Solamente 6 de más de 60 funcionarios han cumplido lo que mandan la Constitución de la República y la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios. Un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, con fecha del 29 de julio, detalla que el presidente y vicepresidente de la República no han presentado su declaración de patrimonio (bienes, ingresos y egresos), por lo tanto la Oficina de Acceso a la Información de esa institución no pudo proporcionar la información que solicitó El Diario de Hoy, debido a que es “inexistente” por no haber sido presentada a esa fecha por los funcionarios.

El 30 de julio, un día después de la respuesta de la Sección de Probidad, se venció el plazo que establece la ley para que Bukele, Ulloa y los miembros de su gabinete presentaran su declaración de patrimonio. Se trató de conocer si el 31 de julio, que aún era un día hábil y previo a las vacaciones, habían presentado la declaración, pero no se obtuvo respuesta de Probidad.

Se consultó al secretario de Prensa de Bukele, Ernesto Sanabria, sobre la razón de no haber presentado dichas declaraciones, pero no se obtuvo respuesta. El único que habló ayer fue el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, quien aseguró que por la carga laboral y el plan territorial no había podido presentarla.

Al igual que Bukele y Ulloa están todos los ministros y viceministros que han seguido el ejemplo del mandatario; solamente un viceministro y cinco funcionarios de nivel intermedio se salvan del incumplimiento al artículo 240, inciso 3, de la Constitución de la República y al artículo 14 y 15 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito, que establece quienes son los funcionarios obligados a presentar su declaración jurada de patrimonio al inicio de gestión y cierre del mismo para identificar si existen ingresos que no sean proporcionales a los que perciben en su gestión.

Abogados consultados sobre temas de transparencia y corrupción consideran como “grave” la no presentación de la declaración jurada del presidente, vicepresidente y demás funcionarios. Afirman que es mucho más grave la violación de la Constitución de la República y la ley de Enriquecimiento Ilícito, principalmente por parte del presidente de la República.

Roberto Rubio, de Funde y Transparencia Internacional, considera que hay una clara violación a la Constitución y la ley, y que la sanción que reciben los funcionarios es baja por eso el incumplimiento. En algunos casos, opina, se usa como estrategia para evitar auditorías que pueda realizar la oficina de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

Rubio comenta que la exprimera dama, Vanda Pignato, usó esa estrategia para evitar que Probidad le diera seguimiento a sus ingresos y bienes al no presentar su declaración.

De acuerdo al informe de Probidad en poder de El Diario de Hoy, los funcionarios que sí han presentado su declaración patrimonial son: María Ofelia Navarrete Dubón (María Chichilco), ministra de Desarrollo Local (ex FISDL); Jorge Alejandro Aguilar Zarco, presidente del Fonaes; Miguel Ángel Rivas Bonilla, director del Consejo Directivo del Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada, Cefafa.

También la han presentado Óscar Edmundo Anaya Sánchez, viceministro de Hacienda Adhonorem; Frederick Antonio Benítez Cardona, presidente de ANDA; y Zelma Alejandrina Escalante Iraheta, subdirectora de Seguridad Pública de la PNC.

Fuente: El Salvador

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