El gobierno de Estados Unidos avanza en sus pactos migratorios con Centroamérica considerados de “tercer país seguro” pese a las denuncias de presiones económicas, rechazo en los solicitantes de asilo y grupos de derechos humanos; poca capacidad de estas naciones para recibir a los migrantes y garantizar su seguridad debido a los problemas de violencia.
El jueves 21 de noviembre se concretó en Guatemala el Acuerdo de Cooperación sobre Asilo (ACA) con la llegada del primer ciudadano retornado. El programa consiste en que los ciudadanos de El Salvador y Honduras que viajan a Estados Unidos para solicitar refugio deberán hacerlo en Guatemala obligatoriamente; en caso contrario serán devueltos a ese país con el fin de tramitar el estatus.
El primer caso es el de un ciudadano hondureño que arribó en un vuelo en solitario al Aeropuerto Internacional La Aurora, en Ciudad de Guatemala, procedente de Estados Unidos. Según lo establecido en el pacto bilateral, el migrante debía presentar la solicitud de asilo en el país centroamericano; sin embargo, prefirió acogerse al programa de Retorno Voluntario Asistido de la Organización Internacional para las Migraciones a fin de volver a su país, pese a los riesgos.
Enrique Degenhart, ministro de la Gobernación de Guatemala, aseguró que se garantiza el respeto a los derechos humanos de los solicitantes de asilo retornados y anunció la pronta llegada de más migrantes provenientes de Estados Unidos. En Honduras y El Salvador se llevan a cabo convenios similares, en el caso del primer país se prevé que reciban a nicaragüenses y cubanos, mientras que en el segundo se maneja que es solo un pacto de colaboración para hacer frente a la violencia y pandillas.
POLÍTICA. El ministro guatemalteco Enrique Degenhart reconoció en agosto las presiones y amenazas de Estados Unidos para concretar el acuerdo sobre el asilo. | Foto: Efe/Edwin Bercían.
Maureen Meyer, directora del programa para México y Derechos de los Migrantes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), explicó a El Tiempo Latino que los acuerdos con El Salvador y Honduras están en discusión, solo se ha implementado el firmado con Guatemala tras concretarse el primer caso.
Meyer también denunció que estos programas y políticas infringen los derechos humanos y el derecho internacional por el principio de no devolución de personas a lugares donde pueden presentar violencia y persecución, situaciones de las que huyen la mayoría de los migrantes centroamericanos, además de la pobreza.
Organizaciones nacionales e internacionales, diputados de oposición, estudiantes universitarios y campesinos en Guatemala también han expresado su rechazo al acuerdo migratorio desde que fue firmado, el 26 de julio de este año. La principal duda que genera es la capacidad para recibir a los ciudadanos extranjeros.
CONVENIOS. Kevin McAleenan, secretario de Seguridad Nacional en funciones, ha representado a Estados Unidos en las negociaciones y firma del acuerdo. | Foto: Efe/Rodrigo Sura.
“Es una burla del sistema de asilo de Estados Unidos pensar que es legal y bueno para personas, buscando protección, enviarles a los mismos países que tienen a una gran parte de su población huyendo por cuestiones de violencia o pobreza”, argumentó la directora de WOLA. Guatemala, El Salvador y Honduras tienen algunas de las tasas de homicidios más altas del mundo y los gobiernos se han mostrado incapaces para resguardar a su propia población, añadió.
A juicio de Meyer, estos programas evidencian que no hay un interés de proteger a los solicitantes de asilo sino de trasladar el problema migratorio a otros países. Recordó que el Triángulo Norte de Centroamérica ha tenido necesidad de apoyo de Estados Unidos, por lo que reaccionan a las amenazas de recortes de ayuda e incluso a la aprobación de aranceles.
Por otra parte, la Administración de Donald Trump intenta dar un incentivo mediante acuerdos laborales -temporales- para que ciudadanos de los tres países accedan a visas de trabajo estadounidenses. En El Salvador, por ejemplo, está prevista la firma de un primer convenio laboral la primera semana de diciembre. Se calcula que inicialmente viajen entre 150 y 200 personas, informó el ministro del Trabajo de Nayib Bukele, Rolando Castro, de acuerdo con una reseña de elsalvador.com.
Amenaza de EE.UU.
El ministro Enrique Degenhart exhortó a no politizar el acuerdo, en una conferencia el jueves 1 de agosto. Recordó que el presidente Donald Trump advirtió con incrementar los impuestos a las exportaciones guatemaltecas, aprobar impuestos a las remesas y restringir el ingreso de sus connacionales a Estados Unidos. El ministro de Interior aseguró que esas amenazas estaban vigentes. Por ello, consideró urgente un pronunciamiento de la Corte de Constitucionalidad a favor del programa gubernamental.
“Las repercusiones (de no aprobar el convenio) podrían ser negativas para el país. Es poner en riesgo a los exportadores y a las familias que dependen de las remesas y que los guatemaltecos no puedan ingresar a Estados Unidos. Esas sanciones serían severas”, dijo Degenhart en su momento.
Cambios políticos
El inicio del programa de asilo con Guatemala era inminente. Alejandro Giammattei, presidente electo de ese país, asumirá el 14 de enero en sustitución del actual mandatario, Jimmy Morales. El gobierno saliente corría el riesgo de perder el avance en las negociaciones con Estados Unidos, que se realizan desde 2018, si el nuevo jefe de Estado rechaza el pacto.
Giammattei no ha fijado una posición final con respecto al acuerdo. El viernes 22 de noviembre denunció que Degenhart le ha restringido la información detallada del pacto, además de negar la posibilidad de participar en las negociaciones con Estados Unidos. Lo señaló de ser el único funcionario que no ha aceptado el proceso de transición político. También criticó que el documento firmado no sea público.
