La administración Trump canceló las clases de inglés, los programas recreativos y la asistencia legal para los menores no acompañados que se alojan en refugios federales para migrantes en todo el país, asegurando que la afluencia de inmigrantes en la frontera sur ha creado presiones presupuestarias críticas.
La Oficina de Reasentamiento de Refugiados ha comenzado a interrumpir el flujo de fondos para actividades que se han considerado “no directamente necesarias para la protección de la vida y la seguridad, incluidos los servicios educativos, los servicios legales y la recreación”, explicó Mark Weber, portavoz de los Servicios de Salud y Humanos de Estados Unidos.
Las autoridades federales han advertido al Congreso que se enfrentan a un “pico dramático” de menores no acompañados en la frontera sur y han pedido al Congreso 2.900 millones de dólares en fondos de emergencia para ampliar los refugios y la atención.
La medida – revelada en un correo electrónico que un funcionario del HHS envió a refugios con licencia la semana pasada, un mensaje que ha sido obtenido por The Washington Post – podría ser perjudicial para un acuerdo de la corte federal y los requisitos de licencias estatales que exigen educación y recreación para los menores bajo custodia federal.
Carlos Holguín, un abogado que representa a menores en una larga demanda que impulsó un acuerdo de la corte federal de 1997 que establece estándares básicos de cuidado para los niños en custodia, inmediatamente declaró ilegales los recortes.
Con información de The Washington Post
