legítimamente electo, es decir, electo en elecciones auténticas, libres, universales y transparentes”, dijo Haro al justificar la falta de garantías de la elección del 20 de mayo por la inhabilitación de partidos, de políticos y la compra de votos por parte del régimen.
La acción de Guaidó, de juramentarse como presidente encargado, fue rechazada de inmediato por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Poder subordinado a las órdenes de Maduro. El régimen denunció un golpe de Estado haciendo referencia a los hechos del año 2002, cuando Pedro Carmona Estanga, entonces presidente de Fedecámaras, la principal cúpula empresarial del país, juró en Miraflores ser el nuevo Presidente del país, mientras Hugo Chávez firmaba una renuncia a su poder.
A Guaidó aún no se le ha encarcelado, pese a las amenazas de Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios, quien dijo que la celda para el presidente encargado y para los integrantes de su Gobierno, ya estaba preparada.
Represión desmedida
En Venezuela ha sido común decir que el fin de este régimen se concretará cuando quienes habitan los sectores populares -electores que llevaron a Chávez al poder en 1998-, se alcen contra el régimen dictatorial. Sin embargo, por años, las protestas se concentraron en sectores de clase media, protagonizadas por jóvenes estudiantes y profesionales.
El hambre que ha sido generado por la peor crisis, con una hiperinflación diaria de 3%, hizo que los barrios en Venezuela expresaran su rechazo a Maduro. Para los vecinos, es el principal responsable de declive económico y social del país.
“Nada nos alcanza. Tenemos que ir a la calle para luchar por Venezuela. Somos grande… estamos en la pobreza, somos el pueblo. ¿Más o menos? Tenemos que salir a la calle para sacar a ese coño de madre que está bien gordo, como un cochino y uno aquí pasando hambre… ¡Qué arrecho!”, fueron las palabras de María Fernanda Rodríguez, vecina de la populosa parroquia Cotiza, zona que protestó en apoyo a un grupo de militares que se alzó en contra de Maduro.
Desde el 21 hasta el 26 de enero, la Organización No Gubernamental (ONG) Foro Penal Venezolano, registró 791 detenciones por protestar y al menos 35 personas asesinadas por funcionarios de seguridad. Todos ejecutados en sectores populares. El único delito, rechazar el régimen de Nicolás Maduro.
Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), es un grupo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que ha liderado los asesinatos a los ciudadanos que protestan y apoyan la presidencia encargada de Juan Guaidó, quien el pasado domingo 27 de enero ordenó, como comandante en Jefe, cesar la violencia en las protestas.
Para hacerle frente a esta violación de derechos humanos por parte del régimen madurista, Guaidó designó al primer vicepresidente del parlamento, Edgar Zambrano, como encargado de documentar la cifra de heridos, detenidos y asesinados durante los últimos días.
Las protestas en contra de Maduro han terminado en violencia por parte de los oficiales de seguridad. En 2014, cuando se promovió “La salida” fueron asesinados 43 jóvenes, en 2017, cuando la población pidió elecciones generales durante cuatro meses, el régimen sentenció a 163 personas y ahora, en 2019, cuando la población pide cese a la usurpación, Gobierno de transición y elecciones libres, los organismos de seguridad asesinan a 35. En cinco años, pensar distinto le arrebató la vida a al menos 241 personas, sin incluir a quienes caen diariamente en uno de los países más violentos del mundo.
En el ojo de huracán
Luego de la juramentación del presidente encargado el 23 de enero – junto al pueblo -, la comunidad internacional fijó postura. Los países del Grupo de Lima, excepto México, lo reconocieron. Estados Unidos ha sido el más frontal y ha dado ultimátum al régimen de Maduro de que no pretenda imponerse el poder porque “todas las cartas están sobre la mesa”. El presidente Donald Trump, ha dicho incluso, que debe cuidarse la integridad de Guaidó, por ser el único representante de una autoridad legítima.
Una de las medidas más contundentes que acorralan a Maduro, es que el Departamento de Estado de Estados Unidos, certificó la autoridad de Juan Guaidó para recibir y controlar las propiedades y cuentas de Venezuela y del Banco Central de Venezuela en poder de la Reserva Federal o cualquier banco de Estados Unidos, lo que fue rechazado por el la dictadura.
Según el internacionalista, Félix Arellano, se busca una salida pacífica hasta que se logre la reconducción de la democracia, pero si el régimen no acepta, habrá otras acciones. “Todo está claro por parte de la comunidad internacional. Si Maduro no se decide, es notorio que habrá consecuencias más duras y contundente”.
Reacción de desespero
Fue este martes 29 de enero cuando Tarek William Saab, quien está a cargo del Ministerio Público, solicitó al TSJ, prohibir la salida del país de Guaidó y bloquear sus cuentas bancarias, a lo que el presidente encargado respondió con nuevas designaciones de encargados de negocios en los países que lo apoyan y desconocen a Nicolás Maduro. El mandatario interino también nombrará una nueva junta directiva de Citgo, filial petrolera en el exterior, la cual el régimen madurista pudiera perder ante el impago de compromisos internacionales.
En dos semanas, Juan Guaidó, pasó de ser el diputado del estado Vargas con 97 mil 492 votos, al presidente encargado de la República con el apoyo de más de siete millones de venezolanos que llevaron a la oposición al Poder Legislativo y con el respaldo de más de 25 países, los cuales, desconocen a Nicolás Maduro.
