El crucial año electoral 2020 se plantea como el gran reto para la comunidad inmigrante amparada bajo el Estatus de Protección Temporal, TPS; de estos unos 195 mil son salvadoreños, unos 60 mil hondureños, cerca de 4 mil nicaragüenses y otros 50 mil haitianos, además de ciudadanos de otras naciones que siguen en la incertidumbre por la cancelación del estatus legal por parte de la administración de Donald Trump, pero que continúa vigente gracias a los litigios judiciales. La Alianza Nacional del TPS, que agrupa a unos 70 comités a nivel nacional, con varios grupos organizados en el Área Metropolitana de Washington, prevé sortear este decisivo 2020 con una lucha en todos los flancos políticos para ver cumplido su objetivo de llegar a la residencia permanente.
El coordinador general del movimiento, José Palma, salvadoreño, quien viaja periódicamente a Washington, DC desde Boston, Massachusetts para movilizar el tema en la capital nacional, opina que este año que inicia la comunidad TPS debe robustecerse, hacerse ver y comprometerse en todos los frentes de batalla para ver resultados.
“Vamos a seguir trabajando y hablando con los legisladores empujando la búsqueda urgente de una residencia permanente para nuestra comunidad. Sabemos que va ser año electoral con la contienda presidencial y nos vamos a tratar de involucrar en las diferentes actividades que podamos para seguir visibilizando el TPS”, comentó Palma a El Tiempo Latino, cuando le solciitamos un balance de cierre de año y sus expectativas para 2020.
Por su parte la coordinadora regional de Nueva York, también salvadoreña Cecilia Martínez, de Long Island, aseguró que lo importante es enfocar la acción para conseguir que el Senado (de mayoría republicana) lleve a pleno de debates la propuesta H.R.6, una propuesta de ley para regularizar a los cerca de 350 mil amparados al TPS y otros 600 mil jóvenes del Programa de Acción Diferida para Llegadas en la Infancia (DACA), que aprobó la Cámara de Representantes de mayoría demócrata en junio pasado.
Pero el liderazgo republicano en la Cámara Alta que controla ese pleno se negó en la sesión 2019 a incluir el tema en la lista de prioridades para debatir; tampoco ha querido sacar de la gaveta una propuesta patrocinada por el senador de Maryland, Chris Van Hollen que también propone una salida con residencia permanente para esos grupos de inmigrantes.
“Sabemos que con las elecciones del 2020 de alguna manera están tratando de no hablar del tema de inmigración y sobre las familias con TPS, por eso seguimos acá (en Washington) para asegurarnos que no se olviden de quiénes somos y que necesitamos una solución lo más pronto posible”, enfatizó Cecilia Martínez durante la última acción de cabildeo del 2019 en el Distrito de Columbia.
El TPS vive gracias a una demanda
Las demandantes ante la Corte Federal de California, Crista Ramos y su madre Cristina Morales, están al tanto que esa demanda, de la que aún se espera la sentencia de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en Pasadena, California, es el respiro que mantiene con vida el TPS cancelado por la administración Trump para los diferentes países a principios de 2018.
La sentencia de la Corte podría surgir en este primer trimestre del año, según los abogados que siguen el litigio. De ser positiva para la comunidad amparada bajo TPS, esta obligaría al gobierno a restablecer el estatus; pero si es negativa, sería un golpe judicial que obligaría a replantear el movimiento y afectaría a otros casos abiertos en tribunales federales a lo largo y ancho del país, como Nueva York y Maryland, según ha explicado a este medio Abel Núñez, director del Centro de Recursos para Centroamericanos en Washington, CARECEN.
El activista de la Alianza Nacional TPS en Baltimore, Concepción Morales, agregó que hoy por hoy el movimiento no descarta ninguno de los escenarios y aseguró que este año se debe trabajar para apoyar la coordinación que estarían iniciando los senadores demócratas Chris Van Hollen y Ben Cardin, de Maryland.
Estos legisladores intentan que el presidente del Senado, el republicano, Mitch McConnell y su bancada republicana acepten que una de las dos propuestas se discutan en la corta ventana de tiempo legislativo que queda antes de las elecciones de noviembre.
Cecilia Martínez está consciente que esta es una lucha cuesta arriba en el campo legislativo, pero opinó que el trabajo debe continuar con las batallas judiciales que hasta ahora son el oxígeno del movimiento.
“Estamos esperando la decisión de la Corte Federal (Apelaciones en Pasadena, California) aunque sabemos que no es la Corte la que nos va dar la residencia permanente, sino el Senado y es por eso que seguimos en Washington trabajando de cerca porque queremos que este pase la ley en el 2020 para no seguir siendo temporales y no seguir en la incertidumbre”, puntualizó Martínez.
