En pleno año electoral y en claro guiño a la base conservadora, la Administración Trump ha publicado este lunes nuevas restricciones al ya complejo sistema de asilo y que, según activistas, prácticamente desmantela el proceso para miles de personas que huyen de la violencia en Centroamérica. Las restricciones, publicadas formalmente en el diario oficial este lunes, estarán sujetas a un período de comentarios públicos durante 30 días, pero activistas de grupos cívicos han dejado entrever que éstas desatarán una nueva batalla en las cortes.
Los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional adelantaron las nuevas medidas unilaterales el miércoles pasado, en medio de la ansiedad que vivía la comunidad inmigrante, que esperaba el dictamen de la Corte Suprema sobre el futuro del programa de “acción diferida” de 2012 (DACA por sus siglas en inglés), el cual se conoció este jueves cuando la máxima instancia judicial bloqueó el intento por finalizar con el beneficio migratorio.
Las restricciones limitarán de forma indefinida la posibilidad de que migrantes que huyen de la persecución en sus países de origen puedan ganar su caso de asilo en Estados Unidos.
La Administración Trump argumenta que las restricciones ayudarán a combatir el fraude y a agilizar el procesamiento de casos de asilo legítimos, tomando en cuenta que los tribunales de Inmigración tienen un rezago de poco más de un millón pendientes. Sin embargo, grupos defensores de los inmigrantes aseguran que las nuevas restricciones son otro ladrillo en el muro para frenar también la inmigración legal.
Las restricciones permitirán que la Administración niegue el asilo a personas que no estén al día con su pago de impuestos; redefina la “persecución” a situaciones de daño “extremo” y redefina la afiliación a grupos sociales particulares, de tal manera que se excluya, por ejemplo, a quienes huyen de la violencia de las pandillas, el terrorismo o regímenes autoritarios.
Además, deniega el asilo a personas que, en su tránsito hacia EEUU, pasaron primero por un tercer país y no buscaron asilo allí, con la novedad de que amplía esa restricción a personas de cualquier país, no sólo de América Latina.
También restringe la posibilidad de solicitar asilo con base a género: es decir, las mujeres que huyen de la violencia doméstica, o de la esclavitud sexual a manos de grupos extremistas, no podrían pedir asilo en este país.
El reglamento, explicado a lo largo de 161 páginas, también cambia los procedimientos en vigor, dando a los jueces más autoridad para denegar casos de asilo sin siquiera realizar una audiencia, si consideran que el solicitante no ha presentado pruebas contundentes. Esa parte del reglamento perjudicaría especialmente a quienes no tienen acceso a un abogado.
Las nuevas restricciones se producen encima de las limitaciones que impuso la Administración Trump a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, valiéndose de la pandemia del COVID-19. La Administración ha aprovechado una cláusula de una ley federal que le permite prohibir la entrada a extranjeros si existe “un peligro grave de que puedan introducir… una enfermedad a Estados Unidos”.
El martes pasado, el juez federal de la Corte de Circuito de D.C, Emmet Sullivan, bloqueó temporalmente la deportación de un joven hondureño de 16 años, en el marco de una demanda que impugna la expulsión de menores no acompañados sin el debido proceso, según indicó la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por su sigla en inglés).
El joven, cuya identidad no ha sido divulgada por tratarse de un menor de edad, había entrado ilegalmente al país y las autoridades tenían previsto deportarlo el miércoles pasado, pero la ACLU interpuso una demanda para frenar ese trámite.
Desmantela proceso de asilo
Así las cosas, expertos y activistas consultados por El Tiempo Latino coincidieron en que, para efectos prácticos, una vez que la Administración adopte los nuevos obstáculos, estaría desmantelando el sistema de asilo en el país, un proceso que comenzó de forma metódica en 2017.
Juan Navarrete, activista de CASA de Maryland, afirmó que el reglamento tendrá un impacto muy grande en la comunidad hispana porque “en realidad consolida y aumenta en un solo paquete” las restricciones en los trámites de asilo.
La meta, según precisó, “es eliminar la institución del asilo, hacerlo todo tan difícil que muy poca gente puede acceder, y eso viola los tratados internacionales sobre derechos humanos a los que pertenece EEUU.
Antes se podía pedir asilo por persecución con base a raza, religión, política, nacionalidad y la pertenencia a ciertos grupos, tal como lo definían las cortes… con esta regulación, se redefine quién es parte de esos grupos (vulnerables), y se va a excluir a víctimas de violencia doméstica”, explicó Navarrete.
“Durante tres años, la Administración Trump ha iniciado el desmantelamiento metódico y despiadado de las leyes de asilo y refugio en EEUU. Ya sea privando a las mujeres del derecho a un refugio seguro contra la violencia doméstica, y a los migrantes que huyen de la horrible violencia de las pandillas, o negando el derecho básico al asilo, la Administración Trump prácticamente ha destruido las protecciones de asilo de EEUU”, dijo, por su parte, David Leopold, un abogado de Inmigración en Ohio.
“Dicho de forma sencilla, este reglamento contra el asilo es un ataque a los valores fundamentales estadounidenses”, argumentó Leopold.
Según Greg Chen, de la Asociación de Abogados de Inmigración Estadounidenses (AILA, por su sigla en inglés), las restricciones afectarán el debido proceso de muchas formas, y sobre todo permitirán que las autoridades agilicen la deportación de solicitantes de asilo, privándolos de su derecho a defender sus casos ante un juez.
Las restricciones también han generado el rechazo general de grupos religiosos, incluyendo líderes evangélicos que son clave para los esfuerzos de reelección de Trump, por considerar que el derecho al asilo -permitido bajo las leyes de EEUU y el derecho internacional- es, por ahora, “una promesa vacía”.
Galen Carey, vicepresidente para relaciones gubernamentales de la Asociación Nacional de Evangélicos, afirmó que, con el pretexto de la pandemia del COVID-19, la Administración Trump prácticamente “está desmembrando a la Estatua de la Libertad”, haciendo caso omiso a “décadas de precedentes humanitarios y de derechos civiles”.
“En unos momentos en que el mundo vigila de cerca nuestra respuesta a violaciones de los derechos humanos dentro del país, no debemos abandonar a quienes sufren abusos similares” en otras partes del mundo, dijo Carey.
Por su parte, Gabriel Salguero, presidente de la Coalición Evangélica Latina, dijo que las nuevas restricciones al asilo vienen a agravar el duelo colectivo que vive el país por la brutalidad policial contra afroamericanos, la pérdida de vidas por la pandemia del COVID-19, y la pérdida de empleos y seguridad económica que ésta ha acarreado.
“Nuestro lamento se agrava por los cambios políticos que impactan a los solicitantes de asilo y a los niños migrantes no acompañados. Una pandemia global no debe servir de pretexto para exponer a los niños y familias al peligro de la violencia y la persecución”, advirtió Salguero.
