“Voy a estar, en las próximas semanas, firmando un proyecto de ley de inmigración del que muchas personas no saben”. El pasado 10 de julio, el presidente Donald Trump dijo esas palabras en exclusiva a la cadena Telemundo. Su anuncio iba acompañado de un detalle: el mismo sería distinto al formato habitual y en su lugar, inmigración desarrollaría sus labores bajo un sistema de méritos.
Pero el fondo de la promesa encontró irregularidades que dejan abiertas más preguntas que respuestas en el panorama. Aunque se refirió a este como un proyecto de ley de inmigración, en la entrevista comunicó que se trataría de una orden ejecutiva, lo que no implicaría la intervención del Congreso.
Pese a sus palabras, para la fecha no ha salido a la luz ninguna otra información por parte del mandatario, quien se prepara para aspirar a la reelección presidencial el próximo 3 de noviembre, cuando compita con el demócrata Joe Biden en una pugna que lo tiene en desventaja de acuerdo con las encuestas. La política migratoria, una de sus banderas y punto de numerosas polémicas, también ha sido apartada del debate nacional frente a las protestas antirracistas.
Cuando la atención de los estadounidenses está puesta sobre la pandemia del COVID-19, los comicios presidenciales y las acciones que han puesto sobre la mesa nuevamente el tema del racismo en el país, la posibilidad de una reforma migratoria por méritos queda pendiente de parte del jefe de Estado.
El propio Trump señaló en julio que los más beneficiados por su proyecto serían los dreamers, amparados bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, un sistema que nació en el año 2012 bajo la administración del expresidente Barack Obama y que hoy en día arropa a más de 650 mil personas.
Sin embargo, para los expertos este anuncio no es del todo confiable.
Xavier Racine, abogado especialista en el área migratoria y miembro fundador de la firma Priale & Racine, aseguró a El Tiempo Latino que, aunque la decisión del mandatario podría materializarse, las dudas respecto al tema no son pocas.
“(La reforma) es posible a través de una orden ejecutiva, pero la mayoría de los abogados de inmigración sospechamos de eso, porque cada cosa que ha hecho hasta ahora ha sido para dar más restricciones”, indicó el especialista.
Los antecedentes
Con el triunfo de Trump en las elecciones presidenciales del año 2016, propios y extraños apuntaron a la política migratoria como la bandera de su administración. Las consideraciones tenían fundamento en la aún latente promesa de construir un muro en la frontera con México y así poner freno al acelerado ritmo de migrantes provenientes desde Centroamérica.
Esa lucha no solo involucró a los países de la región cuyos habitantes, con pocas posibilidades de crecimiento, se arriesgan para intentar tener mejores condiciones en Norteamérica; la pugna puso en el camino del republicano a la Cámara Baja del Congreso, de mayoría demócrata, instancia que ha rechazado un sinfín de maniobras del presidente para poner límites al ingreso de migrantes.
Con $1 mil 400 millones aprobados para la construcción del muro, los resultados no están cerca de lo que alguna vez prometió el empresario.
Otro aspecto que llevó su nombre a ser objeto de críticas fue la política “Tolerancia Cero”, bajo la cual el Estado tenía la potestad de separar a los hijos menores de edad de sus padres al momento de cruzar ilegalmente la frontera. El resultado: 3 mil 014 menores en manos de Estados Unidos, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
“Guerra contra los inmigrantes”
Bajo esquemas polémicos y en los cuales las medidas apuntan a limitar el ingreso de inmigrantes, el anuncio de una reforma por méritos llamó la atención, pues, según los especialistas, las palabras del presidente de Estados Unidos iban en dirección contraria a su manera de ejecutar.
Para Racine, la política migratoria del republicano desde su arribo a la Casa Blanca “ha sido una guerra contra los inmigrantes. No solamente lo más obvio, como la campaña contra quienes piden asilo en la frontera, también están las restricciones respecto a los procesos en cortes de inmigración, las limitaciones de visas profesionales”.
En el caso de Helena Olea, abogada y directora asociada de programas de Alianza Américas, organización que apunta a la mejora de las condiciones de vida de las comunidades migrantes en Estados Unidos, lo demostrado hasta el momento por el jefe de Estado es una dinámica que forma parte de “una política contraria a la migración regular e irregular y él ha puesto en ejecución todas las herramientas disponibles para frenar el ingreso de refugiados y detener la entrada de solicitantes de asilo”.
En caso de trascender, esta acción alteraría el curso de lo visto históricamente en territorio norteamericano, agregó Olea a El Tiempo Latino, pues “este país ha estado creado bajo la idea de permitir la migración por reunificación familiar como un pilar importante de la política migratoria, de manera que frenar esas cuotas de migrantes tendría un impacto devastador para muchas personas”.
