A pesar de que la pandemia del COVID-19 se instaló con fuerza en territorio latinoamericano, su impacto en cada nación no ha sido igual. Una de las variantes que influye es la respuesta de autoridades y cómo la sociedad ha tenido que adaptarse a una nueva normalidad que, al menos por el momento, invita a cada habitante a cuidarse y así evitar que la expansión del brote sea cada vez más amplio.
Chile y Argentina figuran en la lista de países en donde la incidencia del coronavirus ha tenido resultados alarmantes; no obstante, mientras el primero se acerca a fases de flexibilización, el segundo acusa el golpe del rebrote causado por el levantamiento de las medidas en la región capital.
Aunque la diferencia en la densidad de población entre uno y otro es destacada (Chile: 18.7 millones de habitantes – Argentina: 44.4 millones) los casos asoman patrones desiguales: la nación austral muestra más del triple de afectados en comparación de su vecina del sur, (321 mil 205 positivos por 106 mil 910). Pero pese a la distancia en la estadística, en Chile presumen de un alto porcentaje de recuperados, con 292 mil 085 pacientes que superaron el virus. En cambio, Argentina solo ha visto a 47 mil 298 personas vencer la pandemia.
El pasado martes 7 de julio, los chilenos sintieron la esperanza de un futuro levantamiento de medidas de protección. Esa fecha, el ministro de Salud, Enrique París, anunció que las autoridades preparan “un plan para comenzar muy gradualmente, poco a poco, paso a paso, una futura estrategia de desconfinamiento”.
Con el arribo del brote, el país austral se posicionó rápidamente entre los países con más casos en el planeta, ocupando para la fecha el sexto puesto en todo el mundo de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins. Pero Chile aparece como una de las cuatro naciones latinoamericanas que ha aplicado al menos un millón de pruebas a sus habitantes para detectar el virus, con un millón 300 mil, según datos del gobierno. Brasil, Perú y Venezuela completan la corta lista.
Para el 14 de julio, la tasa por cada millón de habitantes era de 56 mil 086.
“No se tomará ninguna medida que ponga en peligro o que arriesgue las buenas noticias y los buenos números registrados últimamente”, afirmó el ministro París, quien agregó aquel martes que Chile transitaba a través de una tendencia de más de 20 días con resultados positivos. La dinámica ha sido usada por numerosas ciudades y países; no obstante, el miedo a un repunte de casos está latente.
Cifras dudosas
Pero las noticias positivas en el país podrían sostenerse bajo una base frágil. El lunes 13 de julio, la Contraloría de Chile anunció que las autoridades habían presentado errores en el manejo de las cifras vinculadas a la pandemia del COVID-19, por lo que fue abierto un proceso de investigación.
El contraste en los casos apunta al 9 de junio, cuando el Estado no reflejó al menos 35 mil positivos dentro del total para la fecha, por lo que “hemos instruido un proceso sumarial para definir las responsabilidades de quien corresponda en estas inconsistencias arrojadas”.
La situación volvió a poner bajo presión al gobierno del presidente Sebastián Piñera, objetivo de sus adversarios políticos desde el año pasado, cuando una serie de reformas desataron protestas en todo el país y que vieron como respuestas la aprobación de un plebiscito constitucional que estaba previsto a celebrarse el pasado 25 de abril, pero que fue postergado para el 25 de octubre debido al coronavirus.
A Piñera se le acusa de haber actuado tarde frente a la pandemia para proteger a las empresas; sin embargo, a juicio de Dionytt Madera, economista, ese “es un comentario generalizado de la gente que se opone a Piñera en cuanto a su posición como empresario en el país”.
La prisa del Estado
Con un aumento veloz de los casos, en Chile la prioridad fue equipar de la mejor manera posible sus centros de salud. Hasta el 15 de julio, el país tenía una ocupación de 2 mil 382 pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos de los hospitales y clínicas previstas para atender la crisis, una lucha en la que buscan mantener a flote el sistema para ganarle a un posible colapso.
El Estado informó con el avance del coronavirus que cuenta con más de dos mil 800 camas para atender a quienes se encuentren en una situación crítica, la mayoría ocupadas en la capital, Santiago de Chile (90%).
Mientras esto ocurre, desde el ministerio de Salud celebraron que en las últimas dos semanas la tasa de casos positivos bajó hasta en un 37%; sin embargo, el camino a la “normalidad” se vive a paso lento por cuidado más que por inacción.
Pero el inicio de la respuesta fue lo suficientemente defectuosa como para poner contra la pared el cargo del exministro de Salud.
Madera aseguró a El Tiempo Latino que “en la práctica ves qué tantas fueron las fallas que hubo en la primera etapa de contagio en Chile, que el antiguo ministro de Salud (Jaime Mañalich) renunció porque no tomó medidas acertadas”.
