Como parte de las actividades y encuentros celebrados en la víspera de la edición número 49 de la Asamblea General, Medellín, en Colombia, sirvió como sede para dar detalles de las acciones que podrían tomarse a corto y mediano plazo por parte de los países de la región en pro de mantener un equilibrio entre las naciones adscritas y así fortalecer los vínculos democráticos y de hermandad entre ellas.
Carlos Ponce, colaborador especial de El Tiempo Latino y presente en el lugar, informó que uno de los puntos lo asomó Amerigo Incalcaterra, exfuncionario de la ONU, quien dio detalles sobre la situación en Venezuela, epicentro de una crisis generalizada por los desaciertos políticos del fallecido presidente Hugo Chávez y que se agudizó bajo el mandato de su heredero en el poder, Nicolás Maduro, hoy en día desconocido por más de medio centenar de países que respaldan a Juan Guaidó, jefe del Parlamento, y quien asumiera como presidente encargado desde el 23 de enero.
Incalcaterra criticó las labores de Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Internacional Penal, quien ha asumido una postura poco equilibrada sobre el tema. De acuerdo con el italiano, la africana debería ser apartada de sus responsabilidades al no mostrar una opinión concreta y que ayude a restablecer la democracia en un país que a causa de las imprecisiones de un sistema socialista que fracasó, ha visto colapsar un aparato productivo que hace par de décadas se sustentaba en la renta petrolera.
Como consecuencia, la calidad de vida del venezolano se ha venido a menos, cada vez con menores garantías, lo que derivó en un éxodo masivo calculado en más de tres millones de migrantes distribuidos por la región suramericana.
Asimismo, la cita del día martes sirvió para que Gustavo Tarre Briceño, designado por Guaidó como el representante de Venezuela ante el organismo, compareciera por primera vez en un evento de esta talla.
La fecha contó con la conmemoración de los 15 de años de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, donde estuvo presente el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Centroamérica
Por su parte, el político español José Ignacio Salafranca abogó por cercar a aquellas administraciones que incumplan con el respeto a civiles y funcionarios, poniendo como consecuencia limitaciones a la ayuda que desde Europa se registra sobre la región.
“Gobiernos autoritarios que violan los derechos humanos no deberían tener acceso a los 849 millones de euros de inversión de la Unión Europea en Latinoamérica”, manifestó.
El ibérico se refirió especialmente a Nicaragua y el régimen de Daniel Ortega, cuyas acciones contra la oposición de su país lo ha llevado a ser fuertemente criticado, especialmente después de las manifestaciones de abril de 2018, las cual dieron inicio en la capital y apoyadas por el sector estudiantil, pero que poco a poco sumaron civiles.
La respuesta del mandatario fue una fuerte represión y demás tipos de ataques contra sus ciudadanos, así como detenciones arbitrarias que fueron rechazadas por los países de todo el continente.
A juicio de Salafranca, la dinámica de Ortega debería generar una enorme sanción, mecanismo de presión para restablecer el hilo democrático en dicho país, además de separarlo del acuerdo con América Central.