Racine, por su parte, recordó que el pasado mes de junio el presidente firmó una orden ejecutiva que supuso más restricciones a la comunidad inmigrante, incluso la profesional, a través de un decreto que puso freno a las visas temporales de trabajo.
Bajo esta norma, profesionales en el área de la tecnología, sector agrícola y área hotelera, entre otros, vieron mermadas sus opciones de renovar su documentación al menos hasta finales de este año.
Desde la Casa Blanca, la respuesta fue que la prioridad al momento de dar empleos eran los ciudadanos americanos, situación que se agravó frente al impacto del coronavirus en el país, llevando los índices de desempleo por encima del 14%.
¿Cómo definir los méritos?
Si Trump logra aplicar la reforma, el punto que desarrollaría el siguiente debate sería cómo definir los méritos para dar entrada a los inmigrantes que aspiren a hacer vida en territorio estadounidenses.
“La migración por méritos es interesante”, aclaró Olea. “Sin embargo, vale la pena cuestionar qué es el mérito, si es una visión más conservadora, entendiendo que se limita a títulos académicos y experiencia profesional, o si, por el contrario, se reconoce el mérito en muchas actividades. Si reconfiguramos el concepto de méritos en todas las actividades, incluyendo en esta odiosa clasificación entre el trabajo calificado y no calificado, puede ser una discusión interesante y positiva”.
Durante su anuncio en Telemundo, Trump señaló que en aproximadamente cuatro semanas firmaría la orden. Para la fecha, nada respecto al tema ha sucedido.
La críticas a Obama
Pese a no quedar clara la vía por la cual se intentará aprobar la reforma migratoria por méritos, mostrar como una opción la orden ejecutiva hace recordar los episodios de rechazo por parte de Trump sobre la administración de Obama.
Racine sostuvo que en el gobierno del demócrata, “cada vez que se mencionaba una orden ejecutiva, Trump comentaba que eso era una violación a la ley y que trataba de no pasar por el Congreso. Ahora, con la administración de Trump vemos un montón de cambios de políticas y regulaciones que tiene un mayor impacto en la ley de inmigración y no han pasado por el Congreso. Inclusive vemos muchos juicios en la corte federal, no solo respecto a órdenes ejecutivas, también a personas que tienen altos rangos en el Departamento de Seguridad Nacional, quienes recibieron estos puestos en contra de lo que precisa la ley respecto al rol que tiene el Congreso en poner a esta gente en dichos cargos”.
Pero el experto fue más allá y aseguró que “a Trump no le interesa mucho trabajar con el Congreso”.
De acuerdo con Olea “lo que él propone implica una iniciativa legislativa que tiene que pasar por el Congreso. Creo que en este momento de este gobierno, eso no va a ser así. Después de las elecciones, cuando tengamos más claro cómo será la composición de la Cámara y el Senado, tendremos un panorama más claro en términos de cuál iniciativa podría tener éxito y cuál no”.
En tiempos de pandemia
Una vez culmine el mandato de Trump, sea por una derrota en las elecciones de noviembre o luego de cumplir con un segundo ciclo, algunos números saldrán a la luz para definir cómo actuó en determinadas áreas mientras estuvo al frente de la Casa Blanca.
Uno de esos datos será el de las deportaciones aplicadas.
Entre 2017 y 2019, según estadísticas de un informe al que tuvo acceso en noviembre del año pasado The Washington Post, 666 mil 106 personas fueron deportadas a sus países de origen, número que este año se incrementó, aunque no en mayor medida, por la incidencia del COVID-19.
Este año, el Post reveló que solo durante la crisis por el virus el gobierno de Estados Unidos deportó a alrededor de 10 mil inmigrantes, una acción vista con mucho rechazo por parte de expertos.
“Tenemos ejemplos de personas que se han contagiado tanto en la detención como en los traslados, así que es un gran foco de contagio”, dijo Olea. “Las deportaciones en tiempos de pandemia son una violación a los derechos de las personas”.
Pero mantenerlos en centros de detención tampoco luce como una solución lógica, especialmente por una de las principales medidas dictadas por autoridades de la salud, que señala que el distanciamiento social es clave para mantener a raya el brote, hecho que en sitios de este tipo no se cumple.
Por ejemplo, en Farmville, Virginia, el centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas vio cómo alrededor del 80% de sus 300 reclusos dieron positivo por la pandemia, según informó la cadena ABC.
“Si la alternativa a la no deportación es que permanezcan privados de la libertad, donde también están en riesgo de ser contagiados, no parece ser una opción correcta”, concluyó Olea.
