Honduras representa un territorio en constante resistencia; un país que asumió la lucha y la resiliencia como componente elemental para la defensa de los derechos humanos y la democracia. Las políticas extractivistas de Honduras mantienen en grave riesgo a las poblaciones indígenas.
Ante las constantes y múltiples amenazas a sus territorios, cuerpos, patrimonios e identidades, la defensa de derechos humanos, del agua y de la tierra es una labor obligada que suele conllevar nuevos y profundizados riesgos.
En la historia de Honduras, y del mundo, el asesinato de la defensora y lideresa indígena lenca Berta Cáceres, sin duda, representa un hito que dejó en evidencia los patrones de violencia perpetrados impunemente contra personas defensoras en la región latinoamericana y que colmó a la sociedad de indignación y un renovado anhelo de justicia.
A 4 años de su asesinato, Honduras continúa priorizando sus intereses extractivos sobre el respeto, la protección y garantía de los derechos humanos de la población.
Para 2019, había al menos 137 concesiones mineras y de producción de energía e hidrocarburo otorgadas en territorios indígenas.
Ahora, el Estado pretende discutir un proyecto de Ley de Consulta Previa, Libre e Informada que, según han denunciado los pueblos indígenas y afroindígenas, facilitaría la instalación de grandes proyectos extractivos en sus territorios e incrementaría la violencia y la violación de los derechos humanos de los pueblos.
Ante la oposición legítima de las poblaciones a esta política estatal, la respuesta del gobierno se ha caracterizado por la represión a la protesta social mediante el uso excesivo de la fuerza, los ataques, la criminalización.
Los asesinatos, hostigamiento y persecución contra miembros de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), las amenazas y ataques contra comunidades indígenas lencas organizadas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la criminalización de defensoras del agua en Guapinol, así como defensores de la tribu Tolupán, dan cuenta de estos riesgos.
En esta misma semana se ha instalado una campaña en redes sociales y medios de comunicación nacionales que busca difamar y estigmatizar la labor del COPINH y organizaciones nacionales e internacionales que acompañan su búsqueda de justicia.
En el cuarto aniversario de la siembra de Berta Cáceres, no ha habido justicia. Aunque el pasado mes de diciembre se dictaron condenas contra los autores materiales de su asesinato, la estructura criminal responsable de planificar y financiar el crimen, continúa en absoluta impunidad.
A la fecha, tan solo David Castillo, gerente general de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) ha sido investigado por la presunta autoría intelectual del asesinato y su proceso se ha caracterizado por dilaciones que han impedido avanzar hacia su juzgamiento.
La clara intención del Estado de perpetuar la impunidad, en connivencia con grupos de poder empresariales y militares, no ha detenido la digna y legítima lucha por justicia que han emprendido el COPINH, los pueblos indígenas y afro indígenas, el movimiento social y popular de Honduras, el pueblo hondureño y la familia de Berta Cáceres.
Con su alegre rebeldía, la resistencia de los pueblos es inspiración para quienes, desde distintas trincheras, buscamos mantenernos firmes ante los distintos embates de la desigualdad que no cede.
El pasado 02 de marzo, organizaciones nacionales e internacionales que monitorean la situación de derechos humanos en Honduras conmemoraron la vida y lucha de Berta Cáceres que, como aseguran las comunidades, se ha multiplicado en las voces de millones alrededor del mundo.
