Durante la última semana se han registrado hechos de violencia en el sur de México que han dejado en evidencia que el muro que imaginó el presidente Trump para contener los flujos migratorios, no sé encuentra en la frontera sur de Estados Unidos y no es una pared de contención, es la Guardia Nacional mexicana, que apoyada por autoridades centroamericanas, emplean la fuerza de manera desproporcionada contra los migrantes y las personas refugiadas.
El gobierno de Manuel López Obrador, que en un inicio prometió un enfoque humano para la migración, se ha encargado de detener a cientos de personas centroamericanas que intentan ingresar y transitar por México en grupo, en las mal llamadas “caravanas” rumbo a Estados Unidos.
El pasado jueves 23, aumentaron de manera brutal, los enfrentamientos y el uso de la fuerza por parte de los efectivos policiales.
Agentes de la Guardia Nacional, Marina y Policía Federal junto al Instituto Nacional de Migración, conformaron operativos especiales para contener a las personas con gases lacrimógenos, uso de escudos, persecuciones y retenes en los puntos fronterizos en los Estados de Tabasco y Chiapas para frenar el avance del grupo.
Ante la desmedida represión, las personas regresaron al lado guatemalteco de la frontera y aplazaron el cruce.
A pesar de imágenes difundidas por medios de comunicación que demuestran la represión a la que los migrantes están sometidos, el gobierno aseguró que da la bienvenida a las personas migrantes que quieran ingresar y quedarse en México siempre y cuando su ingreso sea bajo un proceso seguro y ordenado.
Lss personas que conforman este éxodo que confiaron en el gobierno mexicano, actualmente están siendo deportadas a sus países de origen.
Familias a las que el gobierno les ofreció transporte para llevarlos a un lugar seguro pero que en realidad los llevó hacia un centro de detención para luego deportarlos.
Tanto Cancillería como la Secretaría de Gobernación, aseguran que México no otorgará salvoconductos para facilitar el tránsito a Estados Unidos.
Ante este nuevo capítulo de éxodo centroamericano, México ha consumado su política migratoria de contener y deportar a toda persona que busca ingresar a territorio nacional de manera irregular, criminalizando no solo la migración, sino la pobreza y las causas estructurales que fuerzan a las personas a huir de sus países.
Foto cortesía: Alianza Américas
El gobierno mexicano impide que defensores de derechos humanos monitoreen los centros de detención de migrantes
Durante años, estos han sido monitoreados por organizaciones de sociedad civil para observar y documentar las condiciones de detención y el acceso a derechos de las personas migrantes.
El Instituto Nacional de Migración ha desconocido los permisos de entrada a las organizaciones de sociedad civil y ha llegado a impedirles el ingreso a los centros de detención.
Irazú Gómez
Asesor del programa de México de Alianza Américas
