El candidato a la presidencia de Bolivia por el Movimiento al Socialismo (MAS) y ex ministro de Economía, Luis Arce, denunció el pasado lunes, en la Ciudad de Buenos Aires, la falta de garantías para hacer campaña en Bolivia, en vista de las elecciones a celebrarse el próximo 3 de mayo.

Arce también denunció que luego de que ocurriera lo que catalogan como golpe de Estado en Bolivia, han sufrido persecución y hostigamiento; exige que se cumpla la Constitución y las leyes aún vigentes en esa nación.

El ex ministro expresó sus dudas sobre la nueva composición del tribunal electoral, en el que figuran personas directamente relacionadas con candidatos de la derecha.

Arce reside en México, en condición de asilado político, pero asegura que pronto volverá a Bolivia; el viernes viajó como turista a Buenos Aires para participar en una asamblea, dirigida por el ex mandatario Evo Morales, que debía elegir los candidatos del partido para optar por la presidencia en el próximo proceso electoral a celebrarse en su país.

Las principales credenciales de presentación de Arce, son la estabilidad económica y los indicadores sociales saludables durante los años de mandato de Morales, desde el 2006 hasta el 2019.

El domingo, Morales proclamó la designación de Arce, al día siguiente, el Ministerio Público boliviano anunció la apertura de una investigación contra Arce por el caso Fondo Indígena, acerca de la presunta sustracción de dinero público para uso privado por parte de numerosos dirigentes del MAS.

El candidato ha sido prudente, ha restado importancia al rechazo de su candidatura por parte de organizaciones sociales indígenas y considera que la población de clase media no estaba molesta tras los tres mandatos de Evo Morales debido a que a su juicio, llevaron a 12 millones de personas que vivían en la pobreza hacia la clase media.

Arce aclaró no querer opinar sobre el comportamiento de los jefes militares y policiales que solicitaron a Morales que renunciara tras las irregularidades ocurridas en las elecciones de octubre y que generaran un estallido social.

Según el candidato, la presidenta interina, Jeanine Áñez ha repartido empresas públicas entre grupos oligárquicos y al temor de que la gente saque su dinero de los bancos, convierte esto en dólares.