Durante semanas, magistrados de las altas cortes intentaron contener el escándalo. En los medios de comunicación se especuló que a miembros de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional habrían perdido la visa a Estados Unidos. Pero por la delicadeza de lo que esta noticia representaba, el manejo que se acordó fue el de las vías políticas y diplomáticas, en el completo hermetismo. Los magistrados afectados y sus colegas hicieron un pacto de silencio. Sin embargo, el malestar en círculos políticos y judiciales fue tal que el tema explotó.
SEMANA pudo confirmar que Estados Unidos sí retiró las visas a los magistrados de la Corte Constitucional Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo. También lo hizo con el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Eyder Patiño.
Lo que ocurrió en las altas cortes fue objeto de una dura queja que puso la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, al presidente Iván Duque. El pasado lunes 6 de mayo, acompañada del vicepresidente de esta corporación Alberto Rojas y de la magistrada Diana Fajarado sostuvieron una cita muy reservada en la Casa de Nariño donde expusieron sus temores por la falta de garantías que está afrontando la justicia.
Los juristas le pusieron de presente al jefe de Estado el inconveniente que tuvo el magistrado Lizarazo, el ponente de la Ley Estatutaria de la JEP, quien antes de salir a Semana Santa fue notificado por parte de Estados Unidos del retiro de su visa. Para esa fecha, Lizarazo afrontaba el luto por la muerte de su madre, razón por la cual estuvo ausente. Una vez regresó a Bogotá se ocupó del problema y logró solucionarlo directamente con la Embajada de Washington en Bogotá. Funcionarios estadounidenses le aseguraron que todo había sido un impasse rutinario. Le reactivaron la visa previa demostración de que no tenía investigaciones activas en la Comisión de Acusación del Congreso, el órgano competente para procesar a los magistrados y demás dignatarios del Estado.
Días después otros miembros de la Corte Constitucional se dieron cuenta que no fue un problema de rutina. A la magistrada Diana Fajardo, clave en los debates de los asuntos relacionados con el proceso paz que se han dado en este tribunal, también le fue notificada la suspensión de su visa. Al igual que a Lizarazo le habrían pedido certificar que no tiene procesos pendientes en la Comisión del Congreso.
A estos dos hechos se sumó el retiro de la cooperación por parte de Estados Unidos a cuatro proyectos de modernización en la Corte Constitucional que estaban ya definidos y contaban con el presupuesto asignado por la embajada. Esta última notificación les llegó después del 3 de abril, cuando se canceló la cena que tenían programada entre los magistrados y el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Withaker. Todo junto fue entendido como una presión y por ello resolvieron poner al tanto al presidente Duque. En la cita, los magistrados le anunciaron a Duque que si el Estado no estaba en la capacidad de brindarles las garantías para continuar haciendo su labor estarían dispuestos a suspender la expedición de sentencias.
Lo que se esconde detrás de los desplantes diplomáticos de Estados Unidos con la justicia colombiana tiene nombre: extradición. En enero, el presidente Duque tomó la decisión de objetar seis puntos de la Ley Estatutaria de la JEP, dos de ellos relacionados directamente con la extradición de excombatientes y civiles. Aunque desde el comienzo la opinión pública anticipó que estarían derrotadas en el Congreso y después en la Corte Constitucional, las objeciones se convirtieron en el punto más importante de la agenda política.
Para antes de Semana Santa, las objeciones recibieron un tremendo golpe en la Cámara de Representantes, en donde fueron sepultadas con 110 votos en favor de hundirlas y 44 en contra. Este momento coincide con la notificación de Estados Unidos sobre la visa del magistrado de la Corte Constitucional que fue ponente de esta norma. Lizarazo es el encargado de volver a proyectar una decisión de fallo, después de que el Senado envió la totalidad del expediente para revisión constitucional.
Antes de que fuera designado nuevo ponente, Lizarazo le manifestó a la Sala Plena de la corte los interrogantes por el tema de la visa, razón por la cual se declaró impedido. Por supuesto, sus colegas rechazaron rotundamente la posibilidad de que se hiciera a un lado.
Fuente: Semana
