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Los sistemas autoritarios son obsoletos, pre modernos y represivos. En América Latina aún se imponen bajo el alegato de la salvación de la población. Venezuela y Nicaragua, son dos ejemplos de ello, donde reina la determinación del control, de la violación de Derechos Humanos y de la dependencia de todos los poderes hacia quien ostenta el poder.

Cuando Cristóbal Colón descubrió Nicaragua en 1502, lo hizo con la intención de que fuese un pueblo libre y decidido, pero la autocracia poco sabe de libertad. Según la Real Academia Española, este término forma parte de un sistema de Gobierno en el cual la voluntad de una sola persona es la suprema ley. Eso, es justamente lo que denuncia el Monitoreo y Seguimiento del Colectivo de Derechos Humanos, “Nicaragua nunca más”, al informar que en ese país, todos los poderes, están subordinados a Daniel Ortega, lo que le resta la independencia que cada uno debe tener.

Desde el 18 de abril de 2018 hay un antes y un después. El coordinador del Monitoreo y Seguimiento del Colectivo de Derechos Humanos, “Nicaragua nunca más”, Braulio Abarca, denuncia que desde entonces, los actos de represión y crímenes de lesa humanidad por parte del régimen de Daniel Ortega, aumentaron, lo que ha generado inestabilidad socioeconómica y política. “Cuando alguien se opone al régimen, es detenido arbitrariamente y es víctima de torturas, tratos crueles”, sostiene el entrevistado.

En un año Human Rights Watch (HRW) registra que las fuerzas de seguridad de Ortega han asesinado a más de 320 personas, lo que deja en evidencia, según Abarca, que el país está sumergido en una dictadura que borró la institucionalidad e independencia de los poderes del Estado. Quedan cenizas de una República.

Promesas en el aire

Para este 18 de junio se tenía prevista la liberación de unos 85 presos políticos por parte del régimen de Daniel Ortega. Tal acción no se concretó, lo que generó que la Unión de presos políticos de Nicaragua se pronunciara y exigiera la salida de las víctimas; de lo contrario, las calles serán nuevamente el escenario y en las afueras del Sistema Penitenciario Nacional, Jorge Navarro, se generarán protestas hasta tanto se tomen medidas a favor los prisioneros políticos.

El pasado 11 de junio el régimen liberó a 50 personas que estaban detenidas por oponerse y exigir derechos. Desde entonces no ha habido una medida que sume a esta iniciativa y que pueda controlar la crisis política e institucional que se vive en el país.

Para Abarca, las detenciones arbitrarias, que son aproximadamente seis mil, las torturas y demás violaciones de DDHH, deben ser el trampolín para incrementar sanciones económicas, sociales y de cualquier otro índole para evitar que Ortega, en medio de un sistema autoritario, se imponga ante los derechos ciudadanos y políticos.

En lo que va de 2019 la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha liderado sanciones contra el Banco Corporativo de Nicaragua y Laureano Ortega, hijo de quien está al frente de la presidencia, así como de la vicepresidenta, Rosario Murillo, esposa del mandatario, que van directamente al núcleo directo del poder, envuelto en nepotismo al tener en cargos claves a familiares. Seguir leyendo

Los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido iniciar algún proceso de negociación con los sancionados, de lo contrario, correrán con la misma suerte.

“Estas medidas envían un mensaje a todos los que continúan apoyando al régimen de Ortega de que hay un alto precio que pagar por abusar de la economía nicaragüense y su pueblo”, es parte de lo que se puede leer en el documento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Persecución sin límites

Han pasado seis meses desde que inició 2019 y con ellos, más de seis mil casos de detenciones arbitrarias, denuncia la ONG. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, ha sostenido tras investigaciones, que el régimen de Daniel Ortega cometió crímenes de lesa humanidad al enfrentar a la población que se oponía en 2018, a su sistema de gobierno.

HRW, en medio de una investigación, concluyó que, desde que Ortega asumió el poder en 2007, se ha empeñado en desmantelar todos los controles institucionales al poder presidencial. “El Consejo Supremo Electoral excluyó partidos políticos y destituyó a legisladores de oposición, la Corte Suprema de Justicia ha confirmado decisiones del Consejo Electoral que socavan derechos políticos y le ha permitido a Ortega ignorar una prohibición constitucional a su reelección y postularse a un segundo mandato”.

El partido oficial logró la mayoría de 79% en el año 2006 y esto le permitió acelerar una serie de reformas que otorgaron al control directo sobre la Policía Nacional y el ejército, lo que ha incrementado la persecución y represión política.

El GIEI registra que de 109 muertes, hubo 95 por armas de fuego y mil 400 heridos, lo que llevó a concluir que Ortega, en su sistema totalitario, cometió crímenes de lesa humanidad. “Los organismos internacionales deben alertar a la comunidad internacional manifestando su preocupación por la violación de Derechos Humanos en Nicaragua”, consideró Braulio Abarca.

En el ojo del huracán

Aunque Daniel Ortega considere que en medio de violaciones a los Derechos Humanos puede mantener a una población, en el continente hay una preocupación por el país que gobierna. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordará, del 26 al 28 de junio, la crisis en ese país durante su visita a Medellín, Colombia.

En medio de la crisis política de Nicaragua, Human Rights Watch, pidió a la Unión Europea y a países de América, que se inicie un enjuiciamiento en contra de Ortega por la denuncias de torturas en su contra. “Creo que es importante mantener la presión. Ortega y su mujer son personajes que entienden un único lenguaje y ese es el de la presión internacional”, dijo José Miguel Vivanco.

La situación en la nación centroamericana no solo ha generado que, según ACNUR, unas 65 mil personas huyeran del país, sino que también los defensores de DDHH, representantes de distintas ONG, se vieran obligados a exiliarse ante la persecución de un régimen pre moderno, obsoleto y represivo como el de Daniel Ortega, al mejor estilo que el venezolano, en manos de Nicolás Maduro.

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