La mayoría de la Corte Suprema pareció estar lista el martes para defender la mayor parte de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (conocida como Obamacare) frente a un desafío de los estados liderados por los republicanos y la administración Trump.
Dos miembros clave de la corte, el presidente del Tribunal Supremo John G. Roberts Jr. y el juez Brett M. Kavanaugh, dijeron que la decisión del Congreso en 2017 de poner a cero la multa por no comprar un seguro médico no indicaba un deseo de acabar con toda la ley.
“Tiendo a estar de acuerdo con usted en que este es un caso muy sencillo de divisibilidad según nuestros precedentes, lo que significa que eliminaríamos el mandato y dejaríamos el resto de la ley en su lugar”, dijo Kavanaugh a un abogado que defiende la ley.
Roberts, quien escribió la decisión de la Corte Suprema de 2012 que confirma la constitucionalidad de la ley, sugirió nuevamente que los jueces no deberían hacer algo que el Congreso mismo no ha hecho: derogar la ley.
“Creo que es difícil para usted argumentar que el Congreso tenía la intención de que toda la ley cayera si el mandato fuera anulado cuando el mismo Congreso que redujo la pena a cero ni siquiera trató de derogar el resto de la ley”, dijo Roberts a Kyle D Hawkins, el procurador general de Texas que lidera el esfuerzo del estado.
“Creo, francamente, que querían que la corte hiciera eso. Pero ese no es nuestro trabajo”, siguió.
Los tres magistrados liberales del tribunal estaban nuevamente dispuestos a defender la ley, lo que indicaría una mayoría. Y no estaba claro si otros jueces conservadores pensaban que los estados objetantes y la administración Trump habían presentado su caso.
El abogado de Washington Donald B. Verrilli Jr., quien como procurador general del presidente Barack Obama había defendido la ley conocida como Obamacare en la Corte Suprema anteriormente, argumentó esta vez en nombre de la Cámara de Representantes.
Dijo a los jueces que intervenir para anular la ley causaría trastornos en el mercado de la atención médica y una pérdida de cobertura para más de 20 millones de estadounidenses en medio de una pandemia.
“Asumir que el Congreso puso todo eso en riesgo cuando enmendó la ley en 2017 es atribuirle al Congreso una imprudencia que carece de fundamento y realidad y es jurisprudencialmente inapropiada”, dijo Verrilli.
“En vista de todo lo ocurrido en la última década, el litigio ante este tribunal, las batallas en el Congreso, los profundos cambios en nuestro sistema de salud, solo una razón extraordinariamente imperiosa podría justificar la invalidación judicial de esta ley en esta fecha tan tardía, ” él dijo.
El caso del martes planteó tres preguntas: ¿Los impugnadores, dos personas y 18 estados liderados por Texas, tienen capacidad legal para presentar el caso? ¿Los cambios realizados por el Congreso en 2017 hicieron inconstitucional el requisito de la ACA para que las personas compren un seguro? Y si es así, ¿se puede separar el resto de la ley o debe caer en su totalidad?
Texto tomado y traducido de The Washington Post
