Guatemala está en una encrucijada en el ámbito migratorio debido al Acuerdo de Cooperación Respecto al Examen de Solicitudes de Protección en Materia Migratoria, conocido como un convenio de “tercer país seguro”, concertado entre el gobierno de Jimmy Morales con el de Estados Unidos. El pacto se firmó el viernes 26 de julio y desde entonces ha provocado críticas, denuncias y protestas.
De acuerdo con lo explicado por Enrique Degenhart, ministro del Interior de Jimmy Morales, el pacto establece que solo los ciudadanos hondureños y salvadoreños con la intención de pedir asilo en Estados Unidos serán acogidos en territorio guatemalteco. Sin embargo, no menciona explícitamente las nacionalidades de las personas sobre las que tendrá alcance, advirtió Adriana Beltrán, directora del programa de Seguridad Ciudadana de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).
Aún sin fecha de implementación, el acuerdo espera por el pronunciamiento del Congreso y de la Corte de Constitucionalidad guatemalteca, ya que al menos seis amparos se han introducido ante la justicia del país centroamericano, que inicialmente elevó su aprobación al órgano legislativo. El convenio establece restricciones para los menores de edad no acompañados, embarazadas en el tercer trimestre, personas con antecedentes criminales y aquellos con alguna necesidad o capacidad especial.
Adriana Beltrán, directora del programa de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), una ONG de investigación y promoción de los derechos humanos en América, remarcó que los ciudadanos salvadoreños y hondureños no son los únicos nacionales que viajan por la región con el fin de llegar a Estados Unidos a solicitar asilo; sin embargo, por el momento la medida solo los afectará a ellos. A su juicio, Guatemala no tiene las condiciones económicas, logísticas ni de seguridad para ser considerado un país seguro para otorgar protección a los migrantes.
“Hay un alto número de familias, mujeres y niños que están saliendo de Guatemala en busca de protección. Es un país que a pesar de que ha bajado a nivel nacional las estadísticas de homicidio tiene otras expresiones de violencia a nivel local; y comunidades marginadas donde los índices de homicidios sí son altos. Es un país que sufre de alta impunidad y de una corrupción sistémica con elevados niveles de pobreza extrema”, dijo Beltrán en exclusiva a El Tiempo Latino.
El convenio entre Estados Unidos y Guatemala estaría vigente por dos años y sería evaluado cada tres meses. Beltrán destacó que la negociación se realizó en secreto y los ciudadanos en el país centroamericano comenzaron a escuchar sobre él en medios estadounidenses. Enrique Degenhart reveló que las conversaciones al respecto llevan un año. “No ha habido una discusión ni apertura de parte del gobierno para explicar cuál fue la negociación (…) Está la cuestión legal. Si el presidente Trump y Morales continúan con la implementación estarían violando una resolución de la máxima corte del país, lo cual generaría un serio atropello al Estado de derecho de Guatemala”, alertó la miembro de WOLA.
El martes 6 de agosto, el presidente Jimmy Morales dijo que el proyecto no amerita pasar por el Congreso para su aprobación, como lo pidió la Corte de Constitucionalidad. Además, rechaza el término de “tercer país seguro” porque, a su juicio, la definición no existe.
“Hasta donde nosotros hemos evaluado se considera que no irá al Congreso”, expresó Morales a medios de comunicación en el Palacio Nacional de la Cultura. No obstante, dice haber pedido un análisis a la Cancillería y a la Procuraduría General para conocer su opinión al respecto. Introdujo una revocatoria de amparo ante la Corte de justicia para evitar ir al legislativo.
El fallo de la Corte no impedía firmar el pacto, por lo que fue acordado a finales de julio entre el ministro Enrique Degenhart y Kevin McAleenan, secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien ha planteado extenderlo a los demás países de Centroamérica. Morales exige al sistema judicial dar celeridad a la revocatoria de amparo introducida a fin de tener una resolución, pues argumenta que la situación genera incertidumbre.
Organizaciones nacionales e internacionales, diputados de oposición, estudiantes universitarios y campesinos han expresado su rechazo al acuerdo de “tercer país seguro”. Entre los amparos presentados a la Corte está uno de la Procuraduría de Derechos Humanos, reseñó la agencia Efe.
El miércoles 31 de mayo, ciudadanos y estudiantes universitarios manifestaron en rechazo al convenio en Ciudad de Guatemala. Lo mismo hicieron los campesinos el martes 6 de agosto, cuando cerraron importantes carreteras del país centroamericano. Los trabajadores, sin embargo, añadieron a sus exigencias anular los comicios generales de junio.
Amenaza de Trump latente
Enrique Degenhart exhortó a no politizar el acuerdo, en una conferencia el jueves 1° de agosto. Recordó que el presidente Donald Trump advirtió con incrementar los impuestos a las exportaciones guatemaltecas, aprobar impuestos a las remesas y restringir el ingreso de sus connacionales a Estados Unidos. El ministro de Interior aseguró que esas amenazas no han quedado sin vigencia. Por ello, considera urgente un pronunciamiento de la Corte de Constitucionalidad ante la revocatoria del amparo pedida por el Ejecutivo.
“Las repercusiones (de no aprobar el convenio) podrían ser negativas para el país. Es poner en riesgo a los exportadores y a las familias que dependen de las remesas y que los guatemaltecos no puedan ingresar a Estados Unidos. Esas sanciones serían severas”, dijo Degenhart.
Maureen Meyer, directora del programa para México y Derechos de los Migrantes de WOLA, opinó: “Las acciones de EE.UU. están negando sus obligaciones internacionales de la protección y amenazando a otros países para que entren en acuerdos y acepten responsabilidades que corresponden al gobierno estadounidense, en cuanto a los ciudadanos que buscan protección en el país”.
Meyer coincide con Beltrán en que Guatemala no tiene capacidad de brindar protección a los migrantes en busca de asilo. Alertó que aquellos hondureños y salvadoreños que lleguen a la frontera con Estados Unidos, una vez entre en vigor el convenio, podrían ser devueltos a Guatemala.
La activista argumentó que ese país no ha sido capaz de garantizar seguridad y bienestar para sus propios ciudadanos. Remarcó que el convenio puede generar un aumento de los casos de personas que cruzan ilegalmente a Estados Unidos por rutas peligrosas. “Lo que llama mucho la atención es que Guatemala es el país que más ha expulsado a personas en los últimos años”, aseveró
“El año pasado unas 60 mil personas de Honduras y El Salvador solicitaron asilo en EE.UU. (…) Una población bastante grande que podría de repente verse obligada a quedarse en un país que tiene muchos retos económicos en seguridad y Estado de derecho”. En caso de que el convenio supere las trabas en la nación centroamericana, aun podría haber litigios en contra del convenio en Estados Unidos.
El domingo 11 de agosto será la segunda vuelta presidencial, disputada por la socialdemócrata Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza y el centroderechista Alejandro Giammattei, de Vamos. La posible implementación del pacto o su rechazo puede quedar en manos del próximo gobierno.