El presidente electo se mostró preocupado por el mecanismo de implementación del pacto de asilo. Dejó entrever que es poca la información que maneja. “Hasta donde tenemos entendido, por lo que nos han dicho y no nos han podido demostrar (…) Es para hondureños y salvadoreños (…) No es un convenio de tercer país seguro”, dijo al respecto.
En defensa del gobierno saliente, el vicepresidente Jafeth Cabrera afirmó que han suministrado toda la información solicitada a Guillermo Castillo, vicepresidente electo.
Naturaleza del acuerdo
Helena Olea, asesora de derechos humanos de Alianza Américas, señaló en un análisis sobre el acuerdo firmado por el gobierno de Morales excluye la devolución de ciudadanos guatemaltecos. Consideró, en un artículo de opinión en la Revista Factum, que no se trata de un pacto de “tercer país seguro” sino de exportación de solicitantes de asilo.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados plantea que el concepto de “tercer país seguro” es empleado como “parte de los procedimientos de asilo para transferir la responsabilidad del examen de una solicitud de asilo de un país de acogida a otro país que es considerado seguro”.
Olea sostuvo que no hay un límite en la cantidad de personas que pueden ser enviadas a Guatemala, en contra de su voluntad y aun cuando no hayan pasado por ese país en su camino a Estados Unidos. La elegibilidad para retornar a los migrantes quedaría en manos de los funcionarios estadounidenses.
Trascendió que el Acuerdo de Cooperación sobre Asilo estará vigente por dos años con la posibilidad de renovarse, si las partes lo convienen. El Estado de Guatemala no podrá expulsar a los ciudadanos enviados por Estados Unidos a menos que estos cancelen el procedimiento o sean rechazados mediante decisión administrativa, reseñó Efe.
Propuesta de distribución de migrantes
Enrique Degenhart reveló que Guatemala considera la posibilidad de enviar a solicitantes de asilo a las regiones más remotas del país centroamericano, en el contexto del acuerdo de asilo, tras sostener un encuentro el viernes 15 de noviembre con el estadounidense Chad F. Wolf, secretario interino de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), a fin de fortalecer los esfuerzos conjuntos.
El gobierno saliente considera enviar a los solicitantes de asilo a la selva de Petén, una localidad sofocante al norte del país conocida por la presencia de narcotraficantes, entre otras regiones.
Maureen Meyer, al respecto, señala que Estados Unidos quiere asegurar que los migrantes tendrán algún nivel de infraestructura debido a posibles litigios en contra del acuerdo sobre su legalidad. “Quieren poder decir que sí son programas que funcionan”, resaltó. Sin embargo, añadió que en los países de Centroamérica difícilmente puede haber localidades seguras por sus altos índices de violencia.
En vilo en la frontera sur
Cynthia Bashant, jueza federal de California, dictó que los inmigrantes que esperan la resolución de sus peticiones de asilo en la frontera entre México y Estados Unidos no se deben ver afectados por el acuerdo suscrito con Guatemala, siempre que la solicitud haya sido ingresada antes de mediados de julio, cuando se firmó el pacto.
MIGRACIÓN. Campamento de centroamericanos en Matamoros, ciudad mexicana fronteriza, donde aguardan por respuesta a petición de asilo, el 19 de noviembre. | Foto: Efe/Abraham Pineda Jácome.
El 15 de julio, la Administración Trump emitió un decreto para rechazar el asilo de quienes hayan transitado por un “país seguro”. Bashant dejó sin efecto que la retroactividad de los migrantes en espera. Defensores de derechos humanos habían alertado que los afectados sería miles si el pacto era aplicado con retroactividad, de acuerdo con una reseña de Efe.
Erika Pinheiro, abogada de la organización Al Otro Lado, expresó en un comunicado: “La orden de hoy protegerá las vidas de los solicitantes de asilo que se vieron obligados a soportar dificultades extremas, mientras esperaban en ciudades fronterizas peligrosas durante meses su oportunidad de solicitar asilo en Estados Unidos”.
Programa Quédate en México
Los esfuerzos de la Casa Blanca por frenar la migración hacia Estados Unidos parecen no tener límites. El 29 de enero comenzó un programa en conjunto con México que consiste en regresar a los solicitantes de asilo a ese país mientras son procesadas las peticiones. Aunque fue suspendido el 8 de abril, se reactivó el 16 de abril y está vigente desde entonces.
SEGURIDAD. Presionado por Estados Unidos, el gobierno de Andrés López Obrador ha reforzado la seguridad y controles en la frontera norte de México. | Foto: Efe/Rey Jauregui.
Los migrantes tienen la posibilidad de entrar hasta tres veces a Estados Unidos para realizar gestiones relacionadas con el trámite de asilo. Al 15 de octubre de 2019 la cantidad de solicitantes de asilo devueltos a México era de 51 mil 407, de acuerdo con cifras proporcionadas por WOLA a El Tiempo Latino. En ese número se contabilizaron 6 mil 403 cubanos, 6 mil 862 salvadoreños, 19 mil 367 hondureños y 13 mil 887 guatemaltecos.
La cantidad de migrantes que intenta llegar a Estados Unidos no ha sido frenada, pero sí aumentan los esfuerzos del país vecino con el programa Quédate en México.
Sobre el programa, Maureen Meyer alerta: “Muchas personas han sido víctimas de robo, secuestro, violación sexual y no tienen una adecuada vivienda ni servicios básicos, pero el gobierno de Estados Unidos ve el programa como el mejor éxito que han tenido para desincentivar a la gente; porque es casi imposible como solicitantes de asilo entrar en Estados Unidos y quedar mientras procesan sus solicitudes de asilo, porque la mayoría son devueltos a México”.
