Las políticas de inmigración de “tolerancia cero” del presidente Trump están forzando a las corporaciones estadounidenses a hacer un cálculo difícil: aprovechar las oportunidades de negocio que ofrece el nuevo régimen de detención de inmigrantes o prestar atención a la reacción del público e incluso de sus propios empleados.
La semana pasada, JPMorgan Chase, el banco más grande del país, se convirtió en la última gran empresa en distanciarse de las políticas de inmigración de Trump, concluyendo que sus inversiones en centros de detención privados, estaban en conflicto con su estrategia de negocios más amplia.
“Ya no financiaremos la industria penitenciaria privada”, afirmó el portavoz Andrew Gray.
El anuncio sigue a movimientos similares de Wells Fargo y U.S. Bank, quienes le dijeron a The Washington Post que están en el proceso de desincorporarse del sector privado de detención.
Los activistas, que llevaron a cabo una campaña de dos años contra las inversiones de JPMorgan, esperan que la creciente presión pública haga que otros gigantes financieros, como Bank of America, sigan su ejemplo. Pero reconocen que es mucho más difícil persuadir a empresas tecnológicas como Amazon, Palantir y Microsoft para que se retiren de lucrativos contratos federales con agencias encargadas de la vigilancia masiva y la deportación.
Con información de The Washington Post
