En Argentina ya se siente el cambio de gobierno con las primeras decisiones del presidente Alberto Fernández, quien asumió el cargo el 10 de diciembre en el contexto de una crisis económica compleja, que incluye inflación y un alto nivel de endeudamiento. El líder peronista deberá renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y acreedores privados; y al mismo tiempo mantener unido el Frente de Todos, la coalición amplia que lo llevó a la Casa Rosada.

Ariel González Levaggi, secretario ejecutivo del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica Argentina, advirtió que la crisis económica y social se puede profundizar aún más y llegar a registrarse protestas, lo que pondría en riesgo la coalición, que incluye la participación del peronismo, kirchnerismo, de la organización Frente Renovador (centro), liderado por Sergio Massa, entre otros sectores.

“En general lo que tenemos es una coalición política bastante heterogénea, en la cual hay un presidente que recientemente ha demostrado que tiene una voluntad de conducción muy fuerte, pero la vicepresidenta es Cristina Fernández de Kirchner, quien además tiene influencia al ser la presidenta del Senado, como vicepresidenta (del gobierno)”, dijo González Levaggi. A juicio del analista, le exmandataria representa un peso “muy fuerte” en el Congreso.



CONGRESO. Cristina Fernández de Kirchner es titular del Senado argentino por ostentar el cargo de vicepresidenta de la República. | Foto: Efe/Juan Ignacio Roncoroni

Alberto Fernández ganó las elecciones del 27 de octubre sin dejar tregua a una segunda vuelta a su principal contrincante político, el expresidente Mauricio Macri. Fernández gobernará hasta 2023 y en su primer mensaje como mandatario pidió la unión de los argentinos para la “construcción de un nuevo contrato ciudadano social que sea fraterno y solidario”, según afirmó desde la Casa Rosada el 10 de diciembre.

El gobierno de Fernández heredó, al igual que el de Macri, un panorama económico complejo que tiene en vilo a la nación suramericana. Los indicadores económicos hablan por sí solos. Al cierre de 2018 hubo un alza en la inflación de 47,65%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; el peso argentino se devaluó drásticamente de 9,75 pesos por dólar, al cierre del 9 de diciembre de 2015, a 65 pesos por dólar, al inicio de la jornada del lunes 28 de octubre, un día después de los comicios.

El desempleo aumentó a 10,6% y la actividad económica registró una caída interanual en agosto de 3,8%. La deuda bruta aumentó a un total de 337 mil 267 millones de dólares, un 80,7% del PIB para el segundo semestre de 2019. Además, hay un compromiso con el FMI por un préstamo de 56 mil 300 millones de dólares, aprobados en 2018. Una consecuencia de esta crisis es el aumento de la pobreza, que había disminuido al inicio de la gestión de Macri.



TRANSICIÓN. Mauricio Macri, ahora expresidente, facilitó una transición ordenada al nuevo gobierno de Alberto Fernández. | Foto: Efe/Juan Ignacio Roncoroni

Fernández se sinceró en su primer discurso como presidente y dijo que su gobierno tiene intención de cumplir con la deuda con el FMI, pero actualmente carece de capacidad para hacerlo. “No hay pagos de deuda que se puedan sostener si el país no crece. Tan simple como esto. Para poder pagar hay que crecer primero”, destacó. Acotó que prevé llevar una buena relación con el organismo internacional.

El portal web Ámbito reseñó que Argentina tiene compromisos en 2020 por 48 mil 868 millones de dólares en pagos de capital; y de otros 14 mil 838 millones por concepto de intereses: lo que implica una proporción de deuda sobre el Producto Interno Bruto de 80%, según datos oficiales.

Primeras medidas económicas

El fin de semana pasado, el Congreso de la Nación Argentina aprobó la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, enviada por Alberto Fernández, que incluye medidas e impuestos para enfrentar la crisis económica. La sanción a la ley en el Senado, en una sesión del sábado, se caracterizó por la presencia de Cristina Fernández como titular de dicha cámara.

La Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva confiere poderes especiales al gobierno durante todo el 2020, para tomar acciones en el ámbito económico, financiero, fiscal, administrativo, previsión social, tarifaria, energética, sanitaria y social, de acuerdo con una reseña de Efe.

Con la legislación, se congelan por 180 días las tarifas de servicios públicos, se plantea modificar el sistema de pensiones, y se anuncian nuevos tributos y un aumento en aranceles preexistentes; por ejemplo, se espera un incremento del impuesto a la exportación de productos agrícolas y una tasa de 30% para la adquisición de divisas. El control cambiario aprobado por Macri se mantiene.

Reacciones

González Levaggi explicó, en exclusiva para El Tiempo Latino, que las medidas buscan ampliar la base de recaudación del Estado para hacer frente a los compromisos de deuda pendientes para el próximo año, que están por encima de la capacidad real del país. Acotó que debe haber un acuerdo pronto con el FMI y acreedores privados argentinos o las acciones de Alberto Fernández serán insuficientes.

Destacó que poco se conoce del plan de negociación del gobierno con el FMI, pues aún no está clara cuál será la postura de dicho organismo internacional con Argentina. Considera que Alberto Fernández está en camino a una discusión con bonistas privados que puede llevar entre seis y nueve meses.

“Lo que la Argentina está proponiendo es suspender, entre comillas, posponer el pago de capital e intereses de dos a cuatro años tanto para el FMI como los bonistas privados. Todavía no se sabe muy bien cuál va a ser la reacción frente a una propuesta formal de este tipo (…) No va a ser muy fácil”, aseveró Levaggi.

Carlos Caserio, senador y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, tiene confianza en que las medidas de Alberto Fernández permitirán salir de la crisis rápidamente, por lo que llamó a la oposición a apoyar la propuesta legislativa.

El senador opositor Esteban Bullrich (Juntos por el Cambio), por su parte, opinó: “Escuchando las palabras del presidente Fernández me había esperanzado del llamado al diálogo. Pero esa esperanza se diluye con este proyecto de ley porque ignora las instituciones, hace de este Congreso una herramienta inútil para la construcción de consensos”.

El argentino González Levaggi considera que al gobierno de Alberto Fernández difícilmente se lo considerará populista, debido a que los fondos que maneja son limitados y su coalición heterogénea. A su juicio, su carácter es de progresista, con una conducción política más jerárquica alineado con lo que ha sido el peronismo en el poder. La actual administración apenas comienza y el tiempo dirá si acierta o no en la carrera por superar la emergencia económica.