Este martes, 1° de octubre, entró en vigencia una ley en el estado de Florida en contra de las ciudades cuyas jurisdicciones protejan a personas indocumentadas. La legislación obliga a colaborar con las autoridades de inmigración, aun cuando haya órdenes de arrestos para una posterior deportación.
La legislación se refiere a las ciudades llamadas santuario, pese a que actualmente no hay ninguna en Florida: un estado con un 20% de población inmigrante y grupos que se oponen a políticas como la de separación de familias.
Organizaciones civiles a favor de inmigrantes intentaron bloquear la ley sin éxito, mediante un demanda. Sin embargo, lograron que la juez Beth Bloom restringiera el uso de policías locales para trasladar a ciudadanos indocumentados a través de las fronteras de Florida, reseñó Efe.
Ron DeSantis, gobernador de Florida, simpatizante del presidente Donald Trump y su Administración, firmó la ley calificada de inconstitucional por los demandantes.
Opositores
El Proyecto de Justicia Comunitaria y Southern Poverty Law Center (SPLC), dos de los demandantes, argumentaron que la legislación infringe el derecho al debido proceso y a la igualdad de protección ante la ley.
Las organizaciones expresaron preocupación porque, a su juicio, la ley obliga a las autoridades locales a ejercer como “agentes ilegales de ICE”.
South Miami, Family Action Network Movement, QLatinx, WeCount!, Iglesia Presbiteriana Unida de Westminster de Gainseville, Americanos por la Justicia de los Inmigrantes, Centro Guatemalteco-Maya y Centro Comunitario Hope también rechazaron la legislación.
Con información de Efe.
