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Académicos convocados por demócratas aseguran que conducta de Trump es motivo de destitución

Tres académicos constitucionales convocados por los demócratas declararon este miércoles que la conducta del presidente Trump con Ucrania, alcanzó el nivel de impugnación.

Por su parte otro profesor de la facultad de derecho, consultado por los republicanos, alertó a los miembros del partido contra el juicio político al mandatario. Recordemos que el enfoque ha cambiado desde el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que el martes votó para aprobar un informe de 300 páginas que concluía que Trump había “comprometido la seguridad nacional para promover sus intereses políticos personales”.

En el centro del caso de los demócratas está la acusación de que Trump trató de aprovechar una reunión en la Casa Blanca y la ayuda militar, solicitada por Ucrania ante la agresión militar rusa, para presionar al presidente Volodymyr Zelensky para que iniciara investigaciones sobre el ex vicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter, así como una teoría infundada de que Kiev conspiró con los demócratas para interferir en las elecciones presidenciales de 2016.

Los expertos legales estuvieron en desacuerdo este miércoles sobre si Trump había quebrantado las leyes escritas y si los tribunales tienen que intervenir antes de que el Congreso pueda legítimamente concluir que él era culpable de crímenes y delitos mayores.

Turley había argumentado que las pruebas contra Trump no llegaban a probar que había cometido un acto de soborno y que los demócratas deberían haber llevado sus citaciones a los tribunales, para hacerlas cumplir antes de iniciar los procedimientos de impugnación.

Gerhardt rechazó este último argumento, diciendo que la “negativa de Trump a cumplir con las citaciones es un evento independiente que está fuera de los tribunales”.

“Es un ataque directo a la legitimidad de esta investigación”, dijo.

Feldman, por su parte, sostuvo que el argumento de Turley sobre el soborno descartaba el hecho de que la Constitución es la ley suprema del país y define el soborno como un delito.

Traducción libre de The Washington Post

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