Chile ha atravesado cinco intensos meses de protestas sociales. La gente en la calle dice exigir condiciones para mejorar su vida y ante ello, la movilización ha sido la herramienta que visibiliza el descontento. Unas 32 personas han sido asesinadas desde que el 18 de octubre el gobierno del presidente Sebastián Piñera se enfrenta al descontento social. La Organización de Naciones Unidas a través de la alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet se ha pronunciado, al igual que la ONG Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
Muchos pensaban que las calles de Santiago de Chile y otras regiones del país no volverían a ser protagonistas de las protestas, pero una vez inició el año 2020, los ciudadanos decidieron continuar con su agenda emprendida en 2019. Piñera, jefe del Gobierno, ha emprendido medidas que buscan apaciguar el descontento pero éxito total no ha tenido. Los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad permanecen en medio del estallido social, luego de que el país pusiera fin a la dictadura militar de Augusto Pinochet, a finales de 1990.
Chile es conocido por ser productor mundial de cobre, por la calidad de sus vinos, su sólida economía y por ser un modelo de institucionalidad en una agitada región. Las protestas que desde octubre se originan en ese país han sorprendido a muchos. ¿Razones para protestar? Quienes toman las calles desde octubre dicen que necesitan mejor salario, ponerle fin a la corrupción y al alto costo de los productos.
De acuerdo a las consideraciones del diplomático y exdiputado del Congreso de Chile, Jorge Tarud, el Gobierno del presidente Piñera se ha manejado mal y ha llevado el problema a un tema de orden público y por tal razón la protesta continúa. “El descontento se ha mantenido porque la ciudadanía no ha sido atendida”.
A juicio de Tarud los proyectos que ha impulsado Piñera no han sido suficientes para calmar las calles porque la gente quiere mejorar su calidad de vida, quiere mejor salario y vivir en otras condiciones, diferentes a las actuales. En las protestas, la población dice que debe haber más dinero para el país y menos para los políticos, pide igualdad, pensiones, justicia y hasta la renuncia del Presidente, pero ante ello, el mandatario ha optado por ajustar el salario mínimo a 350 mil pesos, equivalente a 465 dólares, aún cuando la Mesa de Unidad Social, que agrupa a más de 100 organizaciones y movimientos sociales, exige que el salario sea de 500 mil pesos por mes.
Piñera también espera poner en práctica un proyecto que otorgue un bono de 100 mil pesos, cerca de 130 dólares, a unas seis millones de personas. Ajustó 20% de la Pensión Básica Solidaria (PBS), espera incrementar el financiamiento a la salud pública y espera crear el Seguro Catastrófico de Enfermedades. El mandatario envió al parlamento una propuesta para frenar el incremento de las tarifas eléctricas, también dijo que mejorará las condiciones para las pequeñas y medianas empresas, debido a que al menos seis mil 800 han sido afectadas por las protestas antigubernamentales, anuló el proyecto de ley que contemplaba la disminución de impuestos a los grandes empresarios.
Otras medidas: revisar el salario de los parlamentarios, que el menor supera los 33 sueldos mínimos, unos 12 mil 400 dólares por mes y a su vez, crear una nueva Constitución; son 10 medidas que ha implementado el gobierno chileno para atender las protestas pero estas, aún no cesan.
Para Tarud, los altos precios de medicamentos y las condiciones de vida generaron el estallido social. “Todo sumó y el descontento de la ciudadanía estalló”, reiteró.
Acción gubernamental
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que monitorea las marchas sobre el terreno ha rechazado en reiteradas oportunidades el abuso de la fuerza contra los manifestantes. “El INDH repudia este fallecimiento y lamenta que la noche de este viernes hayan aumentado las lesiones e impactos oculares y otras heridas de gravedad, todo lo cual nos impone el deber de recordar a las fuerzas policiales que el control del orden público y el uso de la fuerza debe ser siempre proporcional y respetando los estándares internacionales de derechos humanos”, se lee en un comunicado en el cual se rechaza el asesinato de un hombre de 48 años, quien al parecer recibió un disparo con bomba lacrimógena.
Hasta el mes de febrero, el instituto contabilizó al menos tres mil 765 heridos en las protestas que desde el pasado 18 de octubre estremecen las calles de Chile en busca de un modelo socio-económico más equitativo. Unas 445 personas registraron heridas producto del impacto de perdigones y bombas lacrimógenas disparadas por agentes de Carabineros durante la represión de las protestas.
Durante el primer trimestre de 2020 los heridos en la cabeza por el impacto de bombas lacrimógenas han aumentado de forma significativa y desde el INDH al menos contabilizan 271 personas afectadas por esta razón.
