Por Abel López Abreu | @Zakont

Especial para El Tiempo Latino

A mediados de marzo países europeos y americanos comenzaron a emitir órdenes de quedarse en casa, el cierre de la economía y hasta confinamientos forzosos para afrontar la pandemia de COVID-19, cuyos casos y muertes aumentaban rápidamente. En Nicaragua no fue así. El gobierno desestimó la alerta mundial, organizó festivales y promovió la aglomeración de personas en eventos públicos.

El régimen nicaragüense, con Daniel Ortega como mandatario, rechaza aplicar una cuarentena u otro mecanismo de confinamiento. Además, ha mantenido una política de fronteras abiertas. Carlos Ponce, director para Latinoamérica de Victims of Communism Memorial Foundation, explicó que la crisis del coronavirus se ha abordado en el país centroamericano sin tomar las medidas ni recomendaciones de organismos internacionales.

En una entrevista exclusiva con El Tiempo Latino, Ponce denunció que en Nicaragua, a su juicio, hay una dictadura que oculta información respecto al número de casos positivos de COVID-19; y los pacientes con el virus son diagnosticados con neumonía y enviados a morir en casa.



Infografía: El Tiempo Latino

“Hay denuncias de entierros exprés, en la noche y sin presencia de familiares o periodistas”, aseguró Ponce. Además, en paralelo a la emergencia sanitaria, se mantienen las violaciones a los derechos humanos, se persigue a la disidencia y los grupos de choque oficialistas siguen reprimiendo.

En Nicaragua, un país de 6,4 millones de habitantes, según las cifras oficiales la tasa de mortalidad por COVID-19 es de 3%. El primer caso de coronavirus fue detectado el 18 de marzo y desde entonces los números vinculados a la pandemia han sido escasos. Los reportes son emitidos semanalmente por el Ministerio de Salud, cuando en todo el mundo los datos son actualizados a diario.

Cifras en contraste

De acuerdo con el Ministerio de Salud, Nicaragua ha registrado 108 muertes por COVID-19 y 3 mil 439 contagios, según el más reciente balance difundido el martes 21 de julio. El gobierno maneja una cifra de 2 mil 492 pacientes recuperados.

La ministra de Salud de Nicaragua, Martha Reyes, dijo que hubo otras muertes de personas en seguimiento con diagnósticos de tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo al miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas; sin embargo, no precisó cuántos casos fueron ni si estaban contagiados con coronavirus, reseñó Efe.

En una semana, el gobierno contabilizó un aumento de 9,1% en las muertes por COVID-19 y de 9,3% en los casos confirmados. Las cifras oficiales contrastan con las suministradas por el Observatorio Ciudadano COVID-19, que reporta un total de 2 mil 397 muertes de pacientes con síntomas de coronavirus y 8 mil 508 posibles casos.



CARAVANA. Simpatizantes del gobierno conmemoración la revolución popular Sandinista el
domingo 19 de julio, en Managua. | Crédito: Efe/Jorge Torres.

Los datos de esta organización independiente conformada por médicos y voluntarios, fueron difundidos en su balance del 15 de julio. Trascendió que solo en el sector sanitario contabilizan 40 médicos, 22 enfermeras y 14 empleados administrativos fallecidos por COVID-19. Otros 724 trabajadores en la primera línea de respuesta han presentado síntomas de la enfermedad.

El Observatorio denuncia que las alcaldías son las primeras responsables de la organización de eventos que promueven la aglomeración de personas, lo cual consideran el primer factor clave de riesgo entre la población.

Crisis oculta

Carlos Ponce afirmó que las cifras oficiales carecen de sentido. Sostuvo que hay una crisis de coronavirus desconocida que tanto Ortega como Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta, intentan mantener oculta. Alertó que la mayoría de los nicaragüenses que cruzan las fronteras son diagnosticados con COVID-19.

Reportó una baja inversión en el sistema de salud, el cual había colapsado incluso antes de la llegada de la pandemia, según declaró. También recordó que después de las protestas de 2018 la economía no se ha recuperado totalmente.

El 2 de julio, en una actualización oral, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, subrayó la poca transparencia y falta de claridad a propósito de las cifras oficiales en Nicaragua. Advirtió que las pautas para atender la pandemia no se ajustan a las directrices de la Organización Mundial de la Salud y dio un balance de 16 médicos despedidos ilegalmente por cuestionar la respuesta estatal a la emergencia sanitaria.



CRISIS. Las apariciones de Daniel Ortega en público se hacen cada vez más esporádicas. | Crédito: Efe/Jorge Torres

Posteriormente, el martes 21 de julio, el director de emergencias de salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Ciro Ugarte, informó que han ofrecido apoyo a Nicaragua sin obtener respuesta del gobierno.

“Hemos ofrecido enviar expertos al país para apoyarlos en la pandemia, pero aún no recibimos respuesta”, dijo Ugarte. Además, expertos de la OPS señalaron que es difícil evaluar la situación de la nación porque todavía no ha compartido los datos requeridos en el Reglamento Sanitario Internacional.

Ponce también explicó que el riesgo de la pandemia en Nicaragua es interno, pero al mismo tiempo externo, pues amenaza a los países vecinos. Aunque otras naciones centroamericanas tomen medidas, el foco de Nicaragua podría permanecer y afectarlos.

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Costa Rica, fronteriza con Nicaragua, fue elogiado internacionalmente por su abordaje de la pandemia, con una tasa de mortalidad de apenas 0,5%, un total de 12 mil 361 casos y 71 fallecidos. Sin embargo, mantiene una alerta de riesgo con su país vecino.

Por otra parte está Honduras, que maneja un total 36 mil 102 casos de coronavirus y 1 mil 006 muertes. La tasa de mortalidad es de 2,7%, más parecida a la de Nicaragua, de acuerdo con las cifras disponibles al cierre de esta edición.

Nuevas restricciones

El martes 14 de julio, por primera vez, el gobierno de Ortega aprobó medidas para el ingreso de viajeros, tanto nacionales como extranjeros, que tengan como destino Nicaragua. Las personas deberán tener una prueba reciente de COVID-19 con resultado negativo y no presentar síntomas de la enfermedad.

El Ministerio de Salud estableció que los ciudadanos nicaragüenses con síntomas serán enviados a “resguardo familiar”, mientras que a los extranjeros se les rechazará la entrada. Las aerolíneas deberán consignar un certificado de fumigación e informar detalladamente quiénes son los pasajeros con copia de los pasaportes que ingresan y salen del país.

Al menos 1 mil 500 nicaragüenses quedaron varados hasta inicios de julio en países de la región porque el gobierno de Ortega les impidió volver, aun cuando estaban sanos. Aunque se comenzó a permitir la repatriación de los ciudadanos, no todos han podido retornar.

Perspectiva

El experto consultado por El Tiempo Latino, Carlos Ponce, cree que la situación va empeorar en Nicaragua. Daniel Ortega lleva 13 años ininterrumpidos en la Presidencia y le quedan 2 años de mandato, hasta 2022. No se prevé un cambio político a corto plazo.

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“El movimiento social que en un momento se alzó para defender sus derechos y tratar de generar un cambio en Nicaragua lo apaciguaron con politiquería y negociación por detrás de bastidores. Lo que dejó al régimen fortalecido en cierta medida”, dijo Ponce.

Explicó que el país centroamericano se dirige a un proceso comicial controlado por Ortega, quien además ha modificado el sistema electoral a su favor, cambió el Poder Judicial, posicionó a jueces leales a él y controla el Congreso.

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