Ayuda los habitantes
Mientras los especialistas en salud del país señalan que el pico ya pasó y resta atender el descenso en la curva de contagios con responsabilidad para evitar un posible rebrote, para el presidente Piñera una de sus prioridades ha sido la atención de sectores afectados desde el punto de vista económico.
Uno de los golpes más fuertes del COVID-19 en el mundo ha estado vinculado al aspecto financiero, con un alza en la tasa de desempleo de los países.
El 14 de julio, el mandatario anunció el fortalecimiento del plan de apoyo a la clase media chilena, la cual incluye un bono de $630. En Chile, la clase media conforma casi la mitad del país, según datos de la agencia de noticias AFP.
Para Madera esta es solo una solución a corto plazo dentro de un problema mayor, pues “la vida en Chile es costosa y muchas de esas medidas tienen letras pequeñas que dejan fuera a montones de los potenciales beneficiarios”.
El paso atrás de Argentina
Ganarle la carrera al tiempo y retomar viejas y buenas sensaciones fue el norte de las autoridades argentinas, quienes el 6 de julio volvieron a hacer de la cuarentena una norma obligatoria en la región capital tras golpearse con el muro del repunte de casos, en un fracaso del gobierno de Alberto Fernández por reactivar actividades en el país y dar vida gradualmente al aparato económico de la nación.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires, cifras oficiales señalan que la tasa de duplicación de casos es de 43.8 días, un número alarmante que llevó a los encargados a dar un paso atrás y hacer del aislamiento preventivo la carta a jugar para poner freno al brote.
“Es muy difícil tomar decisiones ante tanta incertidumbre”, dijo a este medio Paola Bustamante, kinesióloga y residente del Hospital de Clínicas José de San Martín, ubicado en la capital, donde se encuentra en el área de rehabilitación de pacientes con COVID-19. “Creo que se han tomado medidas con la mejor de las intenciones y no sé si han funcionado como el gobierno ha querido”.
Aunque desde el gobierno reforzaron los hospitales y clínicas, el aumento gradual genera más preguntas que respuestas sobre la atención y cuándo podría llegar al tope el número de camas para cuidados intensivos, especialmente en Buenos Aires, principal foco del coronavirus en el país.
“La experiencia es muy estresante para todo el personal de salud, no solamente por el aumento de trabajo, sino por la posibilidad continua de contagios entre nosotros”, dijo la experta, quien detalló que en el centro de salud donde labora la mitad de los residentes han dado positivo por COVID-19.
Bajas pruebas
El hecho de que Argentina no sea uno de los primeros países de Latinoamérica con más casos encuentra respuesta en el número de pruebas aplicadas en todo el territorio. De acuerdo con el reporte oficial del 15 de julio, el territorio contaba con 495 mil 065 test realizados, lo que se traduce en una tasa de 10 mil 910 muestras por millón de habitantes.
En cuanto a los centros de salud, Bustamante indicó que “se obtuvieron recursos para habilitar más camas y entrenar a más personal”. La experta advirtió que todo tiene un límite y “hasta que no llegue el pico no sabremos si vamos a estar bien o si quedamos cortos”.
“El punto más débil de todo esto es el recurso humano que no se puede formar de un día para otro”, añadió la experta. “Muchos de los lugares abrieron sin tanto personal nuevo y eso terminó generando más demanda en los que ya están”.
Sobre este punto, Bustamente reclamó que en su área fueron contratadas personas que “no están formadas como deberían para este tipo de situaciones”.
El reto de la sociedad
Para los argentinos, el próximo paso será guardar la ansiedad que ha atacado a todo el planeta y respetar las normas impuestas nuevamente por el gobierno de Fernández en su misión de poner freno al coronavirus en el país.
Aunque la flexibilización en ciertas áreas del país resultó un fracaso, el pasado queda como experiencia no solo para el Ejecutivo, sino también para los habitantes que vieron de cerca los estragos y el desgaste del virus.
“La sociedad ha tenido una buena respuestas de acatamiento a las medidas en un principio. Ahora llevamos cuatro meses y uno ve cierta flexibilización porque la gente no tolera el encierro, principalmente por cuestiones económicas”, detalló Bustamante. “Uno lo puede comprender. Yo tengo mi trabajo y cobro, pero hay mucha gente con necesidad económica que rompe la cuarentena para trabajar”.
Ese factor económico resulta la diferencia en cómo se pueden acatar las normas después de tanto tiempo en países con mayores y mejores recursos para afrontar una crisis inesperada como esta; no obstante, en una región con fuerte daño en materia financiera y episodios de su historia vinculados a problemas en este aspecto, el respeto a las medidas encontró en la necesidad de millones de personas un enorme obstáculo.