Los diputados achacan que el Ejecutivo busca “presionar” a los legisladores por un lado para que aprueben más deuda al Gobierno para la pandemia; y por el otro, como una especie de “revancha política” en contra de los magistrados de la Sala de lo Constitucional por las recientes sentencias en que le prohíbe al Gobierno impedir el ingreso de salvadoreños al país sino presentan prueba PCR negativa a COVID-19.
“Dejen de estar presionando y chantajeando y paguen como corresponde”, externó la jefa de fracción del FMLN, Nidia Díaz.
Según dijo, el Gobierno está reteniendo los fondos tal como lo denunciaron desde anoche los sindicatos de la Asamblea y de la Corte Suprema de Justicia para expresar “presión” para que las autoridades de cada Órgano de Estado se plieguen y se adapten a todas las peticiones que el Presidente de la República, Nayib Bukele y el Ejecutivo quieren, lo cual no es correcto porque se pone en riesgo la estabilidad económica de los trabajadores, añadió Díaz.
“Son medidas de presión para que autoricemos lo que ellos quieren acá en la Asamblea y de la forma como lo quieren, y cuando la Sala les dice que lo están haciendo mal, como es el caso de las personas que los quieren obligar para que les hagan las pruebas”, señaló Díaz.
El diputado Rodolfo Parker, del PDC, fue más allá y valoró que el incumplimiento al pago de salarios de la Asamblea y de la CSJ es un delito.
“Están cometiendo delito el ministro de Hacienda, el Director de Tesorería y el delito se llama incumplimiento de deberes, la Ley AFI establece los mecanismos, procedimientos y la obligatoriedad de hacer transferencias oportunas a las tesorerías para hacer los pagos”, afirmó Parker.
Señaló que no es por falta de dinero que el Gobierno no pague los salarios como corresponde, porque según el expresidente del Banco Central de Reserva (BCR) que fue despedido por Bukele, el gobierno ha tenido ingresos por más de $3,000 millones tanto en recursos extraordinarios como en ordinarios.
Sumado a eso la colocación de Cetes que realizaron la semana pasada por $645 millones.
“Recursos este gobierno ha tenido más que cualquier otra administración en la historia, el expresidente del BCR certificó que solo de recursos extraordinarios esta administración ha recibido más de $2,130 millones y de recursos ordinarios es una cantidad parecida, es decir, más de $3,000 millones. Nunca una administración presidencial había administrado tanto dinero”, acotó Parker.
Por su parte, el diputado del PCN, Reynaldo Cardoza, lamentó que el pago no se haya efectuado porque se violenta el derecho de los trabajadores de la Asamblea y de la Corte Suprema de Justicia.
“Aún no han cancelado ni han notificado que, si se cancelará a los empleados de la Asamblea, de igual forma están los alcaldes, no sabemos por qué si en realidad es falta de fondos, si en realidad estamos tan jodidos como lo quieren hacer ver. No se puede meter una presión de esa forma”, argumentó Cardoza.
Con información de El Salvador