Injerencia en protestas
El sello venezolano parece que ha dicho presente en las protestas. El Gobierno de Chile denunció una campaña mediática por redes sociales para promover #RenunciaPiñera. De acuerdo a fuentes gubernamentales, unos 43 mil 129 tuiteos salieron desde Venezuela en contra de las autoridades chilenas. “De 10 tuits que se generaron fuera de Chile, seis fueron desde el país petrolero”, argumentó la Presidencia.
Según Tarud, diplomático de carrera en Chile, no hay razón de una supuesta injerencia. “El gobierno está haciendo el ridículo”, dijo al precisar que la investigación sobre esa premisa, ha determinado que ningún ataque al metro fue obedeciendo coordinación o intervención.
Protesta sostenida
El fantasma de la dictadura chilena, finalizada en la década de los 90, parece regresar desde octubre de 2019 hasta el primer trimestre de 2020. Las protestas en ese país han generado que el continente centre su interés en un país que había demostrado ser ejemplo de reinstitucionalización de la democracia y de referencia económica para quien devenga salario mínimo.
De acuerdo al informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, (ONU), para los Derechos Humanos sobre Chile, durante las protestas en contra de Piñera, las Fuerzas Armadas incumplieron normas y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza. Hasta marzo de 2020 se han generado 32 decesos en medio de las manifestaciones, por lo que tanto la ONU, como Human Right Watch y la CIDH, han condenado el actuar en contra de los manifestantes.
El informe, publicado en diciembre, determinó tortura, malos tratos, violación y otras formas de violencia sexual por Carabineros contra personas privadas de libertad, muchas de las cuales habrían sido detenidas arbitrariamente. De acuerdo a información del gobierno chileno, más de 28 mil personas fueron detenidas entre el 18 de octubre y el 6 de diciembre. La mayoría, ya está en libertad.
Según informó el ministro de Interior de Chile, Gonzalo Blumel, durante las protestas que surgieron en el mes de marzo fueron detenidas casi 300 personas. “Lamentablemente hemos tenido hechos de violencia y de delincuencia pura y dura que no tienen nada que ver con las manifestaciones y demandas sociales, sino que fueron simplemente hechos de violencia”, informó Blumel.
Ante el escenario de protesta el presidente Sebastián Piñera ha dicho en todo momento que defiende las manifestaciones pacíficas que puedan convocarse pero aclaró que no va a tolerar actitudes violentas. “El gobierno de Chile respalda y protege las manifestaciones pacíficas pues son parte de la democracia”, dijo al considerar que, ante las nuevas protestas convocadas para marzo, la inmensa mayoría de chilenos quiere paz, tranquilidad, que se restablezca el orden público y tener seguridad para poder desarrollar su vida con normalidad.
Reforma constitucional en la mira
La convocatoria a un plebiscito para modificar la constitución nacional es la alternativa del gobierno de Piñera, pero esa idea no alivia el descontento social. Algunos manifestantes lo consideran necesario, mientras que otros no. Se tiene previsto que el próximo 26 de abril los ciudadanos decidan si cambian o no la Carta Magna, la cual, de acuerdo a Tarud, en entrevista exclusiva para El Tiempo Latino, es una constitución que no fue elegida en un sistema democrático. Fue durante la dictadura de Augusto Pinochet, que se implementó.
A través de distintos videos en redes sociales se puede ver lo que piensa parte de la juventud de Chile. Francisco Acevedo, un joven de 19 años no ve necesaria una nueva constitución porque considera innecesario partir de cero cuando ya hay legislación chilena. El plebiscito del próximo 26 de abril fue acordado por el gobierno y las fuerzas políticas como una de las fórmulas de salida a la crisis social que se ha traducido en manifestaciones, ataques al comercio, saqueos y violentos enfrentamientos.
“Un plebiscito es importante para una nueva constitución. La actual fue aprobada por Pinochet y aunque tiene muchas reformas, para la gente es una constitución ilegítima porque no fue redactada en democracia. Hay que hacer propuestas en cosas que se puedan hacer inmediatas. La confianza se perdió en el gobierno, congreso y partidos políticos”, sostuvo el exdiputado.
Desde 1988, cuando la sociedad chilena salió a participar en el plebiscito que evitó la permanencia de Augusto Pinochet en el poder hasta 1997, Chile no vive un evento electoral como este. En ese momento, el “No” ganó y le puso fin a la dictadura militar en 1990. Después de 30 años y en democracia, el Gobierno del presidente Sebastián Piñera inició la campaña el pasado 26 de febrero para decidir, a través de este mismo mecanismo, si la constitución será reemplazada. Mientras llega el 26 de abril, la gente discute en la calle por cuál opción votar y cómo será el futuro de un país que luego de la dictadura, ha sido ejemplo en la región latinoamericana.
