La rápida expansión global del coronavirus, que esta semana llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a elevarlo a categoría de pandemia, puso a correr bases al Gobierno colombiano, al equipo económico y a las autoridades locales y regionales. Tras reuniones extraordinarias y apariciones inusuales, todos salieron a explicar en medios de comunicación las decisiones que comienzan a tomar para contener el contagio y mitigar los daños que podría causar.
La primera en hacer públicas estrictas medidas para tal fin fue la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien el miércoles en la noche declaró la alerta amarilla para la capital de la república; prohibió los eventos públicos de más de 1.000 personas; instó a que las empresas públicas y privadas utilicen el teletrabajo y adopten horarios flexibles, mediante un sistema de turnos que evite aglomeraciones en el transporte público en las horas pico; y anunció que reforzarán la limpieza y desinfección de los buses y estaciones del sistema TransMilenio.
El anuncio de cancelación de eventos no cayó bien en algunos sectores empresariales que temen que el rigor de esta medida termine quebrando a cientos de empresarios medianos y pequeños, y afecte el empleo. Sin embargo, la alcaldesa insiste en que la salud es lo primero.
Unos minutos después el turno fue para el presidente Iván Duque, quien anunció un paquete de medidas para ayudar a los empresarios que empiezan a ser afectados por la llegada del covid-19 al país, principalmente los de turismo y aviación, que incluyeron ampliar plazos para el pago de parafiscales e IVA a las compañías del sector, así como la reducción de aranceles a la importación de algunos insumos para las aerolíneas. Esto generó el primer contrapunteo en las redes sociales entre los seguidores de Duque y los de Claudia. Para los segundos, la alcaldesa ‘pegó’ primero con sus decisiones, que no estaban focalizadas en el rescate de un sector económico, sino en medidas más generales y complejas frente a la crisis.
Pero el jueves en la mañana el Gobierno nacional se fue con todo. Duque anunció la declaratoria de emergencia sanitaria, que incluye cancelar los eventos públicos de más de 500 personas, suspender el tránsito y el desembarco de cruceros, y el aislamiento preventivo de ciudadanos extranjeros en hoteles. Como esto implica mandar mucha gente a la casa y evitar las aglomeraciones, el mandatario presentó un plan de choque que incluye una línea de crédito de Bancóldex por 250.000 millones de pesos para las empresas afectadas por esa menor afluencia de clientes. Además, habló de flexibilizar normas para permitir el trabajo virtual de los funcionarios públicos. El sábado, el presidente envió otro mensaje a los colombianos. En una reunión con alcaldes y gobernadores, aseguró que “aquí no dejaremos de tomar ninguna medida que sea necesaria para proteger la vida y la salud de los colombianos”. Agregó que “esta pandemia demanda lo mejor de nosotros”.
Luego vino una cascada de anuncios por parte de entidades públicas y privadas, así como de Gobiernos departamentales y municipales, sobre las medidas que empiezan a tomar para mitigar el impacto del virus. La Dimayor decidió cancelar el torneo nacional de fútbol. El Ministerio de Justicia canceló por unas semanas las visitas a los sitios de reclusión y las repatriaciones de presos. El gobernador de Cundinamarca suspendió el Estereopícnic y el Jamming de Girardot. Corferias anunció que aplaza la Feria Internacional del Libro, entre otros eventos.
También plantearon directrices para los centros de adultos mayores, una de las poblaciones más críticas, pues la mortalidad del virus en mayores de 80 años alcanza el 14 por ciento. Universidades como Los Andes se sumaron a las medidas drásticas y decidieron que en las próximas tres semanas las clases serán virtuales.
Muchos críticos y políticos, que no desaprovechan la ocasión para reprochar las acciones del Gobierno, aseguraron que mientras el énfasis de las medidas del Distrito están en mitigar los riesgos para contener el virus, las del Gobierno central fueron más de orden económico.
Se referían a disposiciones para darle un mayor flujo de caja a las empresas vía aplazamiento en el cobro de impuestos. Por ejemplo, se aprobó la suspensión del cobro de la contribución parafiscal del turismo, por las ventas generadas en los próximos seis meses. Dicho pago estaba previsto para realizarse en el primer trimestre del año, y ahora podrá hacerse durante el segundo semestre de 2020.
Con información de Semana
